Un juez acusa a Ciudadanos de vulnerar los derechos de una edil expulsada y obliga a reintegrarla en el partido
Ester Ruiz encabezó la candidatura de Ciudadanos en Alcalá de Guadaira (Sevilla) en las elecciones municipales de 2015 en las que la formación de Albert Rivera obtuvo dos concejales. E hizo de portavoz del partido hasta el pasado febrero, en que fue expedientada supuestamente por ignorar la disciplina interna. Ahí empezaron los trámites para expulsarla. La dirección de Ciudadanos la acusó de obviar sus responsabilidades de concejal: de faltar a las comisiones delegadas de los Plenos y a las juntas de portavoces. Su salida fue rápida. El pasado 22 de marzo, Ciudadanos pidió al Ayuntamiento que la colocase en el grupo de los no adscritos tras presentar documentación que acreditaba su expulsión “mediante resolución firme”. La edil, a la que se le retiró la asignación económica, salvo las dietas por participar en el Pleno, decidió entonces pleitear para recuperar sus derechos como representante de Ciudadanos.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Alcalá de Guadaira acaba de establecer en un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, que Ciudadanos no actuó con garantías en el proceso de expulsión de su concejal en el municipio sevillano, una queja que vienen repitiendo decenas de ediles expulsados por toda España. En el caso de la edil de Alcalá de Guadaira, el juez Javier Francisco Alba Figuero acuerda dejar en suspenso -mientras no resuelva sobre el fondo del asunto- el acuerdo del comité ejecutivo de Ciudadanos del 5 de febrero ratificado por la Comisión de Garantías del partido el 14 de marzo de 2016 que ordenó la expulsión del partido y rehabilitar a la concejal “en su condición de afiliada con todos los derechos y deberes correspondientes”.
En los razonamientos jurídicos, el auto judicial revisa el procedimiento y censura que ni el comité Ejecutivo ni la Comisión de Garantías del Partido hayan permitido defenderse a la edil sevillana, a la que se le negó incluso el derecho de contar con un abogado. El juez alude a “una tramitación del expediente deficitaria sin que conste la propuesta de resolución de la instructora y sin que tampoco conste actuación alguna, falta de motivación en la denegación de las pruebas testificales propuestas [por la concejal] privándole del derecho a la designación de un abogado”. Y concluye que “la resolución dictada ”se basó en los hechos nuevos de los cuales no se dio traslado a la ahora actora, conculcando el principio contradictorio“.
El auto judicial sostiene que la comisión de garantías, el órgano encargado de velar por los derechos de los militantes, “volvió a fundamentar su decisión sobre hechos y documentos de los que no se dio traslado a la actora [la concejal] para formular alegaciones”. La falta de motivación del expediente sancionador y la conculcación de los derechos de la militante son los dos argumentos que esgrime el juez para devolver temporalmente los derechos a la concejal andaluza en tanto no resuelve sobre el fondo del asunto e impone el pago de las costas al partido Ciudadanos.
La resolución del juez de Alcalá de Guadaira va en la línea de lo que defienden decenas de exmilitantes y cargos expulsados de Ciudadanos que alegan indefensión en los procedimientos internos que desembocaron en sus expulsiones.
