Dignidad y Justicia advierte al embajador francés que si Ternera huye emprenderán acciones

Dignidad y Justicia ha enviado una carta al embajador de Francia en España en la que le traslada “el estupor y el malestar generado” por la decisión de poner en libertad a Josu Ternera bajo control judicial y advierte de que si huye emprenderán acciones judiciales contra las autoridades francesas.

En la carta, remitida a Efe, el presidente de esta asociación de víctimas del terrorismo, Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero asesinado por ETA, traslada a Jean-Michel Casa su decepción por la decisión de la Justicia francesa de rechazar la entrega de Ternera por un delito de lesa humanidad en el marco de una causa contra exdirigentes etarras que Dignidad y Justicia impulsó en la Audiencia Nacional.

En la misiva, de cuatro páginas, Portero considera “arbitraria” la argumentación del Tribunal de Apelación de París para rechazar la entrega y que se ha basado en la “imprecisión” de la calificación jurídica de los hechos que se le atribuyen y la fecha de los mismos.

“Decimos arbitraria porque, después de que, en enero de 2020, se solicitara información complementaria” sobre la euroórden, la juez María Tardón, que instruye esta causa, contestó “de forma clara y meridiana” a los “extremos solicitados”.

En concreto, la identidad del magistrado que dictó el auto de procesamiento el 27 de octubre de 2015, Juan Pablo González -actual presidente de la Audiencia Provincial de Madrid-, y los hechos por los que se le procesó junto con otros tres exdirigentes de ETA (Mikel Carrera Sarobe, Garikoitz Aspiazu Urbina, Txeroki, y Ángel Iriondo Yarza).

Los hechos investigados respecto a Ternera, recuerda Portero, van de 2006 a 2008, “durante los cuales se llevó a cabo el atentado mediante la colocación de una furgoneta bomba en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, causando la muerte de Diego Armando Estacio y Carlos Alfonso Palate”.

Existen, añade, “indicios racionales de criminalidad” de que él fue quien dio “las instrucciones precisas como máximo responsable del aparato político de ETA, considerando que, por su carisma y ascendencia sobre los demás integrantes de la organización terrorista, participó en las decisiones relevantes”.

En cuanto al delito de lesa humanidad, Portero sostiene que existen “firmes indicios de su participación”, tal y como contempla el auto de procesamiento

“Unos delitos de lesa humanidad, respecto los que -al igual que ante delitos de genocidio o de crímenes de guerra - existe un deber internacional reforzado e inexcusable de entrega y desde hace décadas”, destaca aludiendo a resoluciones de la ONU.

“El deber reforzado de entrega de todo presunto autor de crímenes de lesa humanidad (...) ha sido un logro construido por todas las naciones civilizadas como desarrollo de los valiosos principios de Nüremberg”, apunta.

Lo sucedido, asegura, es “un retroceso de décadas en el derecho penal internacional y en la protección internacional de víctimas de graves violaciones de derechos humanos”.

Por todo ello, Dignidad y Justicia entiende que “sólo puede caber la entrega” y “todo lo demás es que el Estado francés desempeñe el rol de santuario de presuntos autores de crímenes contra la humanidad”.

Si mientras se subsana “el perjuicio procesal”, se deja en libertad “a este sanguinario etarra”, de manera que pueda sustraerse “de nuevo” a la acción de la justicia, “responsabilizaremos a las autoridades judiciales francesas y tomaremos las acciones judiciales oportunas”, concluye.