El ala derecha del PP se planta con el aborto y frena a Feijóo por segunda vez

“Defendemos el derecho a la vida”. Estas seis palabras definen formalmente la posición del PP ante el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo de forma voluntaria. Figuran en los estatutos del partido, redactados y aprobados en 2017, con Mariano Rajoy al frente. El expresidente recurrió en 2010 la segunda ley del aborto de la democracia para, cuatro años después, empujar a la dimisión a su ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón precisamente por la contestación social a la contrarreforma que planeaba. Fue antes de la moción de censura, la salida del propio Rajoy y las primarias que ganó Soraya Sáenz de Santamaría pero que en segunda vuelta dieron el liderazgo a Pablo Casado, quien fue defenestrado por los suyos para situar como candidato a Alberto Núñez Feijóo.

En el PP cambian los líderes, pero no las contradicciones ante el aborto. Y el gallego, que creía haber encontrado la oportunidad de zanjar un asunto del que él mismo intenta salir sin mojarse, ha visto cómo en pocos días la presión ultra (de la ultraderecha política y mediática, de las posiciones reaccionarias de la jerarquía católica española y de los propios ultras que permanecen dentro del PP) le ha obligado a recular en su intento de llevar a su partido al lugar donde la sociedad española, incluso sus votantes, está hace lustros: en reconocer el aborto como un derecho.

Así lo deslizó el propio Feijóo en junio de 2022, pocas semanas después de haber alcanzado la presidencia del PP. En un acto organizado por La Razón, dijo: “El aborto es un hecho con el que convive la sociedad española desde hace muchos años. Todos los países de la Unión Europea tienen regulado ese derecho. Esa situación hay que regularla no buscando la división, sino lo que tenemos en común”.

“Todos los países de la Unión Europea tienen regulado ese derecho”, dijo Feijóo. Una frase que entonces pasó más o menos inadvertida, pero que ahora recupera importancia después de los vaivenes de la dirección nacional del PP en las últimas semanas. Porque Feijóo asumió sus propias palabras este mismo año, a lomos de la tormenta política provocada por el protocolo médico antiabortista aprobado, y desaparecido después, en Castilla y León.

Entonces, tanto el máximo dirigente como su portavoz, Borja Sémper, plantearon que el PP aceptaba la ley del aborto de 2010, con la única salvedad del aborto sin consentimiento paterno en las chicas de 16 y 17 años. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, Feijóo fue un paso más allá: “La ley de plazos está bien construida, es una ley correcta, constitucional. Merece mi respeto. Hay otros aledaños en los que no estamos de acuerdo, pero en la España actual una ley de plazos es una ley correcta”.

Así, el partido ha dado un giro de 180 grados en uno de los ejes ideológicos centrales del espacio político que pretende ocupar el PP. Se trata de un viraje que no ha contado con el visto bueno de ningún órgano del partido, pese a que los estatutos de la organización exigen que al menos el Comité Ejecutivo Nacional fije esta posición. El cambio, además, ha sumido a Feijóo en el silencio. Este martes, preguntado expresamente por el aborto, el líder del PP optó por responder sobre los delitos de sedición y malversación, dejando al resto de la dirección del partido la responsabilidad de salir al paso.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para salir del paso acusó a “la izquierda” de usar este tema para intentar dividir al PP. “Antes de hablar de aborto, hablo de vida”, dijo. “La izquierda busca confrontación”, añadió. “No voy a dar carnaza a la izquierda de un tema tan complejo”, zanjó. Es el mismo Almeida que en 2021 dijo que el PP quería volver a la ley de 1985.

No es la primera vez desde que en abril accedió a la presidencia del PP que Feijóo tiene que recular en medio de presiones de la derecha política y mediática. El pasado otoño, cuando estaba a punto de pactar la renovación del CGPJ bloqueado desde hace más de cuatro años, el líder del PP optó por romper con el Gobierno antes que asumir una tormenta política interna y externa ya que Pedro Sánchez lo hizo coincidir con la reforma de la sedición y la malversación.

