La agenda ultra de Vox sobre el aborto aflora las contradicciones internas del PP

La tormenta política provocada en Castilla y León por el protocolo médico de atención a mujeres embarazadas anunciado por el Gobierno de PP y Vox, y que ha provocado una bronca interna por el alcance de sus medidas y la intención explícita de la ultraderecha de utilizarla para dificultar el derecho al aborto, ha escalado rápidamente a un problema de ámbito estatal para el PP. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha mostrado una vez más sus profundas contradicciones internas en este asunto: del rechazo más o menos claro de la dirección nacional al intento de Isabel Díaz Ayuso de ampliar más su electorado por la derecha asumiendo en parte las tesis de Vox.

La bronca parte de una rueda de prensa celebrada el jueves en la que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, aseguró que a las mujeres embarazadas, incluidas las que expresen su decisión de abortar, se les ofrecerá escuchar el latido fetal o una ecografía 4D, además de asistencia psicosocial preferente, una fórmula con la que el Gobierno autonómico pretendía disuadir a las mujeres que no quieran continuar con su embarazo, según el número dos del Ejecutivo que lidera Alfonso Fernández Mañueco.

Gallardo dijo que aceptar o no sería opcional para las mujeres, pero que los médicos sí estarían obligados a ofrecer todas las medidas. Una forma de dificultar el ejercicio de un derecho, y también una bomba en pleno lanzamiento de la precampaña de las elecciones del 28 de mayo. Este sábado, el PP tiene previsto presentar en Zaragoza a sus candidatos autonómicos y es probable que este tema ocupe buena parte de la cobertura mediática porque el partido de Feijóo ha mostrado otra vez sus problemas históricos para abordar el aborto.

La primera reacción del PP a las palabras de Gallardo fueron el silencio del portavoz del Gobierno castellano y leonés, sentado a la vera del vicepresidente. Además, una nota de prensa emitida por la propia Junta confirma, pese a que se ha negado posteriormente, que el Ejecutivo autonómico había acordado “la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre”.

La dirección nacional reaccionó de una forma tibia el viernes por la mañana por boca de su nuevo portavoz de campaña, que ejerce en realidad de portavoz del Comité de Dirección de Feijóo, Borja Sémper. Un hombre repescado por el presidente del PP desde la empresa privada, situado con sueldo en el órgano más próximo al líder –además de en el Comité de Campaña–, y que fue presentado el lunes como un garante de la “moderación” que Feijóo quiere ofrecer desde que llegó a la planta noble de la sede nacional, en la madrileña calle de Génova, pero que se ha ido dejando por el camino.

El flamante dirigente dijo en una entrevista en Antena 3 que el PP no va a “tragar con cualquier cosa”. Sémper aseguró que su partido expresará su rechazo a las medidas con las que no está de acuerdo y se quieran “imponer”. A su entender, son “perfectamente compatibles las políticas de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer”. “Y el Gobierno, o el PP en este caso, cuando no esté de acuerdo lo va decir y va a rectificar las políticas que otros quieran imponer y consideremos que son equivocadas”, zanjó.

Pero Sémper en ningún momento dijo cuáles son esas cosas que no va a “tragar” el PP, ni qué entienden por “fomento de la natalidad” o hasta dónde llega el “respeto a la libertad de la mujer”. De hecho, la supuesta rectificación de Gobierno de Castilla y León a Gallardo esgrimida por Sémper no era tal. Pese a que la Consejería de Sanidad –del PP– sí ha intentado matizar en parte al vicepresidente, e incluso desmentir su propia nota de prensa, desde la Consejería de Familia se ha apuntado que las medidas contempladas en el nuevo protocolo se tomarán para “todas las mujeres embarazadas”, sin distinguir entre las que quieren llevarlo a término y las que no, y que serán ellas quienes elijan “desde su libertad” si quieren o no utilizarlas. Es decir, que los médicos deberían ofrecerlo.

A última hora de este viernes, Sanidad confirmó a elDiario.es que enviará el lunes una instrucción a los profesionales sanitarios informándoles de las medidas planteadas por Vox, si bien dejará a su criterio médico la decisión de aplicarlas o no.

Este sábado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha pronunciado por primera vez sobre las medidas de Vox. En declaraciones antes del acto de presentación de candidatos en Zaragoza, Mañueco ha intentado no desautorizar a su socio de gobierno haciendo equilibrios que le han llevado a decir una cosa y la contraria: “No acepto lecciones de la izquierda cuando se habla de derechos de la mujer. En Castilla y León defendemos a la mujer, garantizamos todos sus derechos y la libertad de elección de la mujer”.

Y apareció Ayuso (y Almeida)

La evolución de la crisis este viernes había motivado una posterior reacción más contundente desde la dirección del PP. Fuentes del entorno de Feijóo señalaron a elDiario.es que hay una “posición pública, contundente y rotunda” sobre el asunto. “No compartimos ni se va a llevar a cabo”, zanjan las mismas fuentes.

Y entonces apareció Isabel Díaz Ayuso. En medio de las idas y venidas del Gobierno de Mañueco en Castilla y León sobre el aborto, y mientras el PP de Feijóo intentaba sofocar el incendio apenas cinco días después de haber vendido una nueva “moderación”, Ayuso se desmarcó de la línea de partido y anunció su propia medida “a favor de la vida”.

