Ábalos, visto para sentencia: dudas y certezas del juicio contra una figura clave del primer Gobierno de Sánchez
El juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama quedó este miércoles visto para sentencia. Tras 14 jornadas, las declaraciones de decenas de testigos y casi veinte horas de interrogatorios a los tres acusados, su futuro queda ahora en manos de los siete magistrados del Tribunal Supremo que tendrán que pronunciarse sobre si cometieron los graves delitos que les atribuyen las acusaciones.
El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE y su mano derecha se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente. Para el empresario, la petición del fiscal es más de tres veces inferior a la de Ábalos, el exministro que sucumbió supuestamente a sus sobornos —“era quien mandaba y pagaba”, según la Guardia Civil— y le favoreció en contratos públicos.
El fiscal ha aplicado a Aldama la atenuante de confesión de culpa, pero ha mantenido que es “posible” solicitar una atenuante mayor, la muy cualificada que reclama el PP, y que podría implicar que el empresario no entrara en prisión después de que intentara escalar la trama hacia el PSOE y Sánchez con acusaciones sin pruebas.
elDiario.es detalla a continuación los asuntos que han centrado el juicio:
Los contratos de mascarillas
La Fiscalía y la acusación popular que lidera el PP han defendido que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos adjudicados a empresas dependientes del Ministerio. En la crisis del coronavirus se autorizó la contratación de productos sanitarios mediante un procedimiento de emergencia sin concurrencia de ofertas, sin límite de precios y sin acreditación de solvencia o de experiencia en el sector. Pero su tesis es que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada a Aldama, lo que permitió a la trama adjudicarse contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif por valor de 36,7 millones de euros. Pese a ello, este asunto no fue ni mucho menos central en sus interrogatorios.
Antiguos altos cargos de Transportes y de esas empresas confirmaron el acceso constante del empresario a la zona restringida del Ministerio, si bien ninguno declaró haber recibido presiones para contratar con la empresa vinculada al comisionista. El que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, sí señaló que fue el empresario el que le dijo que el pedido debía ser de ocho y no de cuatro millones de mascarillas, que es uno de los elementos que, según la Fiscalía, muestran el grado de influencia de Aldama. Además, el entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, achacó esa modificación a Koldo García. La defensa del exministro atribuyó al comisionista haber incluido un criterio “malicioso” a ese cambio que se debió, a su juicio, a una “una decisión política, legítima y normal”.
Las acusaciones defienden que Ábalos y Koldo García recibieron mordidas por estos contratos, pero ese extremo no fue confirmado por el empresario. Aldama admitió que su proximidad al ministro le sirvió para saber que se iban a adjudicar estos contratos y moverse para buscar socios con los que hacerse con el material, pero dijo que no entregó a Ábalos y Koldo García una parte concreta de los 3,7 millones de euros que se embolsó. “Yo no tengo un concepto de pagar comisiones por las mascarillas”, explicó el empresario, quien definió como “un todo” las prebendas que supuestamente pagó a Ábalos y su escudero.
El pago recurrente de 10.000 euros
Cuando se produjeron los contratos de mascarillas, Aldama aseguró que llevaba más de un año pagando supuestamente un sueldo en efectivo de 10.000 euros al mes a Koldo García, quien lo repartía con su jefe, según su relato. La Fiscalía considera que esos pagos mensuales que se habrían mantenido entre octubre de 2019 y julio de 2022 son el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados. Según Aldama, esa cantidad eran los “gastos fijos” de Ábalos. Y se refirió a ese montante como “algo insignificante”, un “regalo” que iba aparte del resto de mordidas que supuestamente habría pagado a ambos y que elevó a “entre 3,5 y 4 millones de euros”.
Respecto a los 10.000 euros mensuales, la Fiscalía otorga total relevancia a la declaración de una empleada de un socio de Aldama que confirmó que entregó 20.000 dólares a Joseba García, hermano del exasesor, en Punta Cana. Este confirmó que recogió los sobres, pero mantuvo que lo hizo por encargo del empresario y que desconocía el contenido porque estaban cerrados. También aseguró que había viajado al país caribeño por amor, en una explicación calificada de “torpe” por el fiscal.
La abogada de Koldo García, recordó, sin embargo, que Joseba García viajó a Santo Domingo, no a Punta Cana, lo que evidencia que el objetivo no era recoger dinero. La letrada también explicó que Koldo García se hacía cargo de gastos de Ábalos porque el ministro estaba casado y tenía una relación extramatrimonial, no porque hiciera de custodio del dinero que les proporcionaba Aldama.
Tanto Ábalos como Koldo García negaron el cobro de mordidas. En el caso del exministro, la investigación ha acreditado que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Una cantidad que el exdirigente socialista opuso a los millones de euros a los que aludió Aldama. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, sostuvo a preguntas del fiscal, que en su informe sacó a relucir el audio en el que el propio Koldo García le reprochaba haberse gastado 470.000 euros en dos años.
Además, las pesquisas revelaron un “incremento patrimonial notable” y no justificado en Koldo García y su entorno familiar directo. Cuando fue detenido, los agentes encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. Ante el tribunal, el exasesor dijo que todo era legal. Aseguró que parte procedía de las liquidaciones de gastos del PSOE, que a veces le hacía reembolsos en billetes de 500, a los que él y su entorno se referían como “chistorras”. El exgerente del PSOE negó que se abonaran gastos con billetes de 500, 200 o 100 euros.
