Condenados los líderes de la macroestafa GetEasy: 31 millones de euros, miles de víctimas y falsos GPS

La Audiencia Nacional ha condenado a los líderes de una de las mayores estafas piramidales a nivel mundial de la última década: el engaño multinivel de GetEasy, en el que miles de personas de todo el mundo se dejaron más de 31 millones de euros en un falso negocio de compra y explotación de aparatos GPS. Una estafa piramidal que llegó a España en 2014 después de pasar por Brasil y Portugal y que conlleva una pena de hasta 10 años y medio de cárcel para su cara visible, Tiago Fontoura Miranda. La trama llega, incluso, al terreno eclesiástico: uno de los condenados es el cabecilla de la Iglesia Católica Ortodoxa de Portugal, que blanqueó parte del botín de los estafadores.

El negocio de GetEasy se basaba, como otros muchos hoy en día, en la promesa de ingresos pasivos sin mover ni un dedo después de hacer una primera inversión de unos pocos cientos de euros. En este caso, la sociedad vendía aparatos de geolocalización y rastreo a sus víctimas, pero no para que ellos los utilizaran, sino para que fueran alquilados a terceras personas. El dinero ganado con ese alquiler o 'comodato' se convertía en un ingreso pasivo para el que había comprado el GPS a GetEasy. Los beneficios aumentaban exponencialmente si, además, el usuario era capaz de que sus familiares, amigos y conocidos entraran en el negocio y pusieran más dinero para comprar sus propios aparatos.

El negocio de GetEasy iba acompañado por los habituales mensajes de ser el negocio del futuro, solo apto para valientes, emprendedores y la gallina de los huevos de oro de la que nadie habla: conferencias en hoteles, vídeos motivacionales, coches de lujo, promoción interna y promesas de amortizar la inversión inicial en apenas unos meses. El problema es que, como descubrieron al final miles de inversores, todo era una estafa piramidal que se mantenía en pie mientras siguiera entrando gente: GetEasy no había comprado casi ningún geolocalizador, no había, por tanto, ningún alquiler que diera ingresos a los inversores y su dinero iba directo a un ovillo societario con decenas de empresas y testaferros para pagar la vida de lujo de los cabecillas del grupo.

La Audiencia Nacional calcula que los afectados son cerca de 6.400 en varias decenas de países y un agujero de 31,7 millones de euros. La Guardia Civil subía la apuesta hasta 10.500 afectados en 33 países durante el juicio. Porque la estafa GetEasy no nació en España ni hizo su primera aparición en 2014. Según los jueces, esta estafa piramidal es heredera de otra muy similar investigada por los tribunales brasileños y llamada BBOM, que fue trasladada primero a Portugal y después a España, Francia y Túnez a medida que sus cuentas iban siendo progresivamente bloqueadas y ellos señalados como presuntos estafadores. Los nombres del negocio también iban cambiando: de BBOM a GetEasy y de ahí a Igetmania y finalmente a Viconcept. Pero el resultado, según la Justicia, era siempre el mismo: una estafa multinivel disfrazada de negocio del siglo.

Las alarmas saltaron en España cuando Caixabank denunció el inusual flujo de millones de euros en una de las cuentas que manejaba la trama sin que sus titulares pudieran demostrar que el origen del dinero era legal. Cinco años después de las primeras detenciones, la Audiencia Nacional ha condenado a los tres líderes del grupo, a los cinco testaferros que utilizaron y a los dos empresarios españoles que crearon la estructura societaria para esconder y blanquear los beneficios. La condena más alta, de diez años y medio de cárcel por delitos de organización criminal y estafa, es para Tiago Fontoura, cara visible del negocio que era presentado como CEO de la compañía. En algunos casos los jueces han tenido en cuenta tanto las confesiones como que algunos han puesto dinero para intentar resarcir a los afectados.

Junto a él, Antonio Joaquim Reis Dos Loios ha sido condenado a tres años y seis meses después de reconocer los hechos y colaborar mientras que a Pedro Manuel Duarte le han caído 47 años por los mismos delitos. Los dos empresarios españoles, que también reconocieron los hechos y colaboraron, tienen penas de tres años y nueve meses de cárcel cada uno, además de una multa de 1,9 millones de euros. Los cinco testaferros, finalmente, son condenados a penas de entre tres meses y a Mario Manuel Lopes Ribeiro, líder de la Iglesia Católica Ortodoxa de Portugal, más conocido como 'Don João', le impusieron dos años de prisión.

La operación de la Guardia Civil, capitaneada por el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional, fue bautizada como 'Bateo' y conllevó dos decenas de arrestos en julio de 2015. La avalancha de afectados de todo el mundo por la estafa GetEasy fue de tal calibre que los investigadores se vieron obligados a habilitar una dirección de correo electrónico para que los denunciantes pudieran contactar con la Guardia Civil y hacerle llegar sus casos. El total de afectados en todo el mundo es, a día de hoy, una incógnita.

