Paraguay acusa a la Justicia uruguaya de desoír a CorteIDH en caso refugiados

El Gobierno de Paraguay volvió a responsabilizar a la Justicia de Uruguay de no tener en cuenta la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al conceder la semana pasada refugio político a tres paraguayos acusados de secuestro en su país y que encontraron refugio en Finlandia.

Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán se desplazaron el pasado martes desde Montevideo hasta Helsinki gracias a la gestión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que les garantizó los documentos para entrar en Europa desde Uruguay, donde llevaban tres meses tras escapar de Brasil, que les había revocado el estatus de refugiados.

Los tres miembros del desaparecido movimiento de izquierda Partido Patria Libre permanecen procesados por la Justicia paraguaya por el secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, en el año 2001.

El canciller paraguayo, Antonio Rivas, y el procurador general de la República, Sergio Coscia, comparecieron este miércoles ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y coincidieron en que la jueza uruguaya encargada de la concesión de refugio hizo caso omiso a la documentación presentada sobre la última sentencia de la CorteIDH.

El organismo internacional falló en junio a favor del Estado paraguayo en la denuncia presentada por Arrom y Martí por presuntas torturas durante la investigación del secuestro, argumentando que no había pruebas suficientes para probarlo.

Tanto Rivas como Coscia manifestaron que la Justicia uruguaya no valoró ese precedente y que únicamente tuvieron en cuenta un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), previo a que se dictara la resolución.

Para el procurador, ese documento “no es hábil para que ella pudiera haber fundamentado su resolución” de refugio, ya que perdió “eficacia jurídica” en el momento que se pronunció el tribunal de la CorteIDH.

Por su parte, Rivas lamentó que “lo político está por encima de lo jurídico” en Uruguay, recordando unas declaraciones del año 2012 del expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015).

Más allá de las críticas a la decisión de la Justicia uruguaya, ambos eludieron asumir responsabilidades por el desplazamiento de los tres activistas a Finlandia y defendieron que las instituciones del Estado actuaron con “eficacia”.

“El Estado paraguayo hizo todo lo posible y todo lo que está a su alcance tanto de manera jurídica, procesal como diplomática para conseguir que estas personas sean sometidas al proceso de extradición”, afirmó Coscia.

El canciller paraguayo recordó que las instituciones diplomáticas del país elevaron en la última semana protestas formales ante Uruguay, Finlandia y la Unión Europea (UE) por una situación que consideran “injusta”.

La última queja se produjo este martes, cuando el embajador de Paraguay en Chile, Miguel Ángel Romero, criticó en la última asamblea general de la Interpol que el organismo no decretara el código rojo para evitar que los tres activistas pudieran viajar por el aeropuerto.

Entre los miembros de la comisión del Senado, las mayores críticas las vertió el parlamentario de la formación de izquierda Frente Guasu, Carlos Filizzola, quien acusó al Ejecutivo de Mario Abdo Benítez de falta de autocrítica.

“Yo no quiero culpar y cortarle la cabeza a nadie pero hay que ser autocrítico. Acá fallaron algunas cuestiones del Gobierno paraguayo en general y del presidente Abdo Benítez”, expresó

El senador se mostró en contra de que la obtención del refugio sea resultado de una “conjura de la izquierda internacional” y puso en valor la “institucionalidad” del Poder Judicial uruguayo.

Además, recordó que los tres activistas lograron huir a Uruguay desde Brasil, donde gobierna el ultraderechista Jair Bolsonaro, a pesar de que las autoridades brasileñas les retiraron el estatus de refugiados, después de años residiendo en el país.