Abogado cree que instrucción en caso de amigo de Assange durará un mes más

Carlos Soria, abogado del informático sueco Ola Bini, amigo de Julian Assange, considera que la instrucción fiscal que debía culminar este viernes se mantendrá abierta un mes más, tras la reciente vinculación de otra persona al proceso en el que se investiga un supuesto espionaje informático.

El letrado presume que la incorporación el pasado martes a la investigación de un segundo sospechoso buscaba “extender el plazo de la instrucción fiscal (periodo de presentación de las pruebas) por treinta días más, que se acabaría ahora el 12 de agosto”.

Según la legislación ecuatoriana, la instrucción debe durar hasta noventa días, es decir, hasta este 12 de julio.

Soria indicó que la persona vinculada es “un profesional de informática”, miembro fundador de la empresa Centro de Autonomía Digital (CAD), al igual que Bini.

Se trata de un “ecuatoriano, padre de familia, empresario”, dijo al indicar que la vinculación “se hará en el momento en que nos llamen a una audiencia de vinculación” en la que la jueza decidirá si el proceso “sigue o se acaba, pero lo más probable es que continúe hasta el 12 de agosto”.

“Lo único que hace esto es extender el tiempo de la instrucción, no sabemos para qué, pero nos huele muy mal”, dijo al asegurar que aún desconocen las razones por las cuales su defendido fue detenido por más de dos meses.

Según la Fiscalía, la vinculación de otro sospechoso se ha desprendido de la investigación y del hallazgo de “elementos suficientes” que lo incluyen en el proceso.

Soria recordó que el proceso sigue normalmente por lo que el sueco se presentó hoy ya ante la Fiscalía como todos los viernes desde que salió en libertad.

Bini fue detenido en Quito por presunto espionaje informático el pasado 11 de abril, horas después de que el Estado ecuatoriano pusiera fin al asilo concedido al fundador de WikiLeaks desde 2012 en la Embajada en Londres, lo que permitió su arresto por parte de la policía británica.

El informático sueco, que estaba bajo prisión preventiva, fue puesto en libertad el pasado 20 de junio después de que un juez de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, aceptara el recurso de “habeas corpus” que había pedido su defensa.

El juez consideró que se violaron los derechos cuando se ordenó su detención preventiva, una medida por la que Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria pidió esclarecimientos en mayo pasado.

Ese grupo, junto con el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, y el relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, solicitaron al Estado ecuatoriano que proporcione información sobre la detención de Bini.

En un escrito con fecha 7 de mayo y remitido al representante ecuatoriano ante la Oficina de la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra, el grupo de relatores llamó a que se aclaren las causas que llevaron a la detención del sueco así como las medidas adoptadas por el Gobierno para “identificar y remediar cualquier violación” de sus derechos humanos.