La acusación popular recurrirá la decisión de Ruz de no sentar en el banquillo a los dirigentes del PP
La acusación popular que ha mantenido viva la causa de los 'papeles de Bárcenas' en estos tres últimos años prepara ya los recursos que presentarán al auto que dictó el juez Pablo Ruz el lunes. Todas las organizaciones que integran la acción popular se sienten decepcionadas con el hecho de que el instructor proponga únicamente juzgar a los “empleados” del PP Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, y no encuentre responsabilidad penal atribuible a alguno de los dirigentes del partido. Tampoco comparten el criterio del magistrado acerca de considerar prescritos varios delitos que, sin embargo, Ruz acredita con detalle a lo largo de las 190 páginas de su resolución razonada.
El Código Penal aplicable al delito fiscal de 2008, cometido presuntamente por el PP al no declarar las donaciones irregulares que ingresó en ese ejercicio, señala que serán responsables del mismo los administradores de hecho o de derecho de la sociedad que escamotee los ingresos correspondientes a la Hacienda Pública. Ruz señala por ello a los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y al antiguo gerente Cristóbal Páez. “El secretario general del partido es el jefe. No entiendo cómo Ruz reclamó los estatutos al PP y ahora no imputa a los secretarios generales, que son plenipotenciarios”, afirma Isabel Elbal, letrada de Observatori Desc.
En parecidos términos se explica Mariano Benítez de Lugo, de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE). Esta acusación eleva sus pretensiones de imputación hasta el presidente del partido, ahora y en 2008, Mariano Rajoy. Según Benítez de Lugo, Ruz “se marcó una línea roja” en la imputación del presidente del Gobierno. ADADE solicitó en su momento al juez que llamara a declarar a Rajoy por las donaciones irregulares recogidas en los 'papeles de Bárcenas' y de las que Ruz considera que se desprenden “indicios” de criminalidad. “El PP es un partido presidencialista. ¿Alguien va a creer que unos empleados iban a tomar una decisión tan grave sin consultar con su jefe?”, se pregunta el letrado de ADADE.
En la misma línea que ADADE se pronunció este martes el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando. Los socialistas, personados en la causa, recurrirán el auto de pase a procedimiento abreviado y aspiran igualmente a la imputación de María Dolores de Cospedal y su antecesor en la secretaría general, Ángel Acebes. Asimismo, sopesan con su equipo jurídico solicitar la imputación del propio Rajoy. En el caso de la presidenta de Castilla-La Mancha y del jefe del Ejecutivo central, el PSOE debería dirigirse al Tribunal Supremo, por ser los dos aforados.
Contra la prescripción
Otro punto del auto que recurrirán las acusaciones consultadas por eldiario.es es la prescripción del delito de falsedad contable y el delito electoral. En cuanto a la contabilidad paralela, el auto de Ruz es meridiano. Según el juez, el PP “se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada al tribunal de cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B”.
Sin embargo, la prescripción de tres años que marca el Código Penal para la falsedad contable hace que el delito no pueda ser juzgado, según el magistrado. Con el dinero negro que entregaban los empresarios se financiaban las campañas electorales y se pagaban sobresueldos, afirma el juez. Pero el delito electoral también prescribe a los tres años, como se encarga de señalar Ruz.
“Error de bulto”
La acusación del Observatori Desc considera, por su parte, que el juez comete “un error de bulto” al ignorar que esos dos delitos son conexos con otros dos, el cohecho y el cometido contra la Hacienda Pública en 2008, que no han prescrito. Ruz da a entender en su auto que los 22 grandes empresarios que declaron como imputados mintieron al no admitir los pagos en negro que recogen las anotaciones de Bárcenas. Pero a continuación cita sendos informes de la Policía y la Intervención del Estado y su imposibilidad para acreditar que esas donaciones fueron finalistas, esto es, que cada una de ellas respondía a una adjudicación de obra por administraciones gobernadas por el PP. Por esta razón considera que no hay indicios suficientes para juzgar el cohecho.
“Desde Naseiro, el PP sabe cómo ingresar ese dinero para que no le pillen”, rebate Isabel Elbal. Se refiere al tesorero del PP que resultó absuelto al anularse las grabaciones teléfonicas que le inculpaban. Con el caso afloró la financiación irregular del PP en tiempos de Antonio Hernández Mancha. “Al detener a Naseiro, me dan la llave de la caja y allí había 8 millones de pesetas”, llegó a declarar ante el juez Luis Bárcenas. Según Elbal, las entradas de dinero no coinciden con las elecciones para que no quede en evidencia la financiación irregular, pero su destino final son las campañas. “Son lo más costoso, no las corbatas de Rajoy”, afirma la abogada.
El juez cita asimismo en el auto de transformación a procedimiento abreviado que los empresarios para los que decreta el archivo provisional eran adjudicatarios de la Administración cuando entregaron presuntamente al PP el dinero en sobres. A juicio de Observatori Desc no solo el cohecho interrumpe la prescripción del delito contable y el delito electoral. Estos dos son conexos -lo que anula su prescripción- también con el delito contra la Hacienda Pública por no declarar las donaciones de 2008 que el juez atribuye a los imputados. La acusación que integran Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados y Los Verdes creen igualmente que los delitos citados no han prescrito y también prepara su recurso ante la Audiencia Nacional. Sus abogados consideran igualmente que las donaciones en dinero negro de empresarios que firmaban contratos con la Adminstración constituye un delito de cohecho.
