La Audiencia Nacional avala no investigar la relación entre la Fiscalía y Podemos

Madrid, 29 abr (EFE).- La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez del caso Villarejo de oponerse a abrir una investigación para dictaminar si ha habido connivencia entre la Fiscalía y Podemos, acusación popular en esta causa, a la luz de los comentarios de un chat de abogados de ese partido que se hicieron públicos.

La sección tercera de lo Penal ha adoptado esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que rechaza el recurso del excomisario José Villarejo contra el auto del juez del caso, Manuel García Castellón, por no haber dado oportunidad a las defensas de investigar si existe es connivencia al rechazar incorporar a la causa los mensajes de ese chat.

El juez se opuso al considerar que las diligencias reclamadas por Villarejo, y también por el exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, resultan “improcedentes para el esclarecimiento de los hechos investigados” e “inútiles en cuanto absolutamente ajenas a los hechos objeto de investigación”.

Del mismo modo, y en respuesta al recurso de apelación, se pronunciaron la Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce Podemos en esta causa.

La Sala comparte este criterio y para defenderlo se basa en dos autos de la Audiencia Provincial de Valencia de 2013 y de 2016, y que recogen la facultad del juez instructor por acordar o denegar diligencias.

Uno de esos autos señala que “si bien es cierto que la finalidad de las diligencias previas es determinar si los hechos que motivaron la apertura de las mismas ocurrieron y si los mismos constituyen infracción punible (...) ello no significa que la Instructora deba sin más practicar cuantas diligencias se le propongan, negándole toda facultad de pronunciarse sobre la pertinencia y utilidad” de las mismas, “no siendo ilimitada la posibilidad de practicarlas”.

“El deber del Juez de Instrucción no es agotar las posibilidades de investigación, sino evitar alargar innecesariamente el proceso, para salvaguardar los derechos del posible implicado”, añadía la resolución.

En su petición al juez, Villarejo solicitaba la apertura de una pieza separada para investigar si existía esa connivencia y al negárselo le reprochó al magistrado en su recurso, que cubra “con un manto definitivo unos hechos que afectan a esta causa que, de ser ciertos, serían muy graves y tendrían indudablemente consecuencias procesales”.

Apelaba a la “igualdad de armas”, al derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías para insistir en la necesidad de adherir a la causa tanto los mensajes del chat del equipo jurídico del partido como la declaración testifical de José Manuel Calvente, exabogado de Podemos que denunció a la formación en otro procedimiento.

La defensa del excomisario aclara que su petición se limitaba a incorporar esa información a la causa para dejar “constancia” de ella “en el proceso” y recordaba que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, manifestó durante la testifical de Calvente estar de acuerdo con la incorporación de todos los chats al procedimiento y negó cualquier tipo de connivencia con Podemos.

Por ello, “desde el más puro ejercicio del derecho de contradicción”, cree Villarejo que el juez debía haber permitido “que las defensas puedan alegar y probar también sobre este extremo”, sobre todo “cuando hay indicios sólidos de que ello pudiera no haber sido así”, en base al testimonio de Calvente.

Villarejo considera relevantes algunas noticias en las que se hablaba de que los fiscales habrían filtrado a Podemos las causas secretas donde se investigan presuntos encargos del BBVA e Iberdrola al excomisario, porque podrían “evidenciar la revelación de datos” del procedimiento “para preordenar y dirigir interesadamente la causa, coordinando una estrategia conjunta de acusación en perjuicio de determinados investigados”.