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Oleguer Pujol se niega a declarar en comisaría tras ocho horas de registro en su casa

El hijo menor de Jordi Pujol queda a la espera de la citación como imputado del juez Santiago Pedraz

La Policía intenta desentrañar la madeja societaria con la que se sospecha que Oleguer Pujol blanqueó "miles de millones"

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Uno de los policías que ha participado en los registros de la operación

El hijo menor de los Pujol, Oleguer, ha quedado en libertad esta tarde después de negarse a declarar ante la Policía. Los agentes de la UDEF lo habían conducido hasta dependencias policiales después de registrar durante ocho horas su domicilio de Barcelona. Acompañado de su abogado –y el de toda la familia–, Cristóbal Martell, Oleguer Pujol aguarda ahora la citacion como imputado del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El menor de los Pujol es el objetivo principal de una causa que investiga un gran fraude fiscal y de blanqueo de capitales a través de paraísos fiscales. El hijo menor del expresident habría tejido una complicada madeja societaria que le permitía blanquear dinero de sociedades no residentes, ubicadas en Holanda y en paraísos fiscales como Luxemburgo, Antillas Holandesas o las Islas Vírgenes. La Policía sospecha que Oleguer Pujol ha podido llegar a blanquear "miles de millones" de euros con una mecánica que funcionaba al menos desde 2007.

En el centro de la trama se sitúa la sociedad Samos Servicios y Gestiones, pero la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF investigan al menos 16 sociedades de las que cuelgan otras varias decenas. El socio en Samos Servicios y Gestiones de Oleguer Pujol es Luis Iglesias Rodríguez, quien, como el hijo del expresident, fue detenido por la Policía durante las primeras horas de los registros de sus respectivos domicilios, en Barcelona y Madrid.

La Policía acudió a ellos con perros adiestrados en la detección de dinero en metálico, aunque la prioridad era la incautación de documentación que permita conocer el funcionamiento del complicado entramado de blanqueo. La operación fue autorizada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la querella presentada por Guanyem Barcelona, Podemos y el Partido X, entre otras organizaciones. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó gran parte de la querella por abordar hechos que ya son investigados en otros juzgados, pero reservó a Pedraz la trama en torno a Oleguer Pujol.

La Fiscalía Anticorrupción había abierto diligencias en julio a consecuencia de la información facilitada por la Policía. Junto a la UDEF y el juez Pedraz, trabajan los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. En total, el jueves han sido registradas las sedes de 16 mercantiles en Barcelona, Madrid, Valencia y Melilla.

La detención durante horas de Pujol y Iglesias tuvo por fin facilitar los registros practicados y evitar la eliminación de pruebas, pero no estaba prevista por Pedraz. Los agentes se han incautado de un gran volumen de información, en papel y soporte informático. Está previsto que el juez no cite a Oleguer Pujol hasta que la Policía no haya analizado esa información, lo que podría llevar semanas, incluso meses.

Oleguer Pujol es un multimillonario que a finales de 2012 admitió guardar 93 millones de euros en el extranjero. Las autoridades conocieron el dato cuando se acogió a la amnistía fiscal para regularizar tres millones de euros.

Las oficinas del Santander

El juez quiere aclarar el origen del dinero con el que la sociedad Samos Servicios y Gestiones compró 1.152 oficinas del Banco Santander y de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa. También son objeto de investigación operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria y entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y el edificio del Consejo General de la Abogacía, según fuentes jurídicas.

La investigación abarca, además, las ampliaciones de capital entre sociedades de inversiones que no parecen tener financiación suficiente, e hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía. El magistrado estudia si, mediante las suscripciones y aportaciones de capital y mediante los préstamos llevados a cabo entre residentes y no residentes, se han situado en España fondos procedentes del exterior, y viceversa.

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