La Audiencia Nacional resolverá el caso Pérez de los Cobos con Marlaska inmerso en la crisis de los menores marroquíes

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se reunirá el próximo 14 de septiembre para deliberar y fallar sobre el recurso interpuesto por el Ministerio del Interior contra la sentencia del Juzgado de Instrucción número 8 por la que se declara “ilegal” el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos de su puesto de jefe de la Comandancia de Madrid, han avanzado a elDiario.es fuentes jurídicas. La cita judicial llega con la última reprobación de la Audiencia Nacional al Ministerio del Interior aún reciente por la devolución de menores marroquíes a su país de origen sin reunir las garantías que exige la ley.

La destitución de Pérez de los Cobos por no informar al Ministerio de los avances en la investigación judicial de la causa del 8-M, junto a la gestión del asunto en los días siguientes, supusieron la mayor grave crisis en la carrera política del titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska. Con posterioridad, el ministro se ha visto envuelto en otra polémica por avalar la irrupción de la Policía, sin orden judicial, en domicilios donde no se respetaban las normas impuestas por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia. 

Pese a ello, la crisis de Gobierno del pasado julio no afectó a Grande-Marlaska, a quien Pedro Sánchez decidió mantener en el cargo de ministro del Interior aun a sabiendas de que al caso de la destitución de Pérez de los Cobos le falta un capítulo final: el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

La deliberación del recurso de Interior, fijada para el 14 de septiembre a las 10:30 horas, no implica que se conozca ese día la decisión de la Sección Quinta, encargada de los recursos que se interponen contra el Ministerio del Interior en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Fuentes jurídicas apuntan a que el sentido de la sentencia no se conocerá hasta al menos una semana después. 

Grande-Marlaska se ha convertido en objetivo recurrente de la oposición, que comenzó a pedir su destitución tras el cese de Pérez de los Cobos y ha insistido en ello con motivo de las otras dos polémicas citadas. Una sentencia en contra de los intereses del departamento de Interior reavivaría la presión para la destitución de Grande-Marlaska, el ministro que viene absorbiendo las críticas al Gobierno por las decisiones más polémicas que el Ejecutivo progresista toma en materia de derechos y libertades. 

La gestión de la crisis de los menores en Ceuta ha vuelto a poner de manifiesto el recelo que el propio socio de Gobierno de Sánchez, Unidas Podemos, siempre ha mantenido hacia Marlaska. El pasado mes de agosto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 remitió una carta a Interior advirtiendo de que “toda la responsabilidad” de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Delegación del Gobierno en Ceuta durante la repatriación de los menores marroquíes era “única y exclusivamente” de ese Ministerio.

La misiva del departamento que dirige Ione Belarra, secretaria general de Podemos, fue enviada el mismo día del comienzo de las devoluciones a Marruecos de decenas de niños llegados en la crisis migratoria de mayo, un proceso en el que no se habría respetado la Ley de Extranjería que obliga a realizar informes individualizados de cada menor. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de una organización humanitaria para suspender las repatriaciones de menores en un auto en el que advertía a Interior de que éstas debían realizarse a través de los mecanismos “previstos y regulados detalladamente en la legislación española”.

También la Fiscalía, que ha reclamado la paralización de las devoluciones acordada por un juzgado de Ceuta, ha sostenido que el operativo para repatriar a los menores incumplió los requisitos exigidos por la ley.

El aval del presidente

Para disgusto de destacados dirigentes del PSOE, Pedro Sánchez confió en Fernando Grande-Marlaska para la cartera de Interior en 2018, cuando Grande-Marlaska integraba el sector de vocales del Consejo General del Poder Judicial nombrados a propuesta del PP. Por su parte, los socios de la investidura de Sánchez, principalmente nacionalistas vascos y catalanes, critican abiertamente al ministro del Interior, al que reprochan su papel en la Audiencia Nacional por decisiones como su negativa a investigar las denuncias por torturas en las causas por el terrorismo de ETA. 

En el caso de Pérez de los Cobos fueron PP y Vox quienes protagonizaron las críticas a Marlaska por su gestión, que incluyó tres versiones distintas del motivo del cese en una semana. Hasta que trascendió la propuesta de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, para el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, en la que se especificaba como motivo “la pérdida de confianza de la Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Guardia Civil, y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

La afirmación aludía a un polémico informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil dentro de la investigación de una jueza de Madrid al entonces delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por su supuesta responsabilidad en la expansión de la COVID al haber permitido la manifestación feminista del 8-M. Pérez de los Cobos recurrió el cese y el Juzgado Central número 8 de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional resolvió que “motivación” que llevo a su cese fue “ilegal” porque Pérez de los Cobos cumplió con su obligación al no informar de esas pesquisas, por el deber de reserva que le había impuesto la magistrada del caso. El Ministerio del Interior recurrió a la Sala, a través de la Abogacía del Estado, alegando que no puede haber “control judicial” sobre “un puesto de confianza”.