La Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones a partir del caso Imelsa

Los agentes de la Guardia Civil que investigan el caso Imelsa no descartan que de las averiguaciones hechas hasta ahora y de los nuevos datos que están aportando las personas que están siendo llamadas a declarar puedan realizarse nuevas actuaciones o nuevas detenciones.

Según han explicado a EFE fuentes del caso, las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han ido más allá de las confesiones del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, que desde el pasado mayo colabora con los agentes en el esclarecimiento de una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas.

Las mismas fuentes advierten de las dificultades que entraña, tanto para la investigación en sí como para la posterior instrucción, la existencia de personas aforadas en el entorno del grupo de investigados, que obliga a acotar y detallar al máximo las posibles responsabilidades de cara a una hipotética inhibición del juzgado instructor a una instancia superior en relación con una parte de la causa.

El caso Imelsa tiene su origen en unas grabaciones que Esquerra Unida aportó a la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2014, que derivaron en una posterior querella del Ministerio Público en marzo de 2015, pero la descripción del relato de hechos supuestamente delictivos se ha acelerado con la colaboración de Benavent.

La información facilitada por este “arrepentido”, una figura legal ajena al ordenamiento jurídico español, han permitido avanzar notablemente en la investigación de la supuesta trama de “mordidas” que operaba desde la Diputación de Valencia.

Los agentes manejan información que vincula el “modus operandi” de la supuesta red corrupta con base en la Diputación con varias operaciones efectuadas desde el Ayuntamiento de Valencia.

En concreto, son las conversaciones entre la exconcejal de Cultura de Valencia (y esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos), María José Alcón y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent las que permiten establecer una conexión, al parecer delictiva, entre la citada empresa pública dependiente de la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia.

La Guardia Civil dispone de información relativa al supuesto amaño de contratos suscritos tanto por la Diputación como desde el Ayuntamiento que Benavent habría reconocido, pero han sido las pesquisas dirigidas a investigar el flujo económico las que han permitido detectar un presunto caso de blanqueo y la posible financiación ilegal del PP de Valencia al menos en la última campaña.

La certeza y constatación de los datos de los que dispone la UCO en ambos supuestos delictivos ha permitido a los agentes actuar de forma rápida y coordinada con el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia para que los investigados (imputados en la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal) sean derivados directamente al juzgado tras prestar declaración en la Comandancia.

Este modo de operar, han explicado las mismas fuentes, es el mismo que suele seguir la Guardia Civil en la Audiencia Nacional y permite acelerar la instrucción.

Otra de las preocupaciones de los investigadores está relacionada con las posibles presiones a las que pueden ser sometidos los testigos, un hecho que se “intuye” -han indicado las mismas fuentes- pero sobre el que no hay constancia.

Según ha explicado a EFE una de las asesoras que se negó a hacer la donación de mil euros al partido por no aprobar esta forma de proceder, los propios agentes de la UCO le aconsejaron que no cogiera el teléfono a ningún número desconocido y se ofrecieron a estar pendientes de su situación e incluso a protegerla en caso de recibir cualquier amenaza o coacción.

Esta asesora, según ha reconocido, recibió presiones para que entregase mil euros al partido, aunque esas presiones no se han producido una vez iniciada la acción judicial, por lo que ni ella ni ningún otro testigo ha solicitado medida de protección alguna.

El foco informativo dejará mañana de estar en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, donde hoy han acudido los exconcejales del PP Emilio del Toro y Ramón Isidro Sanchis (además de un empresario, un arquitecto y dos exasesores), para centrarse en los juzgados, donde deberá declarar el exportavoz municipal Alfonso Novo.