De Brasil a Portugal, España, Francia y Túnez

La sentencia de la Audiencia Nacional, que no es firme y ha sido recurrida por algunos condenados ante el Tribunal Supremo, también obliga a los cabecillas de la organización criminal y a los dos empresarios españoles a devolver los más de 31 millones de euros estafados a las casi 6.400 víctimas identificadas en este procedimiento. La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica cómo los cabecillas de la estafa fueron saltando de país en país a medida que las autoridades iban poniendo la lupa sobre su estafa piramidal que se basaba en la compra y alquiler de aparatos de geolocalización pero que pretendía expandirse a otros productos.

Todo empezó en Brasil con BBOM, un modelo de negocio idéntico intervenido por las autoridades de ese país en junio de 2013 y que, entre otras cosas, ha sido calificado como “pirámide financiera” por el Ministerio Público Federal, tal y como informó en su momento la prensa brasileña. Ahí fue cuando los acusados entraron en juego creando una nueva estructura en Portugal, primero bajo el nombre GetEasy y después Igetmania y, finalmente, Viconcept. Las autoridades portuguesas también sospecharon y abrieron una investigación penal en la que alguno de estos condenados en España todavía permanece imputado. En noviembre de 2014, el Banco de Portugal emitió un comunicado dando la voz de alarma sobre la actividad de los estafadores.

Fue entonces cuando aterrizaron en España, donde desarrollaron su actividad durante dos años. Tiempo suficiente para volver a poner en marcha el timo millonario sin toda la atención que atraían en el país vecino, con Fontoura como cara visible una vez más y con una madeja societaria que recogía el dinero de los inversores, lo movía de manera continua y lo terminaba lavando y blanqueando para no alertar a las autoridades. Algunas de las sociedades intervenidas, según la Audiencia Nacional, llegaron a mover 30 millones de euros en poco más de un año. Si la situación se complicaba, los empresarios españoles ponían lo que ellos mismos definían como “tíos doblados”, o testaferros, para “no comerse el sapo”.

La lista de empresas que desgrana la Audiencia Nacional es interminable: GetEasy Limited, Tornarfácil, Tachoeasy, Zona Tenere, Cuadrángulo o Ingenia, abiertas en España, Portugal y Macao (China). Y detrás de cada una, varias cuentas bancarias para canalizar el dinero. Fue Caixabank la que denunció una de estas cuentas por el injustificable flujo de millones de euros que presentaba. Varios de los acusados fueron detenidos en la operación Bateo de 2016, pero el juez De la Mata tuvo que esperar unos años para sentar a todos los responsables en el banquillo. Tiago Fontoura, por ejemplo, estaba para entonces en Túnez intentando volver a poner en marcha el fraude. Un tribunal de ese país lo condenó a dos años de cárcel por estafa.

Ninguno de estos datos o antecedentes estaba en poder de los inversores que ponían sus ahorros en manos de GetEasy para hacerse ricos con un GPS que prácticamente ninguno había llegado a ver. Una vez en España, los líderes del grupo contactaron con gurús locales del ingreso pasivo para que les ayudaran a ganar adeptos. “El vivo vive del tonto”, decía uno de ellos, según una testigo. Otra nunca obtuvo un recibo ya que, según estos líderes, eso era algo que no se usaba porque GetEasy era “una empresa moderna”, contaron también algunas personas en el juicio.

Varios de ellos, bautizados entonces como 'LíderesOnline', fueron llevados al banquillo pero han sido absueltos después de que la Fiscalía pidiera un año de cárcel para ellos. Los jueces entienden que promocionaron el negocio sin saber que era una estafa y que llegaron incluso a captar a amigos y familiares y perdieron dinero por la confianza que tenían en la operación. Uno de estos absueltos es Santiago Fuentes, actualmente investigado en la Audiencia Nacional como supuesto cabecilla de una estafa piramidal de criptomonedas a través del grupo empresarial Arbistar.

El testaferro de la Iglesia Ortodoxa

La Audiencia Nacional no ha conseguido despejar todas las incógnitas de esta trama y su andamiaje societario. Las más de 200 páginas de sentencia reflejan varias veces el nombre de Michael Herzog, directivo de la 'International Finance Corporation' (IFC) que, según la resolución, está “en paradero desconocido”. Según diversos testimonios, incluso de los propios condenados, él fue quien puso en contacto a los portugueses con los empresarios españoles para levantar la estructura defraudadora en España. También fue quien se quedó con la parte mayoritaria de GetEasy tras el bloqueo de las cuentas del grupo en Portugal para recibir el dinero en cuentas de Reino Unido.

