La Constituyente devuelve a la justicia ordinaria casos civiles en cortes militares

La Asamblea Constituyente de Venezuela anunció hoy que devolverá a la justicia ordinaria los casos de los civiles detenidos durante las protestas que fueron llevados ante tribunales militares, una práctica rechazada por organizaciones de defensa de los derechos humanos aplicada a cientos de personas.

Según Delcy Rodríguez, presidenta de este suprapoder conformado solo por personas leales al Gobierno, la decisión se ha tomado a petición del presidente, Nicolás Maduro, que ha solicitado que “sean declinados ante la jurisdicción ordinaria” aquellos casos llevados hasta ahora “ante la jurisdicción militar”.

“Nosotros daremos inmediatamente ejecución a esta solicitud instrumentándola a través de la Comisión de la Verdad”, explicó la excanciller, en referencia a la comisión creada por la Constituyente para castigar a quienes el oficialismo señala como responsables de los actos violentos que se han desatado en manifestaciones contra el Gobierno.

La organización pro derechos humanos Foro Penal cifra en más de 600 el número de civiles que han sido presentados ante tribunales militares desde que comenzaran las protestas contra Maduro el pasado 1 de abril.

Rodríguez -que presidió la sesión de la Constituyente en el Palacio Federal Legislativo- achacó la medida “heterodoxa” de llevar a civiles ante tribunales militares a la “inacción y la inactividad” del Ministerio Público dirigido por la fiscal Luisa Ortega Díaz.

Ortega fue destituida por la Constituyente el pasado 5 de agosto, después de denunciar las supuestas intenciones totalitarias de esta junta instaurada el 30 de julio por el oficialismo pese al rechazo frontal de la oposición, buena parte de la ciudadanía y la comunidad internacional.

La entonces fiscal había advertido de la ruptura del orden constitucional en Venezuela y le había recriminado a Maduro haber convertido el país en un Estado policial.

La que fuera titular del Ministerio Público imputó durante las protestas -que se caracterizaron por la represión de las fuerzas de seguridad y en las que murieron al menos 120 personas- a varios mandos y efectivos militares y policiales por supuestas violaciones de los derechos humanos durante su labor de contención de las manifestaciones.

Nicolás Maduro y numerosas figuras del oficialismo han acusado repetidamente a Ortega de traición y “complicidad” con la “insurgencia armada”, una expresión con la que el presidente aludió a las protestas convocadas por la oposición.