Los inmuebles de Madrid
La Fiscalía también ha puesto el foco en varias operativas inmobiliarias a favor del exministro. Por un lado, sostiene que Aldama asumió el pago de 2.700 euros al mes de un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid para su expareja Jésica Rodríguez. Y que desembolsó, a través de un testaferro, más de 82.000 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Paralelamente, sostiene que Ábalos y Aldama simularon un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana por un precio de venta muy inferior al de mercado. A su juicio, era un negocio irreal que encubría una “fiducia de garantía” para asegurar que el exministro cobraría las comisiones pactadas.
Ante el tribunal, Ábalos defendió que fue Luis Alberto Escolano, un socio de Aldama, quien abonó el piso de Jésica Rodríguez dado que quería tener un piso de empresa para alojar a gente y hacer reuniones. Defendió que ellos solo buscaban algo temporal porque su intención era trasladarse al inmueble del Paseo de la Castellana. Respecto a este último, mantuvo que el contrato no era ficticio y que Aldama le “estafó” porque el inmueble estaba alquilado y no llegó a tener ni las llaves.
El fiscal, sin embargo, considera que ese apartamento es la otra gran “dádiva” del procedimiento. “Es un pago en claro beneficio de Ábalos y Koldo García era cooperador necesario. No era para reuniones de negocios. No hay una mínima evidencia documental de ello”, rebatió el representante de Anticorrupción.
El chalé de Cádiz y la licencia de hidrocarburos
La Fiscalía sostiene que Koldo García intermedió ante el jefe de gabinete de la ministra de Industria para que la empresa Villafuel, controlada por Claudio Rivas —socio de Aldama—, lograse una licencia de operador mayorista de hidrocarburos. Como recompensa por estas gestiones supuestamente impulsadas con el conocimiento de Ábalos, los empresarios compraron a través de sociedades interpuestas un chalé en Cádiz que había sido elegido por el exministro y que firmaron después un contrato de alquiler para cederle la propiedad.
La realidad es que el Ministerio de Industria no tenía las competencias legales para otorgar autorizaciones sobre hidrocarburos. El expediente dependía realmente del Ministerio para la Transición Ecológica, que denegó la licencia en diciembre de 2021 al considerar que no se acreditaba la capacidad financiera. Villafuel logró obtener el título casi un año después, en septiembre de 2022, tras subsanar los requisitos técnicos y cuando Koldo García ya había sido apartado del proceso y Ábalos llevaba más de un año fuera del Gobierno.
Según Aldama, los empresarios dejaron de pagar la casa cuando constataron que la licencia no llegaba, mientras que el empresario que la financió, Claudio Rivas, optó por guardar silencio ante el tribunal. Ábalos, por su parte, explicó que su intención era alquilar algo en la costa y, si le encajaba y le venía bien, comprar. Además, mantuvo que pagó una mensualidad y dos meses de fianza. Pero “cambiaron las circunstancias” —fue cesado y se separó de mujer—, no se hizo pago del resto de las cantidades y lo desahuciaron.
El rescate de Air Europa y la nota de prensa
Anticorrupción acusa a Ábalos de haber intervenido, a petición de Aldama, para favorecer a Air Europa durante las negociaciones de su rescate a través de la publicación de un argumentario enviado a varios periodistas para tranquilizar a sus acreedores. Su tesis es que en agradecimiento por estas gestiones, el comisionista sufragó en agosto de 2020 el alquiler de un chalé en Marbella para Ábalos y su familia. Y que, para ello, entregó 8.000 euros en efectivo a la esposa de Koldo García para hacer frente al pago.
Según Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, lo que necesitaban en realidad era el documento oficial que la SEPI acabó publicando un mes después de ese argumentario, el 9 de septiembre de 2020, y donde se hablaba ya de un rescate público. “Esa comunicación formal es la que yo mando a los acreedores”, explicó el empresario, que negó haber pagado mordidas al exministro. Aldama aseguró que, aunque la intención de Koldo García era que él sufragara esas vacaciones, él se negó porque ya les daba mucho dinero por otros conceptos. Ábalos, por su parte, mantuvo que los gastos de ese chalé fueron abonados a escote por él y por otros familiares que se alojaron allí.
El nepotismo en el Ministerio de Transportes
La Fiscalía sostiene que Ábalos se sirvió de su posición para que, a través de la presión ejercida por Koldo García, se contratara de manera arbitraria a Jésica Rodríguez en las públicas Ineco y Tragsatec. Anticorrupción destaca que la mujer percibió unos 44.000 euros públicos sin llegar a desempeñar ninguna tarea. Es un patrón de presunto favoritismo y presiones que, según las acusaciones, también se empleó para lograr la contratación de Claudia Montes, otra mujer de su entorno, en la empresa pública Logirail.
Sobre esas contrataciones, Ábalos aseguró que él solo le envió el currículum a Koldo García, pero que no pidió que las contrataran en empresas públicas. Y sugirió que Jésica Rodríguez fue coaccionada por Aldama cuando declaró que cobró sin ir a trabajar. Claudia Montes sostuvo que sí trabajó, pero superiores suyos declararon ante los magistrados que estuvo a punto de ser despedida porque faltaba al trabajo.
Una decena de testigos vinculados a las diferentes empresas públicas afectadas por esos enchufes han corroborado que en la contratación de ambas hubo singularidades y que en ambos casos hubo llamadas y avisos para que no se las molestara. Un ex alto cargo de Logirail declaró que cuando denunció ante sus superiores que Claudia Montes no iba a trabajar recibió amenazas de Koldo García, mientras que la responsable de Jésica Rodríguez en Tragsatec dijo que cuando elevó una queja similar, sus superiores le recomendaron que “la dejara en paz”.