El debate por la vivienda pone el foco en la relación entre políticos y rentismo en medio de la ofensiva de la derecha

Primero, tras la ola de indignación que desató su desahucio, fueron a por Maricarmen. Luego, cuando esa rabia se organizó y consiguió prender en las calles de todo el país con protestas y acampadas multitudinarias, los dardos se volvieron contra los portavoces del Sindicato de Inquilinas. Y ahora, tras la aprobación y entrada en vigor del decreto antidesahucios del Gobierno, los ataques de PP y Vox ponen en la diana a dirigentes del PSOE. La ofensiva de la derecha por intentar neutralizar el acceso a la vivienda como tema central de campaña busca desacreditar a los actores políticos o sociales que se hacen eco ahora de un sentir tan transversal que escala hasta la primera de las preocupaciones de los españoles, según el CIS. Y todo, en mitad de un contexto electoral al que atraviesa, de repente, un viejo debate: el de la relación entre los políticos y los negocios inmobiliarios que este viernes se cobró como víctima política a la socialista Montse Mínguez, que dimitió.

Esta semana, el digital 'Artículo 14' publicaba que la pareja de la ya exportavoz del PSOE es un empresario catalán que se dedica, entre otras cosas, al rentismo. Y cuyas sociedades poseen decenas de inmuebles que compra, rehabilita y luego alquila. Desde el Partido Popular y Vox tardaron poco en lanzarse contra Mínguez para señalar “la hipocresía” o la “doble moral” de la diputada que defendió hace quince días desde la tribuna del Congreso que las viviendas son un derecho y no un negocio durante su intervención en el debate parlamentario sobre los decretos ley del Ejecutivo que la derecha tumbó.

La propia portavoz socialista, que no tiene ningún vínculo jurídico con las empresas de su pareja, salió esta semana públicamente, sin embargo, en defensa de su actividad. “Paga sus impuestos y cumple la ley de vivienda, que en Catalunya está en vigor y limita los precios del alquiler en zonas tensionadas”, dijo durante una entrevista en Antena 3 en la que muchos compañeros de partido opinan que cometió el error de hacer suya una actividad que le resulta, en realidad, ajena.

Aunque no ha vuelto a hablar en público más allá de su breve comunicado de dimisión, Montse Mínguez traslada en conversación con este periódico que, durante toda la semana, ha sufrido una auténtica persecución personal en Lleida, donde asegura que supuestos reporteros de programas de televisión o medios digitales han llegado a acudir a la puerta de su casa e incluso a los puestos de trabajo de su familia. “La política muchas veces maltrata a buenas personas, su caso es uno de ellos. Yo lamento mucho que Montse no continúe como diputada porque es una gran política, es muy buena persona y cuando me ha dicho que eran razones personales por las cuales dejaba la política, pues yo no puedo sino apoyarla y, por supuesto, respetarlo”, reaccionó el viernes Pedro Sánchez desde Bruselas.

Lo que apuntan desde el PSOE es que en ningún caso la actividad profesional de la pareja de su portavoz ha condicionado, ni ha influido, ni ha chocado en ningún punto con el desempeño político de Mínguez. Y que si se va es, únicamente, porque no ha aguantado la presión sobre su familia. “Lo importante es lo que ella ha votado en el Parlamento: siempre a favor de una vivienda digna y accesible. En este país hay quien quiere regular la vivienda y quien no quiere arreglo, como el PP y Vox. Y nosotros no perseguimos a quien cumple la ley y hace una actividad lícita”, sostienen en Ferraz, donde desmienten de manera rotunda dos publicaciones más sobre la pareja, en este caso de El Español: “Ni tiene empresas en Panamá, ni en Polonia, ni en Brasil”. El PSOE también asegura que cuando el empresario recibió en 2017 el visto bueno del Ayuntamiento de Lleida para la construccion de una urbanización de lujo, Mínguez, que presidió como concejal la Junta de Gobierno local de aquel Pleno, no era pareja del constructor.

A la pregunta de si los ataques del PP y Vox contra la dirigente socialista tienen que ver con la evidente ofensiva de la derecha al movimiento por la vivienda o implican una incompatibilidad política real, la abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales y experta en derecho a la vivienda, Alejandra Jacinto, cree evidente que hay algo de las dos cosas. “La derecha y la extrema derecha han tenido éxito hasta ahora para neutralizar las luchas por el derecho a la vivienda, y la prueba es que han conseguido que en este país se hable más de empresas de alarmas y de bandas de desokupación que de víctimas de desahucios. Es evidente que esta ola en la que el sentido común ha cambiado de bando y se ha puesto de parte de Maricarmen y de las asociaciones que defienden el derecho a la vivienda les ha pillado a contrapie. Y su única herramienta para intentar frenarlo es criminalizar a todas aquellas personas que den algún paso dirigido a defender las políticas públicas de intervención del mercado”.

