Anticorrupción pide imputar al exvicepresidente de Castilla y León en la trama eólica
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de Instrucción número 4 de Valladolid que el exvicepresidente y exconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, declare en calidad de investigado por la llamada trama eólica, según adelantaron a eldiario.es fuentes judiciales.
El fiscal que investiga las comisiones millonarias por la adjudicación de parques eólicos, Tomás Herranz, ha tomado esta decisión después de que el principal investigado, el exsecretario general de Economía, Rafael Delgado, aportase al juzgado una serie de escritos dirigidos a Villanueva en el que eléctricas y empresarios de Castilla y León se dirigían a él para recibir instrucciones sobre con quién debían asociarse y conseguir así que se le adjudicasen los parques. La mayoría de la documentación está fechada en 2005, el período clave en el que se desarrollaron las negociaciones con las compañías eléctricas que aspiraban a los megavatios. Una serie de documentos y correos electrónicos a los que ha tenido acceso eldiario.es, dan fe de la relación directa de estas empresas con el que fue hasta abril de 2015 consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva.
Pese a ello, el presidente Juan Vicente Herrera, mantiene su plena confianza en Villanueva, según reiteró hace un par de semanas. Uno de los escritos más llamativos es un fax remitido el 10 de marzo de 2005 por el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, a la Viceconsejería, pero dirigido al consejero Villanueva con el encabezamiento “estimado consejero y amigo”. Endesa trataba de entrar en parques eólicos que estaban promoviendo otras empresas, pero no por iniciativa propia, sino porque así se lo indicaba la Junta de Castilla y León. Lo hacía constar Miranda en su misiva: “Como continuación de la conversación mantenida la pasada semana y ante el interés que nos han manifestado desde diferentes instancias de tu departamento en que los parques eólicos pendientes de autorización administrativa sean desarrollados mayoritariamente por alguno de los grandes grupos promotores eólicos de la Comunidad [...]”. El directivo explicaba que Endesa pretendía “alcanzar acuerdos para participar mayoritariamente” en las promociones eólicas que llevaban a cabo las empresas Ider, Cannon Power, Ibervento, Dersa-Boreäs, Preneal y Ecotecnia y añadía: “así como de cualquier otra empresa que desde la Junta de Castilla y León estimarais de interés”.
Tal y como adelantó eldiario.es, Ibervento, fue una de las empresas que acabó expulsada del negocio en favor de otras sociedades, y que alertó al presidente Herrera en marzo de 2006 (un año después de la misiva de Endesa a Economía) de que se estaba produciendo un “abuso de poder”. Sus parques, que empezaron a tramitarse en 2001 se paralizaron en 2003, y entonces se adujo que era por la nacionalidad de sus socios, empresas alemanas, y por no atender a ciertos requerimientos de la Consejería de Economía.
Aunque tras la Declaración de Impacto Ambiental favorable, la Junta estaba obligada a autorizar los parques en tres meses, el permiso nunca llegó. El empresario acabó vendiendo el 100% de Ibervento SL a Productor Regional de Energía S.A (una empresa constituida por Inverduero, filial de la constructora vallisoletana Grupo Collosa y Endesa), una operación que se comunicó el 26 de julio de 2006. Dos días después, la Junta decidió autorizar el parque.
En el fax dirigido a Villanueva, Miranda adelantaba también que el director general de Generación de Endesa solicitaría una entrevista con él en fechas próximas “con el fin de concretar las posibilidades de estos acuerdos”. Miranda se despedía “en la confianza” de que con esas “actuaciones” Endesa lograría “subsanar” su “deficitaria presencia” en Castilla y León.
Otro escrito, esta vez un correo electrónico, fechado el 5 de marzo de 2008, demostraría el trato directo de empresarios de la región con Villanueva para conseguir los parques. Lo remitió el presidente de Campofrío, Pedro Vallvé, que encabezaba su carta con un “querido vicepresidente”. Vallvé le pedía su “apoyo personal en las tramitaciones que los distintos organismos de la Junta” debían realizar para sus proyectos “tanto en energía termosolar como eólica” en Castilla y León, “para no dilatar más la puesta en marcha de las inversiones comprometidas” con la Junta.
