Detenido por pornografía infantil un profesor de un colegio privado en Madrid

Un profesor de primaria del colegio privado Brains International School María Lombillo, en la zona de Arturo Soria de Madrid, fue detenido hace dos semanas en una operación de la Policía Nacional contra la pornografía infantil, según han revelado a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

El arresto del maestro ha provocado una segunda línea de investigación, relacionada con las denuncias de al menos dos familias que habían trasladado al centro unas semanas antes un presunto comportamiento inapropiado del docente con sus hijas, de entre siete y ocho años. 

El detenido es un ciudadano británico, en la treintena, que fue puesto hace dos semanas a disposición del juzgado de instrucción número 48 de Madrid, en funciones de guardia. El magistrado dictó para el investigado la puesta en libertad con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país, comparecencias periódicas en el juzgado y alejamiento de los menores, añaden fuentes jurídicas. 

La Policía llegó hasta el detenido en una operación de rastreo de pornografía infantil en la red y en el registro de su domicilio encontraron una carpeta con material pedófilo en el que también aparecían fotografías de niñas, ‘robados’ realizados en el interior del centro escolar.

De forma independiente a la investigación policial y sin tener conocimiento de la misma, dos madres habían trasladado a principios de junio a la directora el testimonio de sus hijas, que parecían describir comportamientos inadecuados del maestro, como tocamientos durante sesiones de lectura en las que uno de los alumnos o alumnas leían de pie junto a la mesa del profesor. 

Mientras el resto de los niños trabajaba en sus pupitres, el profesor escuchaba leer a las niñas afectadas y les acariciaba la espalda, el vientre o el trasero, según trasladaron las niñas a sus padres. En otras ocasiones, el profesor sentaba a los alumnos en sus rodillas mientras leían. El investigado ha sido tutor de esa clase de segundo de primaria durante este curso que acaba de finalizar y el pasado. 

Las madres han compartido con el resto de familias que la directora les dijo que informaría a Gerencia, esto es, los dueños del centro, y que activaría de inmediato el protocolo, si bien el profesor siguió dando clases con normalidad durante las tres semanas que restaban de curso, según relatan las familias. Antes de que se produjeran las quejas de los padres, el profesor ya había anunciado que dejaría su puesto de trabajo a final de curso porque se mudaba de ciudad. 

De hecho, el ahora investigado remitió a los padres un correo electrónico el 1 de julio, desde su dirección corporativa del centro, despidiéndose cordialmente de ellos y anunciándoles que comenzaba un nuevo proyecto profesional, distinto de la docencia y fuera de Madrid. 

Los agentes están tomando declaración a los padres y madres y a los responsables del colegio. Por su parte, el juzgado de guardia, que tomó declaración al detenido y dictó las medidas cautelares, se ha inhibido en favor del 49, que instruye la investigación por pornografía infantil. Los padres y madres de las alumnas se han personado como acusación particular contra el profesor en la causa que sigue el juzgado de instrucción número 49, al igual que ha hecho el centro, aunque el magistrado todavía no ha adoptado decisión al respecto.

“Activamos los protocolos internos”

elDiario.es se ha puesto en contacto con los dueños de Brains de la calle María Lombillo, en Arturo Soria, que han declinado hacer declaraciones. En su lugar han remitido un comunicado a este medio en el que su departamento legal asegura que desde que el centro tuvo “conocimiento de los hechos acontecidos, se activaron nuestros protocolos internos establecidos a estos efectos”. 

Asimismo, el departamento legal del Colegio Brains afirma: “Se ha cumplido a rajatabla lo previsto en nuestro sistema de Compliance Penal para la prevención en la comisión de ilícitos penales que, como centro educativo tenemos instaurado, dando cumplimiento al art. 31 bis del Código Penal”, en alusión al artículo que determina las responsabilidades de las personas jurídicas. 

El pasado 18 de julio, 27 padres y madres de 13 de los 18 niños que integran la clase de la que era tutor el investigado dirigieron una carta al centro para trasladarle su “más absoluto rechazo a la gestión llevada a cabo por la dirección del centro María Lombillo y por los responsables titulares de Colegio Brains S.L”.

En la carta, las 13 familias reclaman “el cese inmediato” de la directora del centro. Respecto al centro critican la “falta de adopción de medidas preventivas y organizativas (‘in vigilando’) tendentes a la detección temprana de posibles conductas delictivas o inapropiadas cometidas por sus trabajadores y subordinados”. Aseguran que se ha dado una “nula falta de adopción de medidas ágiles, eficaces y transparentes de reacción, información, aseguramiento, evitación y reparación del daño ante la confirmación y conocimiento de la comisión de unos hechos de tanta gravedad”.

El colegio, por su parte, dice en el comunicado remitido a este medio que su personación en la causa como acusación particular responde a su intención de “ir hasta las últimas consecuencias en la lucha de la defensa de los intereses de nuestros alumnos”. “Nuestra máxima prioridad”, añaden en referencia a los niños. 

Brains S.L asegura que ha puesto a disposición de los padres del centro “una vía de contacto creada expresamente para este caso, además del acompañamiento de la totalidad de la comunidad docente”.

Los padres piden el “cese inmediato” de la directora

Los padres firmantes de la carta citada, que equivalen a más del 70% de los alumnos de la clase de la que ha sido tutor el investigado, discrepan y denuncian la “absoluta falta de transparencia e información del centro y su falta de acompañamiento y sensibilidad con el problema sufrido por las víctimas”.

En este sentido, destacan “dos circunstancias lamentables”. En primer lugar, que se enteraran de la detención del profesor por una llamada de la Policía, pese a que los agentes tenían sus números porque se los había entregado el colegio sin comunicarles nada al respecto.

Asimismo, la carta enviada al centro traslada su indignación porque los padres se hayan “visto obligados a autogestionar la detección de hallazgos delictivos en la relación” de sus hijos con el maestro detenido, “sin que el centro haya participado, instruido o prestado ayuda al respecto a pesar de sus obligaciones inherentes como centro educativo y de colaboración con la justicia”.