El líder de Liberty Reserve, reclamado por EEUU, dice ser víctima de una caza de brujas

Arthur Budovsky, fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, considerada la plataforma financiera del cibercrimen a la que se le atribuye el blanqueo de más de 6.000 millones de dólares, se ha negado hoy a ser extraditado a EEUU para ser juzgado y ha atribuido el proceso a una “caza de brujas” para “destruir la competencia” de este tipo de servicios web.

“Nunca tuve conocimiento de que alguno de los clientes de la empresa fuera un delincuente”, ha argumentado Budovsky, al que EEUU reclama por un delito de blanqueo de capitales, durante la vista de extradición celebrada hoy en la Audiencia Nacional Ha asegurado que Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, fue creada con “un sistema de tolerancia cero al abuso” y que ante cualquier “sospecha” de irregularidades se informó a las autoridades competentes.

El presunto líder de esta plataforma ha indicado que “la compañía y el software se idearon solamente para recibir transferencias bancarias”, unas transferencias que la Policía cree que realizaban ciberdelincuentes a través de esta plataforma, que se publicitaba en internet como “el mayor procesador de pagos y de transferencias económicas”.

Budovsky, estadounidense de origen ucranio y que cambió su nacionalidad por la costarricense en julio de 2011, ha apuntado que sus problemas con las autoridades norteamericanas comenzaron ese año cuando le pidieron que proporcionara el código fuente de la compañía, a lo que él se negó porque “es como si alguien le pidiera a Coca-Cola que revelara su fórmula secreta”.

En este punto ha incidido Budovsky en una carta que ha leído ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al término de la vista y en la que ha dicho que el “ataque” a él y a su compañía obedece a un intento de Estados Unidos de proteger su “monopolio” y su “control” en las plataformas de transferencias.

Además, ha alertado en que con este proceso las autoridades norteamericanas tendrán acceso a los datos de más de los 800.000 usuarios que estaban registrados y a los detalles de 44 millones de transacciones bancarias.

Budovsky ha relacionado este acceso a datos personales con los últimos escándalos sobre espionaje estadounidense y su abogado, Gonzalo Boyé, ha llegado a comparar el caso de su cliente con el del fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, y el del exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Edward Snowden.

El líder de Liberty Reserve fue detenido en el aeropuerto de Barajas junto a su presunto lugarteniente -Azzeddine El Amine, de origen marroquí y también de nacionalidad costarricense- cuando se encontraban de tránsito procedentes de un vuelo de Marruecos y con destino a Costa Rica, sede de Liberty Reserve.

La detención de ambos se produjo en el marco de la mayor operación contra el blanqueo de dinero realizada conjuntamente con las autoridades judiciales y policiales de Estados Unidos, y que culminó con registros en diferentes países y cinco detenciones: dos en Madrid, dos en Estados Unidos y una en Costa Rica.

Se calcula que el entramado desarticulado habría efectuado más de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo, cuyo importe superaría los 6.000 millones de dólares procedentes de delitos relacionados con el fraude financiero, piratería informática, tráfico de drogas y pornografía infantil.

La historia de Liberty Reserve en Costa Rica empezó en 2009 con una serie de transacciones detectadas como sospechosas por el sistema bancario nacional que en 2011 derivaron en una investigación del ministerio público.

Aun así, la organización siguió funcionando por medio de “compañías pantalla”.

A la investigación se sumaron después otros países, especialmente Estados Unidos, cuyas autoridades entregaron una comisión rogatoria internacional a España para investigar las actividades de los dos máximos responsables de la empresa, que mantenían cuentas en entidades bancarias de nuestro país.