Begoña Gómez pide su absolución y alude a las memorias de Ana Botella para defender el papel de su asistente
La defensa de Begoña Gómez ha presentado de nuevo su escrito de conclusiones después de que el pasado julio la Audiencia Provincial de Madrid avalara el grueso de la investigación del juez Juan Carlos Peinado. El nuevo abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Jaime Campaner, defiende que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel “no son ciertos” y “no existe delito alguno”.
El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, trata de desmontar la tesis de las acusaciones de extrema derecha que sustentan la causa y que defienden que Begoña Gómez se valió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para impulsar su carrera y que, además, lo hizo con la ayuda de su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez.
Su abogado defiende que desde la llegada de la democracia es una “costumbre” que las cónyuges del presidente cuenten con personal de apoyo para tareas de “carácter institucional”, pero también de “naturaleza privada o profesional”. Para apuntalar este argumento, de cara al juicio aporta como prueba documental pasajes del libro de memorias de Ana Botella, donde la esposa de José María Aznar detalla que su asistente personal la acompañaba en actos oficiales y en tareas estrictamente privadas, como asistir a desfiles de moda, al Camino de Santiago o con los preparativos de la boda de su hija.
También pedirá que se exhiban durante el juicio las fotografías en las que Jaime de los Santos, actual miembro de la Ejecutiva del Partido Popular, aparece portando las bolsas de la tienda Escada de Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy. De los Santos cobró del erario público por desempeñar el puesto de asistente de la mujer del entonces presidente.
Según el escrito, el propio certificado de funciones de la asistente alude a que sus tareas de “gestión de la agenda”, “preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos” o “acompañamiento en desplazamientos” incluyen cuestiones tanto públicas como privadas. La defensa de Begoña Gómez insiste, además, en que Cristina Álvarez no ha desatendido sus funciones como asistente por auxiliarla en cuestiones relacionadas con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, dado que realizaba horas extra por las que no cobraba más remuneración.
La cátedra de la Complutense
Parte de la investigación impulsada por el juez Peinado gira en torno a la actividad profesional de Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a esa cátedra gracias a su “posición relacional”.
El escrito recuerda que Begoña Gómez ya venía colaborando con la Complutense desde 2012, “mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno”. Además, detalla que solicitó la excedencia en su empresa de consultoría (Inmark) en junio de 2018 precisamente para evitar cualquier conflicto de interés. E insiste en que “no influyó ni ejerció presión moral” para conseguir esa cátedra.
El juez otorgó total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos, como el encuentro en el que según la defensa del presidente “surgió la idea” de crear esa cátedra. Peinado dijo que eran conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y que habría que “remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos.
En su escrito, el abogado alega que Begoña Gómez se puso en contacto con el rector “para charlar por teléfono, mantener una reunión online o en un lugar interdisciplinar como la Escuela de Gobierno de la Complutense”, pero que finalmente la reunión se celebró en la Moncloa —su domicilio oficial— porque esas dependencias estaban cerradas por la pandemia.
Asimismo, la defensa recuerda que, según el propio reglamento de la Complutense, las cátedras extraordinarias tienen como fin primordial la recaudación de fondos y no exigen una titulación universitaria superior para su dirección, que es el cargo que Begoña Gómez desempeñó de “forma gratuita” durante cuatro años. Además, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro.
Sobre la supuesta apropiación indebida de un software para pequeñas empresas ligado a la cátedra, el letrado afirma que la propiedad de esa herramienta digital siempre fue de la Complutense. Y que el registro “funcional y provisional” de la marca y de la web transformatsc.org a nombre de su clienta se debió a indicaciones de la propia Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense, que no tenía un cauce propio para registrar dominios. Además, defiende que se hizo para evitar que terceros se lo apropiaran.
Por último, el escrito recalca que las facturas emitidas por la sociedad mercantil de Gómez por unos talleres de sostenibilidad fueron fiscalmente “neutras”, ya que los ingresos recibidos se destinaron íntegramente a pagar a los técnicos colaboradores, sin reportarle ningún beneficio.
El escrito califica de “temeraria” la actuación tanto de la acusación popular que lideran los ultracatólicos de HazteOir, como de la Complutense, que está personada para reclamar la responsabilidad civil por los supuestos daños o “perjuicios patrimoniales” derivados de las actuaciones investigadas.
A este respecto, la defensa de Begoña Gómez insiste en que la Complutense no sufrió ningún perjuicio patrimonial, ya que el software se financió íntegramente con patrocinadores privados, e incluso se quedó con un remanente de 29.685 euros tras el cese de la cátedra. En consecuencia, solicita que se condene en costas tanto a la acusación popular como a la Complutense.