La “confesión” de la cúpula de Batasuna, “prueba fundamental” para la condena

La “prueba fundamental” en la que se basa la Audiencia Nacional para condenar con penas de hasta dos años de cárcel a los 35 acusados de pertenecer a ETA a través de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV es la “confesión” que hicieron de los hechos en el pacto de conformidad alcanzado con Fiscalía.

Así lo indica la sección segunda de la Sala de lo Penal en la sentencia notificada hoy tras conocerse el pasado 13 de enero el acuerdo al que llegaron los 35 acusados con la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la acusación ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Esa “confesión”, que pasa por el reconocimiento de su integración en organización terrorista, se ha visto corroborada por la prueba testifical que llegó a practicarse en el juicio, que comenzó a celebrarse el 3 de diciembre, y por la prueba documental que se dio por reproducida al no considerar las partes necesaria su exposición tras alcanzar el acuerdo, según la sentencia.

En ese pacto, que reproduce la sentencia, los acusados “reconocen su participación en los hechos, asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente, y quieren añadir su compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas por el daño y sufrimiento” causado.

Así, en virtud de ese acuerdo y de la aplicación de dilaciones indebidas no atribuibles a los acusados, los diez años que pedía la Fiscalía para los 35 acusados por integración en ETA han quedado reducidos a condenas de entre un año y seis meses de prisión y dos años, así como penas de inhabilitación especial para cargo público de ámbito municipal, provincial, autonómico, estatal y europeo por el tiempo de la condena.

La sentencia, suscrita por los magistrados Concepción Espejel, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, se limita por tanto a reproducir el escrito de acusación de la Fiscalía, conteniendo los hechos reconocidos por los acusados y que pueden resumirse en la “sumisión” de las formaciones PCTV y ANV a las directrices marcadas por la entonces ya ilegalizada Batasuna.

Entre los acusados ahora condenados destacan históricos exdirigentes de Batasuna como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena, así como las exparlamentarias en Vitoria del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, y la exalcaldesa de Arrasate Ino Galparsoro (ANV).

También figuran el que fuera presidente del PCTV, Juan Carlos Ramos, y su tesorero, Jesús María Aguirre, además de Eusebio Lasa, Joana Regueiro, Ángel María Elkano, Asier Imaz, Mikel Garaiondo, Marije Fullaondo y Tomasa Alejandre.

Asimismo están Haizpea Abrisketa, Arantza Santesteban, Karmele Ayerbe, Jon Kepa Garay, Mikel Etxaburu, Aner Petralanda, Francisco Javier Urrutia, Mikel Gotzon Zubimendi, Nuria Alzugaray, Egoitz Apaolaza, Gorka Murillo e Ignacio Oralde.

El resto son Iñigo Balda, Gorka Díaz Martín, Maite Fernández Labastida, Aitor Aranzabal, Joseba Zinkunegi, Alazne Arozena, Peio Xabier Gálvez, Antón Gómez Lorente y Aurore Martín.