La Fiscalía pedirá devolver la causa sobre Pablo Iglesias a la Audiencia Nacional para que practique nuevas diligencias

La Fiscalía del Tribunal Supremo no se pronunciará todavía sobre si se debe o no imputar a Pablo Iglesias por el caso Dina. El equipo de fiscales que han analizado la exposición razonada en la que el juez Manuel García Castellón solicitaba la apertura de una causa penal contra el vicepresidente segundo del Gobierno consideran que ese informe no está completo. En consecuencia, han solicitado a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que lo devuelva a la Audiencia Nacional para que el instructor lleve a cabo nuevas diligencias. 

En un informe de 16 páginas, los fiscales explican que sí ven indicios de que Iglesias pudo cometer dos de tres delitos que le atribuye el juez García Castellón en la causa sobre el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham —descubrimiento y revelación de secretos—si bien creen que es necesario hacer más diligencias para “acreditar” esos hechos. No ven elementos, sin embargo, para acreditar la existencia del delito de denuncia falsa y dicen que los hechos que relata García Castellón respecto de la existencia indiciaria de este delito están “repletos de valoraciones que no se revelan lógicas sólidamente”.

Aunque ven indicios, los fiscales entienden que se deberían hacer nuevas diligencias para acreditar la existencia de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos por la retención injustificada del contenido del móvil durante al menos seis meses y el supuesto daño al dispositivo, que ya quedó cuestionado por un informe pericial. Defienden que el juez de la Audiencia Nacional debería citar a Bousselham, supuesta víctima, como testigo para que aclare su postura en sede judicial, pues hasta ahora no ha acusado a Iglesias de ningún delito, lo que exime al vicepresidente segundo de responsabilidad en todo lo referente a la tarjeta. 

La citación de Bousselham es una diligencia que han solicitado en el pasado sus compañeros de Anticorrupción y que ha sido rechazada por el instructor, que propuso que fuera el Supremo quien lo hiciera una vez imputara a Pablo Iglesias. Los fiscales también consideran que debería ser escuchado su entonces pareja, Ricardo De Sa Ferreira, que no ha declarado en la causa. 

Respecto al delito de daños, los fiscales del Supremo entienden que también debe ser citada Bousselham para que aclare si pudo o no acceder al contenido de su tarjeta cuando se la entregó Iglesias y también que se debe “ampliar” la prueba pericial para concretar cuáles son las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cual fue el sistema o la técnica empleada para proceder al “borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad” de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y la fecha del último acceso.

Se refieren los fiscales a un informe de la Policía Científica del pasado agosto que concluyó que los “daños” de la tarjeta de Bousselham fueron producidos por un tipo de “lijado” que se corresponde con las técnicas que realizan “los laboratorios especializados en recuperación de información de este tipo de dispositivos”. Es decir, que son compatibles con la manipulación del dispositivo que hizo la empresa de tecnología de Gales a la que recurrió la pareja de Bousselham para intentar recuperar su contenido después de que se lo diera Iglesias y que ya informó de que había llegado a sus instalaciones “físicamente intacto”.