La acusación particular pide 30 años de cárcel para el exalcalde de Reus por Innova

La acusación particular ejercida por la CUP pide un total de 30 años de cárcel para el ex alcalde de Reus Lluís Miquel Pérez (PSC) y el resto de imputados por las obras de construcción del nuevo Hospital de Reus, dentro del llamado caso Innova, que investiga una supuesta trama de corrupción.

La CUP pide la máxima pena prevista en el Código Penal por tratarse de “delitos graves y continuados” para todos los imputados en esta derivada del caso Innova.

Así, pide un total de 53 años de inhabilitación, 30 años de cárcel, 2,6 millones en multas y una indemnización de medio millón de euros para los ocho imputados en este caso, centrado en las obras del Hospital de Sant Joan de Reus.

En concreto, solicita la máxima pena de cárcel por los delitos de malversación (ocho años), tráfico de influencias (dos años), fraude a la administración (tres años); falsedad documental (seis), blanqueo (seis) y pertenencia a organización criminal (ocho).

Por los delitos de prevaricación pide 15 años de inhabilitación y por el de omisión de perseguir delitos, dos años más.

Asimismo, demanda una multa de un millón de euros por tráfico de influencias, otra de 1,5 millones por blanqueo y otra de 146.000 euros por falsedad documental.

El magistrado del Juzgado de instrucción número 3 de Reus considera acreditado que el grupo de empresas municipales de Reus Innova, pese a ser una sociedad mercantil, está sujeta al derecho administrativo al gestionar “dinero 100 % público”.

El juez reitera que se hizo un “control grosero” del dinero y mantiene imputados al exalcalde de Reus Lluís Miquel Pérez (PSC), al que impuso además una fianza de 1,5 millones de euros, al arquitecto Jorge Batesteza y a su esposa, Silvia Barberà.

También mantiene las imputaciones para el exdirector general de Innova y expresidente del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Prat; a la directora financiera de Innova, Ester Ventura, y a la secretaria y asesora jurídica del grupo municipal, Natàlia Torrell.

Les imputa los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a la administración, blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con las obras del nuevo Hospital de Sant Joan de Reus.

Según el juez, un “núcleo duro” de Innova formado por Pérez, Prat, Ventura y Torrell hizo gestiones para contratar a Batesteza pocos días después de que dejara su cargo de director de infraestructuras en el Servei Català de la Salut (CatSalut).

Batesteza cobró 357.000 euros a Innova por supervisar las obras del nuevo Hospital de Sant Joan de Reus, pero en una “esquizofrenia contractual”, reseña el juez, también cobró por el mismo concepto a cargo de la empresa Euroconsulting.

En esta otra sociedad estaba contratado como responsable de proyectos (“project manager”) y cobró 186.000 euros más “para supervisarse a sí mismo”, concluye el juez.

Batesteza, según el contrato redactado por Torrell y autorizado por Prat y Pérez, debía presentar informes mensuales de los trabajos, pero solo constan cuatro y tickets de autopista, algunos de los cuales no se corresponden con el trayecto a Reus.

Sin embargo, Ventura autorizó el pago de 43 facturas y casi 9.000 euros por dietas al arquitecto, relata el auto del juez.

La instrucción del caso prosigue en gran parte bajo secreto de sumario y, que se sepa, acumula al menos once piezas separadas, la mayoría vinculadas con irregularidades en la gestión de la sanidad pública.