En ese contexto se enmarca, por ejemplo, que mientras Maricarmen estaba ingresada en el hospital tras su desahucio se desatara toda una campaña de ataques y de desprestigio basada en noticias falsas para intentar arruinar la reputación de la mujer que consiguió prender la mecha de la indignación social. Esos días corrieron como la pólvora bulos como el de que tenía una fortuna en el banco. O montajes fotográficos que la mostraban en restaurantes y peluquerías. Algunos medios se dedicaron a buscar vecinos que hablaran mal de ella. Y desde el PP y Vox llegaron a llamarla “morocarmen”, “puta sinvergüenza” o incluso a ridiculizar su desahucio, como hizo Ayuso.

Algo parecido ocurrió unos días después con el Sindicato de Inquilinas. El primer objetivo fue su portavoz, Fernando de los Santos, al que llegaron atribuírsele cientos de propiedades inmobiliarias. Lo mismo que hicieron con el propio Sindicato, al que le endosaron la posesión de hasta 171 inmuebles. Uno de los digitales que lo difundió, The Objective, se vio obligado a rectificar. Poco después, en 'El Hormiguero', de Antena 3, una de sus colaboradoras afirmó que el Sindicato de Inquilinas recibía 3,7 millones de euros de subvención pública por parte del Gobierno mientras acampaba en Sol. No es así.

En el caso de la portavoz del PSOE, Alejandra Jacinto cree que confluyen esa ofensiva de la derecha y la eterna contradicción de los socialistas con políticas estructurales como las de vivienda. “Es un reflejo de cómo opera el PSOE: soplar y sorber a la vez, equidistancia entre derecho a la vivienda y derecho al negocio. Es verdad que no es Montse Mínguez, que es su pareja. Pero es que ella es a la persona que eligió el PSOE para defender el decreto y su pareja resulta que se dedica a la especulación. Y en estos momentos de lucha social, de protesta organizada, resultan contradicciones insoportables cuando la sociedad ya ha dicho basta. No se puede estar con los rentistas profesionales y con el derecho a la vivienda. Pero esto viene de largo en el PSOE. La exdirectora general de vivienda socialista es hoy la presidenta de ASVAL (Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler), y antes lo fue Joan Clos”.

Para Jaime Palomera, director del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) y doctor en Antropología Económica, el debate no debería girar en términos estrictamente morales, muy vinculados al caso específico de Maricarmen por las características evidentes de vunerabilidad y desprotección de su caso, sino más al fondo de la raíz económica. “La propuesta de la derecha es desregular y construir. Pero si tú no atacas el problema de la distribución y del acaparamiento, no resuelves nada. Una vez que las viviendas son activos, se van concentrando. El que gana dinero con la vivienda, invierte ese dinero en comprar más vivienda para ganar más dinero. No es un problema moral, es un problema económico. Es un negocio que cada vez tiene más rentabilidad, del que se beneficia gente de izquierdas y de derechas y no hace más que generar desigualdad y fracturar este país”.

Según las declaraciones de bienes del Congreso, casi el 20% de los diputados y diputadas disponen de tres o más propiedades. Aunque hay casos especialmente llamativos. María de las Mercedes Cantalapiedra, del Partido Popular, es, según esas declaraciones de bienes, la diputada con con mayor patrimonio inmobiliario del Congreso, al declarar 19 viviendas. En segundo lugar se sitúa María Mercè Perea i Conillas, diputada del PSC, que declara ser propietaria de once viviendas. En el Senado, la situación es similar. Allí destacan los patrimonios inmobiliarios de dos senadores del PP: José Manuel Barreiro, con 13 viviendas, seis solares y dos bajos comerciales, y María Salom, con 10 viviendas, 8 locales comerciales y 20 plazas de aparcamiento, concentrados principalmente en la isla de Mallorca.

“Tú no puedes representar un día los intereses generales de la ciudadanía española y al día siguiente a los grandes fondos y a la patronal de los especuladores. El mensaje de la ciudadanía es claro: o estás con el rentismo o estás con el derecho a la vivienda”, concluye la abogada y activista Alejandra Jacinto. Según el Instituto Nacional de Estadística, casi 3 millones de personas vive ahogada en España para poder pagar su alquiler, al que destina más del 30% de sus ingresos. En total, 28.000 millones de euros pasan cada año de manos de los inquilinos a los propietarios, un 1,6% del Producto Interior Bruto de todo el país.