También, siempre según la sentencia, jugó un papel clave en la estrategia del grupo. En un momento dado, los estafadores ofrecieron a los afectados recuperar su dinero si compraban una acción de Igetmania, fusión de la antigua GetEasy con la IFC que dirigía Herzog. “En realidad, no era sino un nuevo ardid, obteniendo otra ganancia o exponencial, aprovechando los miles de inversores atrapados”, dice la Audiencia Nacional. Según los investigadores de la Guardia Civil que declararon en el juicio, él era el cerebro económico del entramado. Herzog era, según el agente que actuó como secretario de las diligencias policiales, “el verdadero motor de todo y quien daba las órdenes y decía dónde tenía que ir el dinero”.

La investigación también desveló el papel del cabecilla de la Iglesia Católica Ortodoxa de Portugal. Mário Manuel Lopes Ribeiro, religiosamente conocido como 'João I' o 'Don João', ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales acusado de ayudar a canalizar parte de las ganancias del grupo hacia una sociedad ubicada en el monasterio ortodoxo 'Do Nascimento da Mãe de Deus' cerca de Lisboa. Su condena incluye una multa de más de 262.000 euros por una de las transferencias que recibió la Iglesia, aunque la Fiscalía pedía que su sanción económica rozase el millón de euros.

El propio 'Don João' explicó en el juicio que conocía a Herzog y su empresa IFC al menos desde 2011, así como a otro de los acusados al que había ayudado económicamente en el pasado. Justificó las entradas de dinero en las arcas de su Iglesia Ortodoxa en un acuerdo firmado con Herzog para localizar países africanos donde hacer negocio a cambio de una comisión, pero la Audiencia Nacional entiende que ese pacto no justifica el flujo de dinero procedente de GetEasy y sus falsos geolocalizadores. Uno de los investigadores de la Guardia Civil, por ejemplo, aseguró que el rol del cargo eclesiástico tenía más que ver con el lavado de dinero. “Tiene un papel fundamental en la organización en tanto en cuanto la importancia de las sumas dinerarias, con un papel fundamental para sacarlas y ponerlas fuera del tránsito español”, dijo sobre Lopes Ribeiro en el juicio.

La condena de 'Don João' se ciñe a una transferencia de poco más de 262.000 euros, pero el secretario del informe policial afirmó en el juicio, según recoge la sentencia, que las empresas principales del grupo habían realizado pagos internacionales de 17 millones de euros tanto a la Iglesia Católica Ortodoxa como a la persona que definen como “madre superiora”, que no ha sido acusada en este proceso. El líder religioso, que según la página web de la Iglesia fue “entronizado” en 1997, alegó sin éxito que ya estaba siendo investigado en Portugal. En su caso y en el del también condenado en Túnez, la Audiencia Nacional entiende que no han sido juzgados dos veces por los mismos hechos sino por estafas y blanqueos repetidos.

Millones de euros estafados

La Audiencia Nacional establece que los cabecillas condenados deben indemnizar a los afectados, pero deja ese cálculo para más adelante, para una ejecución de sentencia que puede retrasarse hasta que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estudie todos los recursos que se vayan presentando en las próximas semanas. La sentencia y el auto de apertura de juicio oral habla de 31.679.466,59 euros estafados a un total de 6.398 personas afectadas, aunque las cifras han ido variando en los últimos cinco años.

En un primer momento, por ejemplo, la Audiencia y la Guardia Civil calcularon que la estafa ascendía a 25 millones de euros. Durante el juicio, la agente instructora del informe policial habló de 10.550 perjudicados en 33 países de todo el globo con un perjuicio de 22 millones de euros. El secretario del informe, por su parte, mencionó en el mismo juicio una estimación de hasta 60.000 afectados en 70 países. Medios franceses como Le Figaro hablan en sus noticias de 300.000 víctimas en todo el planeta.

La sentencia condena a diez de las 32 personas que se sentaron en el banquillo. En la nómina de absueltos están quienes ayudaron a comercializar el negocio en España pero sin saber que era una estafa, empleados y colaboradores de las empresas de la trama que tampoco sabían que todo era un engaño e incluso dueños de terceras empresas que hicieron negocios con el grupo para obtener financiación para sus propios proyectos pero sin saber que el crédito procedía de una estafa multinivel, según el fallo.

Uno de esos absueltos es el dueño de Solver Sports, una empresa del sector del patrocinio deportivo que en la temporada 2014-2015 estampó su nombre en la camiseta del Granada F.C cuando el equipo estaba en primera división. El pago de más de un millón de euros para el patrocinio salió de un trato previo de esta empresa con una de las sociedades de la trama, pero los jueces entienden que el dueño y acusado no supo en ningún momento que el dinero procedía de una estafa piramidal. “Parecía un proyecto serio”, dijo uno de los investigadores en el juicio. La Fiscalía, por ejemplo, terminó retirando la acusación contra él.