El ala socialista del Gobierno se escuda en un informe de la Abogacía del Estado para rechazar la intervención en el mercado del alquiler a través de la prórroga de los contratos que vencen este año como reclaman Sumar y el resto de socios de izquierdas de la coalición. Pedro Sánchez anunció nuevas medidas para intentar paliar la subida de los precios de la vivienda, que se ha convertido en el principal problema para los españoles, y una de ellas fue la bonificación fiscal a los propietarios que no suban los alquileres en la renovación de los contratos. Sumar rechaza que sea inconstitucional y recuerda que en la legislatura pasada ya se aprobaron varios decretos con una prórroga similar a la que ahora proponen. También han criticado la postura socialista ERC o Podemos, anticipando una nueva batalla para la aprobación del nuevo paquete en materia de vivienda.
“Hay informe del abogado del Estado que no le da la seguridad jurídica necesaria que tiene que tener una medida de ese calado”, ha respondido en una entrevista en RNE la portavoz, Elma Saiz, sobre la nueva pugna dentro del Gobierno de coalición. La ministra ha dicho que al cuerpo de letrados del Estado se le piden informes que “son absolutamente rigurosos”. Lo que sostienen en Moncloa es que la intervención en el mercado a través de la prórroga de los contratos, que en la práctica supondría la prohibición de subir los alquileres vigentes, es “inconstitucional”, según las fuentes consultadas.
La propuesta de Pedro Sánchez y el Ministerio de Vivienda para dar respuesta a los 1,6 millones de contratos que caducan este año es una bonificación en el IRPF de hasta el 100% para quienes mantengan o bajen el alquiler. Lo que argumentan en Moncloa es que esa medida compensaría en buena medida la ganancia que tendrían los caseros en el caso de que subieran los precios ante el vencimiento de los contratos. También sostienen que tiene unos beneficios intangibles para ellos, como evitar el riesgo de tener unos nuevos inquilinos o evitar el pago a una agencia si se produce el cambio, de acuerdo a esas fuentes.
“No enfrenta a propietarios e inquilinos”, defendió Pedro Sánchez en una rueda de prensa el lunes en la que dio por hecho que la medida acabará contando con el respaldo parlamentario, a pesar del cisma que ha provocado con los socios. Por ahora en Moncloa no dan ningún signo de pretender modificar la propuesta. “Una cosa es estar en contra y otra verlo insuficiente”, señalan fuentes gubernamentales, que ven factible convencer al resto de fuerzas.
La portavoz ha restado importancia al nuevo desencuentro en la coalición y lo ha enmarcado en la “normalidad”. “Lo importante es el objetivo común”, ha dicho Saiz, que ha puesto en énfasis en la negativa del PP a aplicar la ley de vivienda donde gobierna y ha recordado que contempla bonificaciones del IRPF en las zonas tensionadas.
“Tenemos el problema de que las comunidades autónomas del PP están incumpliendo la ley. Si no se declaran zonas tensionadas, no se pueden hacer esas bonificaciones”, ha expresado la portavoz, que ha asegurado que están planteado “una intervención inteligente y eficaz del mercado de alquiler”. “Esta no es una medida aislada, forma parte de un paquete de medidas que se están poniendo en marcha para afrontar el principal desafío que es la vivienda. Las comunidades autónomas tienen competencias directas en materia de vivienda. Por eso pediría al principal partido de la oposición deje de comportare como oposición al Gobierno y que se arremangue y se ponga a trabajar donde gobierna porque tiene competencias directas en materia de vivienda”, ha señalado Saiz: “Lo primero hacer cumplir la ley de vivienda”.
Sumar niega que sea inconstitucional: “Ya se ha hecho antes”
Desde el socio minoritario del Gobierno, muy enfadados con el anuncio unilateral que lanzó Sánchez este lunes, rechazan que la medida sea inconstitucional como argumentan los socialistas y recuerdan que en la anterior legislatura se aprobó en hasta ocho decretos diferentes, cinco de ellos fuera del paraguas del estado de alarma.
Durante la pandemia, el Gobierno aprobó hasta tres reales decretos que prorrogaban durante seis meses la vigencia de los contratos. Pero el Ejecutivo que entonces conformaban PSOE y Unidas Podemos también aplicó esta medida sin el paraguas jurídico del estado de alarma, con cuatro decretos consecutivos en esta línea, aunque atados argumentalmente todavía a la situación de emergencia por la pandemia. Aquellos años fueron los únicos en el último tiempo en el que los precios de la vivienda dejaron de subir.
Pero en Sumar recuerdan que el Gobierno volvió a aprobar una prórroga de lo contratos ya acabada la pandemia, en el marco de la respuesta que dio el Ejecutivo a la crisis de precios derivada de la guerra en Ucrania.
“Insistimos, por tanto, en que la prórroga es una medida necesaria y que ya se ha aprobado en ocho ocasiones en el Consejo de Ministros y convalidado en el Congreso de los Diputados y no solo bajo el paraguas de la crisis sanitaria”, defienden desde el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Pablo Bustinduy. “La emergencia habitacional que existe en este momento y ha sido declarada por el presidente del gobierno es un contexto más que necesario para que se lleve a cabo otra prórroga de alquileres”, argumentan.
En Sumar desconfían de ese informe de la Abogacía del Estado que ni siquiera ellos han podido ver y que la parte socialista del Gobierno no ha hecho público hasta ahora. Por eso, creen que las resistencias dentro de los socialistas son más ideológicas que legales. “La medida del PSOE es dar dinero público a los caseros por cumplir el mandato constitucional. Es el mundo al revés”, defendió este miércoles en Televisión Española la propia Yolanda Díaz.