El propietario de Campofrío advertía de que había alcanzado “importantes compromisos financieros, tanto con empresas nacionales y extranjeras de equipamiento como con entidades bancarias”, lo que exigía ajustarse a calendarios para evitar incumplimientos contractuales.
Una de las preocupaciones que transmitía Vallvé era la tramitación de seis parques eólicos en Zamora, de los que la Red Eléctrica Española (REE) no tenía “comunicación formal de la Junta”. Campofrío había invertido más de 46 millones en aerogeneradores para esos parques. “Te agradecería enormemente que el organismo competente indique a REE que nuestros seis parques eólicos entren en Planificación, y que se proceda a tramitar la Declaración de Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente”.
Además, Vallvé recordaba a Villanueva que estaba “a punto de firmar” un convenio de colaboración entre la filial eólica de Campofrío, Ibereólica Solar, y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, “por un importe de 675.000 euros para contribuir económicamente en los programas de conservación, gestión y mejora, del Patrimonio Natural de Castilla y León”.
No sólo eso, además, señalaba que se había comprometido “a petición de José Manuel Jiménez Blázquez” (director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León), a “promocionar, construir y explotar” la planta termosolar de 25 megavatios que se iba a construir en la fallida Ciudad de la Energía de Soria, y en la que incorporaría “muchas actividades de I+D, a destacar la hibridación con biomasa y la producción de hidrógeno”.
Su pretensión, según indicaba, era empezar a construir los parques en septiembre de ese año. “En definitiva, Tomás, te pido encarecidamente, que nos autorices los seis parques eólicos de Zamora para poder contar con la financiación bancaria necesaria y que podamos liberar fondos propios para seguir invirtiendo y contribuyendo activamente a la generación de energía empleo y riqueza en Castilla y León, como hemos venido haciendo desde muchos años atrás”, finalizaba la misiva. Entre los documentos que Delgado ha aportado para demostrar que las decisiones las tomaba Villanueva como vicepresidente, también hay un dossier de Biovent, la filial eólica de Iberdrola, con el título “Reunión con el vicepresidente y consejero de Ecomomía de la Junta de Castilla y León, Don Tomás Villanueva”, fechado el 21 de marzo de 2005. Entre los “temas a comentar” figuraban el desarrollo de un convenio de formación de becarios en colaboración con las universidades de la Comunidad, la inversión en renovables no éolicas entre las que se mencionaba la Ciudad del Medio Ambiente de Soria y energía solar en Zamora, y la constitución de una sociedad con el Ente Regional de Energía.
La sospechosa venta de acciones por 47 millones
Además, enumeraba las empresas, cooperativas o empresarios de Castilla y León que participaban con Biovent en sociedades “ya constituidas o con acuerdo firme”. Entre ellas estaban San Cayetano (la empresa de otro de los imputados, el ex altocargo de la Junta, Alberto Esgueva, que acabó consiguiendo 47 millones de euros tras ceder a Ibedrola sus acciones al haberse autorizado los parques que tramitaron juntos), la constructora Zarzuela, el Grupo Norte (empresa del entonces presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, José Rolando Álvarez), Helios, Indal, Collosa (la constructora que pagaba al diputado Vicente Martínez-Pujalte por “asesorías verbales”), Andrés Martín de Paz (exdirector general de Deportes de la Junta, imputado en el caso y que consiguió varios millones de euros por vender sus parques), Cooperativa Acor, Construcciones Martinsa, Grupo Siro, Arranz Acinas (uno de sus directivos está imputado en el caso Lezo), Antolín Irausa, y Grupo Pascual , entre otros.
Se daba cuenta además, de los porcentajes de cada uno en las sociedades mixtas que habían constituido, el año de puesta en marcha estimado para los parques que promovían, si existía un acuerdo marco o no y el estado de las negociaciones con otros empresarios. Esta petición de investigación sobre el que fue mano derecha del presidente de Castilla y León, es la segunda en esta semana.
La Fiscalía provincial también solicitó el pasado lunes que se imputase a Tomás Villanueva en el caso del edificio de Economía conocido como Perla Negra. Según el Ministerio Fiscal, Villanueva disfrazó la adjudicación de construcción del edificio (con importantes sobrecostes calculados hasta el momento en 10 millones) y adelantó el pliego de condiciones a la promotora por lo que habría cometido delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, sin descartar el cohecho y el blanqueo de capitales.