El PP, a remolque de los ultras

El PP lleva sin abordar un debate ideológico sobre el aborto desde antes de las elecciones generales de 2011 que llevaron a Rajoy al Gobierno. Hace 12 años, el PP llevó en su programa la derogación de la norma de 2010 y volver a la ley de supuestos de 1985. Una norma que la Alianza Popular postfranquista que lideraba Manuel Fraga y que luego se refundó en el PP también rechazó, impugnó en la calle y llevó al Constitucional, donde perdió.

La formación conservadora siempre ha ido a remolque de la sociedad en cuanto a los avances en materia de igualdad: desde esa ley del aborto de 1985 al divorcio, pasando por la ley de violencia de género o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Hasta ahora, el partido lograba más o menos restringir el debate a su ámbito interno precisamente con una estrategia que ahora Feijóo ha roto: oponerse frontalmente a las leyes en la oposición para tapar fugas y no cambiarlas, o hacerlo mínimamente, al obtener una mayoría parlamentaria.

Pero ahora el PP sí tiene una oferta electoral alternativa que pugna por una parte de su electorado: Vox. El partido ultra ha encontrado en temas como el aborto una suerte de antídoto contra el llamado efecto Feijóo', que de hecho empezó a desinflarse a finales del año pasado y principios de este 2023.

El sello de aprobación de Feijóo a la ley de 2010 ha provocado la reacción de esa parte ultra de la sociedad con gran predicamento en la derecha, tanto de fuera como de dentro del PP. Tanto, que el partido ha reconducido como ha podido su defensa inicial de la ley. “El aborto no es un derecho”, dijo este lunes Borja Sémper en una rueda de prensa en la que el portavoz del PP dijo a los periodistas que él no iba a “hacer disquisiciones” sobre el asunto.

El PP ha puesto el foco en los abortos por razones socioeconómicas, que no son la mayoría de las interrupciones voluntarias que se hacen en España. Así lo hizo Sémper el lunes, y la secretaria general este martes. En otra rueda de prensa, Cuca Gamarra dijo que “el aborto es un drama” y que “como tal debe ser visto”. Pidió “proteger a las mujeres” para que “nadie se tenga que ver abocada a tomar una decisión por cuestiones económicas”. Insistió: “El aborto es un fracaso para toda mujer que tenga que acudir a él”. Pero punto y seguido planteó que la actual ley de plazos está “asumida por la sociedad española”.

El conflicto surge porque esa ley reconoce precisamente la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho reproductivo más de las mujeres. Algo que le han recordado a Feijóo en las últimas semanas antiguos dirigentes del partido desde las páginas de medios conservadores. Eso sí, de forma anónima. En el PP dan por segura la victoria en las próximas generales y el reparto de cargos que esto conlleva.

Pero otras presiones sí han sido públicas. Las de la Conferencia Episcopal, por ejemplo. Si la jerarquía católica ya avaló el protocolo fantasma antiabortista de Castilla y León y ha tachado al Constitucional de “darwinismo social”. Y la de Vox, que este mismo martes ha llevado al Congreso una proposición no de ley que pide la derogación de la ley de 2010 y, además, devuelve a primer plano precisamente el protocolo antiabortista. La propuesta, que será debatida y votada por el Pleno en las próximas semanas, plantea que Vox quiere derogar completamente el derecho al aborto y reinstaurarlo en el Código Penal.

Y añade: “Con el fin de asegurar una correcta información a las mujeres embarazadas y de garantizar que la acción de los poderes públicos se orienta a la protección de la maternidad y de la vida desde la concepción hasta la extinción natural y no al fomento del aborto (sic), promover que todas las regiones de España adopten medidas que, ampliando las impulsadas por la Junta de Castilla y León en materia de fomento a la natalidad y el apoyo a las familias, incluyan el ofrecimiento, para las mujeres gestantes que lo soliciten, de (...) la posibilidad de escuchar el latido del feto (...) en el primer trimestre”.

Feijóo afronta así uno de los retos más importantes que tiene para este año electoral en el que se juega todas sus opciones de llegar en diciembre a la Moncloa. De cómo cierre el asunto del aborto, hacia dentro y hacia afuera, dependerá su capacidad de ampliar el electorado hacia el votante descontento del PSOE, una de las vías de hinchar sus resultados para intentar no depender de la ultraderecha que, otra vez, ha marcado la senda del líder del PP.