Los ayuntamientos recurren al “destape” para sortear el escándalo de Púnica

La operación Púnica ha provocado remodelaciones en siete municipios de Madrid pero afecta a muchos más que, aunque no estén directamente implicados, han salido al paso del escándalo con diferentes medidas de “destape” para defender la legalidad de sus contratos con empresas investigadas en la trama.

Porque el halo de sospecha provocado por la macrooperación contra la corrupción que se desató el pasado lunes 27 va mucho más allá de los municipios madrileños de Valdemoro, Collado Villalba, Parla, Serranillos del Valle, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco y Móstoles, los Gobiernos locales investigados.

Ayer mismo, el concejal presidente del distrito Centro de Madrid, David Erguido, presentó en Algete, donde fue edil, una petición para comparecer por iniciativa propia y dar explicaciones en una comisión de investigación que aprobará el municipio la próxima semana sobre los contratos que se tramitaron en su etapa como edil.

El Ayuntamiento de Leganés ha anunciado que hará públicos todos los contratos que ha contraído con la empresa Waiter Music, investigada en la operación Púnica, con el fin de “eliminar cualquier duda que pueda existir sobre los mismos”.

Por su parte, el alcalde de Getafe, Juan Soler (PP), ha propuesto en el Pleno del Ayuntamiento crear una “comisión de la verdad” que investigue la situación patrimonial de todos los políticos, antes y después de ejercer un cargo público, para controlar si se ha producido algún movimiento sospechoso.

En Valdemoro, supuesto epicentro de la trama que según el juez habrían urdido el exconsejero Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, el Gobierno municipal ha anunciado su personación en la causa judicial y ha aportado la documentación requerida sobre las empresas.

Allí, la oposición ha solicitado la aprobación de diez medidas urgentes contra la corrupción, entre las que se encuentran la creación de una comisión de investigación y una mesa de transparencia en las contrataciones.

Los grupos de la oposición en Collado Villalba -PSOE, IU y UPyD- han solicitado una comisión de investigación para explicar la relación con la empresa Cofely y un pleno monográfico extraordinario después del registro del Consistorio y la detención del ya exalcalde Agustín Juárez, que el Gobierno local ha aceptado.

El próximo lunes se celebrará en Torrejón de Velasco el pleno en el que se dará cuenta de la dimisión del exalcalde Gonzalo Cubas y los grupos de la oposición han pedido la celebración de una sesión extraordinaria del pleno donde se den explicaciones sobre los contratos realizados.

En Parla, IU, que apoya al Gobierno, ha exigido una comisión de cuentas que controle todos los gastos y otra comisión de contratación para que todos los contratos en activo y los futuros sean revisados por este organismo.

En Móstoles, tras la detención y posterior dimisión del concejal adjunto de Medio Ambiente, Alejandro de Utrilla, se aprobó en un pleno extraordinario por unanimidad la creación de una comisión de investigación.

Más allá de los Gobiernos locales afectados directamente por las detenciones, el Gobierno municipal de Aranjuez ha respondido al escándalo haciendo públicos los contratos con la empresa Cofely -también investigada-, y estudia una posible resolución o rescisión del contrato con Waiter Music.

En Alcalá de Henares, donde el Gobierno del PP ha firmado contratos en la presente legislatura con Cofely y Waiter Music, el alcalde Javier Bello ha comparecido de forma pública para ofrecer detalles sobre la contratación municipal y ha echado a andar una comisión de investigación.

En San Martín de la Vega, el Gobierno Municipal ha hecho público un contrato firmado con Cofely, que ya fue rescindido, así como los concursos a los que se presentó esta empresa, en los que no resultó adjudicataria.

La formación de UPyD ha pedido en Boadilla del Monte información sobre la relación de Waiter Music con el Ayuntamiento tras la “aparición de noticias” que vinculan a esta empresa con la “trama corrupta”, aunque el concejal de Festejos ha subrayado “la absoluta legalidad y la claridad” del Ayuntamiento.

En Las Rozas, la Comisión de Vigilancia se ha reunido este jueves y volverá a hacerlo el próximo lunes para “velar” por la transparencia y la legalidad de todas las contrataciones.

Otros consistorios, como el de Alcobendas, se han adelantado a los debates locales publicando los contratos firmados con empresas como Cofely, asegurando que las relaciones se consolidaron porque la compañía se presentó a concurso con “las ofertas más bajas”, como previamente se publicó en la web municipal.