En un acto del PP de Madrid, la presidenta regional informaba de que su Gobierno pondrá en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada “a favor de la vida, no en contra de nadie”. Durante el acto, Ayuso defendió que las mujeres tienen “derecho a informarse y no estar solas ni presionadas por nadie”. 

La medida de su jefa de filas fue calificada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como “provida”. Almeida incluso dio un paso más que Ayuso y defendió también el protocolo del Gobierno de Castilla y León que obligaba a las mujeres a escuchar el latido fetal. El alcalde de Madrid, cuyo liderazgo se ha puesto en cuestión al no confirmarse abiertamente su candidatura a la alcaldía, aseguró que “nadie puede criticar que se ofrezca a las mujeres toda la información para tener elementos de juicio y tomar la decisión que ellas crean que deben tomar”. 

La postura de Ayuso contrasta con lo declarado por ella misma hace unas apenas unos meses, cuando se posicionó abiertamente a favor de la reforma del aborto que devuelve a las mujeres de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno. También en aquella ocasión la lideresa del PP de Madrid se desmarcó de la postura de partido, pero en esa ocasión para alinearse con la reforma del Gobierno pilotada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y en contra de la posición de Feijóo –y de la ley del Gobierno de Mariano Rajoy– que defendió el consentimiento de los padres. 

Una contradicción histórica

“Si una joven de 16 o 17 años quiere abortar, ¿debe poder hacerlo aunque sus padres estén en contra?”, le preguntaron a Ayuso en una entrevista en Onda Cero. “Yo creo que tiene que abortar, desde luego. Una vez que una mujer tiene claro que no quiere seguir adelante con ello, y lo tiene claro, creo que no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que desea”, respondió.

Cuatro meses después, se han cambiado los roles. La dirección de Feijóo pugna por salirse del marco ultra marcado por Vox, mientras Ayuso se posiciona (otra vez) en contra de su propio partido.

En realidad, los vaivenes en el PP cuando se trata del aborto son la tónica histórica. El partido que aglutina a la derecha española defiende ahora la ley de supuestos de 1985, que suponía la legalización del aborto, como una norma de “consenso” que la “izquierda radical” ha cambiado por una nueva ley, basada en plazos y no en motivos tasados. Pero la Alianza Popular de Manuel Fraga, predecesor de José María Aznar al frente del partido, se posicionó totalmente en contra en 1985.

De hecho, el aborto es hoy un derecho muy difícil de ejercer en los hospitales públicos de comunidades gobernadas por el PP. En otros lugares regidos por la derecha no se practican abortos en centros públicos ni privados, lo que obliga a miles de mujeres a viajar fuera de su provincia para interrumpir su embarazo conforme a la ley.

El PP también se posicionó contra la primera gran reforma de la ley del aborto, aprobada en 2010 por el Congreso durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y con Bibiana Aído como ministra de Igualdad. Fue la norma que cambió el paradigma: de supuestos a plazos y despenalización. Anatema para la derecha, que de repente defendió la ley de 1985 como si fuera propia.

El partido, entonces en la oposición, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. 13 años después, el tribunal de garantías ha sido incapaz de pactar una posición sobre la constitucionalidad de un texto que, mientras tanto, se ha estado aplicando, con mayor o menor ayuda por parte de las distintas administraciones.

En este tiempo, el equilibrio de las mayorías ha cambiado en el Constitucional hasta el punto de que ahora mismo los progresistas se imponen por 7 magistrados a 4, pese a los intentos de boicoteo del PP y de la derecha judicial de la obligatoria renovación. El tribunal está a la espera de que el nuevo ponente de la sentencia sobre el aborto plantee su criterio al nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, y se lleve a pleno para su votación.

Casualmente, el encargado es Enrique Arnaldo, aupado por el predecesor de Feijóo al frente del PP, Pablo Casado. Cuando llegó al tribunal de garantías eran la mayoría. Ya no.

Pero el PP no solo se conformó con recurrir ante el Constitucional. En 2012, tras alcanzar el Gobierno con mayoría absoluta, Mariano Rajoy encargó a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la redacción de una nueva ley. El exalcalde de Madrid, que por fin había cumplido su deseo de sentarse en el Consejo de Ministros, intentó volver a una ley de supuestos e introducir un delito en el Código Penal para los abortos ilegales.

La ley se llevó por delante a Gallardón, quien dimitió en septiembre de 2014 al constatar que su jefe de filas no quería saber nada de su ley. Las movilizaciones sociales, con las feministas a la cabeza, impidieron la contrarreforma, que se limitó a algunos detalles como recuperar para las mujeres de 16 y 17 años el consentimiento paterno.

Ahora, el Gobierno ha devuelto este derecho de forma plena. El aborto no forma parte de las preocupaciones de la sociedad española. Y en el PP de Feijóo prefieren pasar de puntillas por los conflictos, no posicionarse en nada para, así, tener luego las manos libres. Y para intentar pescar a un lado y a otro, en el intento, declarado en público, de hacerse con parte del electorado socialista de cara a las citas con las urnas de este 2023. Algo que no le permitirán los que están llamados a ser sus aliados en caso de que el gallego gane las generales de diciembre.