El Parlament pide al Govern mejorar los programas de apoyo a menores tutelados víctimas de explotación sexual

La Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlament ha aprobado este jueves por unanimidad una propuesta del PP con la que se pide al Govern, entre otros puntos, que revise y mejore los programas de apoyo específico a menores tutelados y con medidas judiciales que hayan sido víctimas de explotación sexual.

La propuesta ha sido aprobada tras acordarse su redacción final entre todos los grupos parlamentarios. En virtud del texto aprobado, también se reclama al Govern que destine fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género a un programa de formación específica sobre trata y explotación infantil para educadores, psicólogos y otros trabajadores de la Fundació S'Estel.

Igualmente, plantea establecer colaboraciones con el resto de instituciones para impartir formación.

Por último, la Comisión reclama al Govern y al Consell de Mallorca que mejoren las instalaciones y recursos destinados a la estancia de menores, con especial incidencia en los casos de explotación sexual, “con la máxima celeridad posible, dentro de 2020”.

GRANDES EMPRESAS TRANSNACIONALES

Por otro lado, la Comisión ha acordado este jueves instar al Govern a estudiar la necesidad de una Ley de vigilancia de los derechos humanos y empresas, que incluya una oficina de seguimiento a las actividades de empresas transnacionales (ETN) en Baleares.

La propuesta ha sido presentada por Unidas Podemos, MÉS y el PSIB. Otro punto de la iniciativa reclama que el Govern promueva “que los derechos humanos y la preservación ambiental estén por encima de los intereses económicos en todas las actividades empresariales en Baleares”.

En este sentido, la propuesta también insta al Gobierno de España a “cumplir con el mandato del grupo de trabajo de la ONU y negociar con el conjunto de la UE, de buena fe y de manera constructiva, un instrumento jurídico internacional con normas vinculantes y mecanismos efectivos de aplicación a nivel mundial, que responda a las expectativas de justicia de las comunidades afectadas” por actividades de este tipo de empresas.

Además, al Govern se le pide igualmente “avanzar en el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente” en sus propias contrataciones.

El diputado de Unidas Podemos, Pablo Jiménez (EUIB), ha defendido que con la globalización “los derechos humanos en el mundo se han visto resentidos de manera notable”. “Las deslocalizaciones masivas de la producción de los países del norte hacia países con mano de obra más barata y regulaciones laborales, sociales y ambientales más laxas o directamente inexistentes han posibilitado la existencia de productos más competitivos en cuanto a precios, pero gravemente marcados por sus carencias sociales y ambientales”, ha denunciado.

A la comisión han acudido varios miembros de la Plataforma 'Mallorca No als TCI' y la campaña 'Menorca No als TCI'. En un comunicado, estas entidades han expresado su apoyo a la PNL y han criticado que las empresas transnacionales “agotan el territorio, empobreciendo sus riquezas naturales, disminuyendo la biodiversidad y coadyuvando al calentamiento global”.

“La Responsabilidad Social Corporativa no es más que un lavado de cara que no sirve para nada mientras no haya un tratado vinculante de Naciones Unidas que obligue cualquier empresa a respetar los DDHH y los recursos naturales”, han reivindicado.