El juez Pedraz se queda finalmente con la causa por el atentado de Kabul

El juez Santiago Pedraz instruirá finalmente la causa del atentado en la embajada española en Kabul, el 11 de diciembre de 2015, en el que murieron dos policías, y en la que acordó imputar por homicidio imprudente y siete en grado de tentativa al embajador de España en Afaganistán.

Pedraz renunció ayer a esta causa al percatarse de que no era competente para tramitarla por no estar de guardia cuando ocurrieron los hechos, por lo que decidió enviarla a Decanato para reparto, y hoy el resultado ha sido que ha vuelto a recaer en su juzgado.

El juez acordó remitir ayer la causa a reparto después de que la Abogacía del Estado le advirtiera en un informe de que su juzgado abrió las diligencias por este atentado el 14 de diciembre en la creencia de que había ocurrido el sábado 12 de diciembre, estando él de guardia.

Sin embargo, el ataque fue perpetrado un día antes, con lo que ese día aún estaba de guardia el juzgado central de instrucción número 6, del que es titular Eloy Velasco, por lo que su juzgado no tenía competencia para abrir diligencias sobre el atentado cuando lo hizo.

Una vez repartida la causa acorde a las normas de la Audiencia Nacional y aclarada la competencia del juzgado, Pedraz seguirá instruyendo este caso del que tiene pendiente pronunciarse sobre la petición de la fiscal Dolores Delgado de investigar este atentado como un delito de terrorismo, lo que, a su juicio, sería “incompatible” con calificar los hechos como “homicidios imprudentes”.

Tras archivar las diligencias abiertas a raíz del atentado, Pedraz las reabrió este mes para admitir la querella presentada por familiares de uno de los policías fallecidos.

Decidió así imputar por supuestos delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa al embajador y al segundo embajador de España en Afganistán, Emilio Pérez de Agreda y Oriol Solá, respectivamente, en relación con la falta de medidas de seguridad en la embajada.

Sin embargo, según la Fiscalía, al tratarse “de un atentado cometido de forma dolosa e intencional” por parte de un grupo yihadista es imposible “establecer responsabilidades por imprudencia en su ejecución, al no estar prevista en el capítulo de los delitos de terrorismo la comisión por un imprudencia de un delito de asesinato”.

Pese a ello, la fiscal hacía referencia en su informe a los fallos de seguridad en la embajada y recordaba que el responsable del equipo de seguridad dirigió 4 notas informativas a los diplomáticos de la legación para su comunicación al Ministerio de Exteriores “en los que se expresan las deficiencias de la sede diplomática y las necesidades mínimas para garantizar unas ciertas condiciones de seguridad”.

La embajada española se halla además “fuera del espacio de seguridad de la capital afgana” conocida como “greenzone”, donde se concentran los principales edificios de gubernamentales, el cuartel de la OTAN y la mayoría de las representaciones diplomáticas, lo que la convierte en “un objetivo especialmente vulnerable” a los atentados.