“The Economist” resalta el aumento de las multas lingüísticas en Cataluña

La Generalitat de Cataluña ha aumentado el número de “multas lingüísticas” en su determinación por imponer el catalán como lengua oficial, lo que alarma a la oposición y a grupos de la sociedad civil, según el semanario “The Economist”.

En un artículo titulado “En Barcelona, hacerlo en catalán o a pagar la multa”, la revista británica hace referencia a las penas que se aplican a quienes utilizan únicamente el español en los menús de restaurantes, catálogos o avisos de los comercios.

La publicación pone el ejemplo de Ángel Centeno, un agente inmobiliario que fue multado con mil euros porque el cartel de su compañía aparecía solo en español, si bien -agrega la revista- no es el único en recibir esta “desagradable sorpresa” de la Generalitat.

“The Economist” recuerda que el código del consumidor en Cataluña establece desde hace diez años que las empresas publiquen su información “al menos en catalán”, pero hay multas para quienes se empeñen en hacerlo sólo en español, cuyo importe variará en virtud del tamaño de la empresa o el texto no traducido al catalán.

La revista dice que políticos de la oposición están “alarmados” por este incremento de las sanciones.

En 2014, 57 comercios fueron multados con un total de 51.300 euros, mientras que en 2015 la cifra alcanzó a 68 y en lo que va de 2016 la cantidad ya llega a casi cien.

Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, dijo a “The Economist” que, a medida que aumenta el deseo del Gobierno catalán por la secesión de España, también crece su determinación por imponer el catalán como única lengua oficial de la región.

Según el artículo, los ciudadanos pueden hacer acusaciones de manera anónima sobre el uso de la lengua, como es el caso del bibliotecario Roger Seuba, que afirmó haber denunciado a 5.000 compañías.

El español y el catalán son las lenguas oficiales de la comunidad autónoma, recuerda la revista, y añade que el Tribunal Constitucional de España dictaminó, al revisar en 2010 el Estatuto de autonomía de Cataluña, que imponer una de las dos lenguas a las empresas privadas supone una violación de la Constitución.

Sin embargo, agrega “The Economist”, “las multas siguen imponiéndose”.

Los partidos que se oponen a la independencia tratan de cambiar la legislación, pero se han topado con obstáculos por parte de la coalición nacionalista del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, indica el artículo.

La rama regional del Partido Popular (PP) ha indicado que las multas lingüísticas violan la libertad de expresión, algo que no comparte, por ejemplo, la directora de la agencia del consumidor de Cataluña, Montserrat Ribera, que las considera necesarias para ayudar a preservar su idioma, dice la revista.

“The Economist” afirma que la medida del Gobierno regional puede resultar atractiva para algunos, pero también provoca el efecto contrario en otros, como es el caso de Ángel Centeno, que se niega a hablar en su lengua materna, el catalán.

Centeno, nacido y criado en Cataluña -puntualiza el artículo-, exige ahora que todos los documentos gubernamentales que entren a su correo estén redactados en español.

“Son talibanes”, ha aseverado este agente inmobiliario al referirse a quienes imponen las multas lingüísticas.