La Audiencia de Madrid rebaja a 10.000 euros la condena contra Alvise Pérez por un tuit contra Ábalos
La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado rebajar de 20.000 a 10.000 euros la condena contra el eurodiputado Alvise Pérez por una publicación en X, antes Twitter, en la que se refería al exministro José Luis Ábalos como parte de una “mafia”. Un juzgado madrileño había condenado al agitador ultra por vulnerar su derecho al honor y una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, pero ahora los magistrados han estimado parte del recurso del agitador ultra y han revocado esta última. Todavía cabe recurso de casación ante el Supremo.
La publicación se produjo en 2020, cuando a Alvise Pérez todavía le quedaban cuatro años para que 800.000 votos le llevasen hasta el Parlamento Europeo. Pérez difundió varias fotografías del ministro en una cafetería con un hombre al que identificaba como un abogado —en realidad no era él, sino el director general de una empresa pública— y lo acompañó con la frase: “Se acabó el miedo ante la MAFIA que está llevando España a la ruina”. Un juzgado madrileño concluyó que el comentario buscaba “su desprestigio” y entendió que el encuentro “no tenía interés público alguno” al pertenecer al ámbito privado. En consecuencia, sentenció que debía abonar 10.000 euros de indemnización por vulneración de su derecho al honor y otros 10.000 por una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen. En total, 20.000 euros.
La defensa de Pérez recurrió y argumentó que no era un encuentro privado entre dos amigos, sino “una reunión en horario laboral en día laborable” entre dos personas con relevancia pública. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado en una sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que debe prevalecer el derecho al honor de Ábalos frente a la libertad de expresión del ahora eurodiputado porque “el juicio de valor debe emitirse sobre una base fáctica suficiente”, algo que en este caso no ocurrió. “Si los hechos denunciados y publicados hubieran sido ciertos, debería prevalecer la libertad de expresión frente al derecho del honor del demandante, pero concurren otras circunstancias que permiten valorar que en este caso concreto se produjo una intromisión ilegítima en el derecho al honor”, señalan.
La noticia que difundió era que “un abogado relacionado con casos de corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico” estaba “regañando al ministro”, algo que no se correspondía con la realidad. A esto se suma —añade la sentencia— que no llevó a cabo“ ninguna actuación razonable para comprobar la veracidad de estos hechos” antes de publicarlos en su cuenta e “incluso cuando se desmintió por otros medios” siguió manteniendo que la persona fotografiada era dicho abogado.
En cambio, la Audiencia de Madrid corrige la sentencia previa en cuanto al derecho a la propia imagen y considera que no se vulneró, aunque las fotografías fuesen obtenidas sin su consentimiento. La Sala mantiene que Ábalos en ese momento tenía un cargo en la Administración, estaba en un lugar abierto al público y las imágenes no estaban manipuladas. Y, según su criterio, su publicación “tenía interés informativo” en la medida en que “era la forma de acreditar los hechos que se denunciaban”.
“La difusión de estas fotografías que eran supuestamente la prueba en la que se fundaba su crítica política permitió al demandante acreditar la falta de veracidad de los hechos en los que se asentaba e identifica correctamente a la persona con la que se le había relacionado”, añade. De esta forma, deja sin efecto el pago de esa indemnización y se reduce a 10.000 euros el importe que debe abonar el demandado.
Un año agitado para Alvise
El Parlamento Europeo ha votado a favor de la retirada de su inmunidad para que la justicia española pueda continuar la investigación que le abrió el Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. También está pendiente la tramitación de otro suplicatorio por delito electoral y de financiación ilegal de partido político vinculados a la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas durante la campaña para las elecciones europeas.
Mientras navega por esta marejada judicial, Alvise Pérez ha probado suerte en las elecciones autonómicas. De momento no ha conseguido ningún asiento ni en Aragón ni en Castilla y León, aunque en el primer caso rozó el escaño por Zaragoza y logró 17.000 votos, solo mil menos que IU-Sumar. La siguiente parada es Andalucía, con un policía como candidato.