Comienza la cuenta atrás para saber si la infanta se sienta en el banquillo
La apertura del año judicial que preside este miércoles Felipe VI coincide con el comienzo de la cuenta atrás para el desenlace del asunto de mayor trascendencia de cuantos afectan a la familia real española: el fallo que sentará a una de las hermanas del rey en el banquillo o la exculpará de responsabilidad penal en el caso Nóos. Desde ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia de Palma tiene encima de la mesa 14 recursos presentados contra el procesamiento dictado por el juez instructor, José Castro. Dos de esos recursos buscan dejar fuera del banquillo a Cristina de Borbón. Son el de su defensa y el del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach.
Castro remitió este martes los recursos a la Sección Segunda y ésta decidirá en las próximas semanas sobre todos ellos. En el caso de la infanta, los magistrados deberán resolver si el juez les ha presentado argumentos suficientes para sentar en el banquillo a Cristina de Borbón por blanqueo de capitales y delito fiscal o si, por el contrario, como defiende el fiscal Horrach, no hay responsabilidad penal en la conducta de la infanta, socio al 50% de una de las sociedades a las que su marido, Iñaki Urdangarin, desvió los fondos públicos obtenidos irregularmente a través de una ONG.
El primer asunto que resolverá la Sección Segunda, y sobre el que sus integrantes aún no habían adoptado una decisión ayer, es el método utilizado para examinar los 14 recursos. Según fuentes próximas al tribunal, los jueces pueden optar por el procedimiento ordinario –un sistema de reparto por el que se reparten entre sus integrantes el estudio de todos los recursos presentados- o uno extraordinario, que encomendaría a un único juez el análisis de todos ellos. En el presente caso, la utilización del sistema ordinario podría provocar que dos jueces distintos estudiaran por separado el caso de la infanta, ya que su imputación está recurrida por sus abogados y por el fiscal en dos recursos distintos.
En cualquier caso, el fallo es una decisión colegiada. La Sección Segunda está formada en la actualidad por cuatro magistrados titulares y dos de refuerzo. Por el modo en que actuó su presidente, Diego Gómez Reyno, cuando debieron resolver sobre el recurso a la primera imputación dictada por Castro contra la infanta, todo apunta a que los dos de refuerzo no aspirarán a la formación del tribunal. En aquel momento tocó por reparto que uno de los magistrados sustitutos fuera el ponente, lo que corrigió Gómez-Reyno en ejercicio de sus facultades debido a la complejidad del caso.
Por tanto, los tres jueces serán elegidos de entre los otros cuatro. Dos de ellos, Diego Gómez-Reyno y Juan Jiménez Vidal, están afiliados a la asociación progresista Jueces para la Democracia. Su compañera, Mónica de la Serna, es de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, mientras que la cuarta en discordia, Ana Cameseye, no está afiliada, aunque fuentes jurídicas de Palma coinciden en que es de tendencia conservadora.
Los precedentes
Cameseye ha sido la última en ganar la plaza titular de la Sección Segunda, por lo que no la integraba en mayo de 2013, cuando sus otros tres compañeros decidieron dejar sin efecto la citación para declarar como imputada de la infanta que había dictado Castro, al tiempo que abrían la puerta a su compañero para que siguiera investigando a Cristina de Borbón por delito fiscal y blanqueo de capitales.
En el mismo auto en el que los tres jueces no apreciaban indicios de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración en relación con la ONG Instituto Nóos, afirmaban: “No se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda Pública y, tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales y que en tales hubiera podido participar la infanta recurrente”.
Castro se puso a ello y siete meses después, el 7 de enero de este año, dictó un auto en el que volvía a citar a la hija de Juan Carlos de Borbón para que explicara su participación en la sociedad Nóos y los gastos de tipo personal que había realizado con la sociedad a la que Urdangarin había desviado 1,2 millones de dinero público. Las explicaciones de la infanta durante las seis horas que duró el interrogatorio no convencieron a Castro, que mantuvo su imputación e incluyó el nombre de la hermana de Felipe VI en el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado. Ese es el equivalente al procesamiento para los casos en que ningún delito por separado sobrepasa los nueve años de prisión.
Contra la decisión de la Sala no cabe recurso. Si los jueces fallan que la infanta debe sentarse en el banquillo, por primera vez un miembro de la familia real española será juzgado por un tribunal.
Las fuentes consultadas rechazan vincular la adscripción ideológica de los miembros del tribunal a su decisión final. Destacan que tienen gran experiencia en resolver sobre casos de corrupción y no se atreven a poner fecha a la decisión. “La Sección Segunda actúa con discreción y diligencia”, afirman. Su decisión se antoja el primer gran acontecimiento judicial de un curso, cuya inauguración preside el miércoles por primera vez Felipe VI, que intervendrá en el acto junto al presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
