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Opinión - Vivir sobre un polvorín. Por Rosa María Artal

Gürtel culpa de su 'fracaso' en Valencia al empresario de los 30 millones en contratos del PP

La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps

Pedro Águeda

La competencia entre empresas para obtener contratos de la Administración adquirió un nuevo cariz a mediados de la pasada década en la Generalitat valenciana. Dos sociedades dedicadas a campañas de publicidad y organización de eventos pugnaron por financiar con dinero negro al PP, que controlaba todas las instituciones, a cambio de adjudicaciones. Y en esa partida, ganó el equipo local. De tal forma que el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, confesó a eldiario.es que la delegación que había montado en Valencia no podía competir con el grupo de José Alfredo Vedri en ganar el favor del PP de Francisco Camps.

“En cuatro o cinco años, a Orange Market se le adjudicaron muy pocos concursos, y a Engloba, en un solo año, se le adjudicaron unos sesenta con la Generalitat”, explicaba Correa en la citada confesión por escrito. Con esos datos, y otros sobre el método de financiación ilegal del partido de Mariano Rajoy, el presunto jefe de la Gürtel negoció con la Fiscalía Anticorrupción una rebaja en la petición de condena para los juicios que le restan. Las pretensiones de Francisco Correa hicieron, sin embargo, que el Ministerio Público descartara cualquier posibilidad de pacto.

La cadena Ser informó este lunes de que Engloba y sus 14 filiales obtuvieron adjudicaciones de 11 consejerías de la Generalitat valenciana por valor de 30 millones de euros, la mayoría con Francisco Camps de presidente. Estas adjudicaciones están siendo investigadas dentro de la causa bajo secreto que instruye un juzgado de Valencia por la financiación irregular del PP local, la llamada Operación Taula. En el transcurso del operativo resultó detenido el dueño de Engloba, José Alfredo Vedri.

El viento comenzó a soplar a favor de Vedri ya en 1999, pero fue con el ascenso al poder de Camps, en 2003, cuando se dispararon las adjudicaciones de las que fue beneficiario. Por aquel entonces, Francisco Correa no tenía necesidad de ampliar un negocio que con el PP madrileño y el de Génova le reportaba enormes beneficios.

Pero Aznar dejó la Presidencia del partido y le sustituyó Mariano Rajoy, enfrentado a José Cuiña, el secretario general del PP gallego entonces. La mano derecha de Correa, Pablo Crespo, era hombre de Cuiña y los contratos del PP con las empresas de Correa comenzaron a decaer, según la confesión del presunto cabecilla de la Gürtel, entregada en la primavera de 2015 y publicada en octubre, después de que su autor diera la espantada en las negociaciones que mantenía con la acusación popular. 

El cambio de caras en Madrid no tenía, sin embargo, por qué suponer el fin de los vínculos entre Francisco Correa y sus socios con el PP. Para entonces, campañas electorales y eventos habían hecho de él y de Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, dos elementos más del paisaje con fondo azul del Partido Popular. “Álvaro conoce en un mitin a Francisco Camps, con quien establece una buena relación, lo que nos hace ver la posibilidad de trabajar con el PP de Valencia”, explica Correa en la confesión que eldiario.es publicó en octubre pasado. “Para ello se abrió una pequeña estructura y se creó Orange Market, y Álvaro Pérez se fue a vivir a Valencia…” Comenzaba la aventura valenciana para los dos conseguidores.

En su relato, Correa coloca a Camps en el centro de la trama de la financiación irregular. Así lo pone de manifiesto cuando asegura que la concesión de la organización del stand de Valencia en Fitur fue “por orden” del entonces presidente de la Generalitat. En el juicio por la organización de Fitur en julio pasado, Correa no fue tan allá y se limitó a declarar: “Es posible que Camps le dijera a Álvaro Pérez: ¿Por qué no te animas y vienes a hacer alguna campaña”, aseguró Correa en julio, cuando le tocó declarar en la vista oral del caso Fitur. Entonces se hizo el desentendido sobre los negocios que Álvaro Pérez movía en Valencia.

Había algo en la Comunidad Valenciana con lo que no contaban, sin embargo, 'El Bigotes' y Correa. Así lo explica éste último: “Al final, en Valencia tampoco tuvimos grandes adjudicaciones de eventos o campañas de comunicación de la Generalitat, que le fueron adjudicadas en su mayor parte a Engloba, que tenía el 80% de las adjudicaciones”. Según apunta ahora la investigación de la Fiscalía y la Guardia Civil, Engloba ya acaparaba la vía de financiación irregular del PP valenciano vía campañas de publicidad y celebración de eventos.

“Se nos concedió Fitur, una parte de la visita del Papa (subcontratado) por parte de la Generalitat, y pequeños contratos (Open de Tenis, etc..). Sin embargo, hacíamos todas las campañas y mítines del PP”, explica Correa. Pero no era suficiente. Hasta tal punto que la influencia de Vedri en la Generalitat, en detrimento de la Gürtel, provocó una crisis en el seno de la red que dirigía Correa. “El hecho de que Álvaro Pérez no fuese capaz de conseguir más contratos públicos de la Generalitat provocó fuertes broncas con él, porque los beneficios de los eventos para el PP (mítines y campaña, una cada cuatro años) no resultaba rentable para mantener la estructura en Valencia”, relató el cabecilla de Gürtel.

La participación de Engloba en la financiación irregular del PP valenciano iba a ser una de las bazas a jugar por Correa para obtener beneficios. Así queda en el final de esta parte del relato que Correa hizo a eldiario.es: “El Ministerio Fiscal puede comprobar la gran diferencia de adjudicaciones de contratos de la Generalitat con Engloba y Orange Market, u otras empresas”.

De nuevo el 3%

Según la información de la cadena Ser, la mayoría de los contratos que conseguía Vedri eran a través de un procedimiento negociado, sin publicidad, en el que la Generalitat invitaba a tres empresas. Y las tres eran de Vedri. En otras ocasiones, ni siquiera era necesario. Se establecía el procedimiento de urgencia y se adjudicaba a dedo. A cambio, el empresario entregaba presuntamente un 3% a los políticos del PP valenciano. Una parte era para ellos, otra para el partido.

Otra vez el 3% del que ya habló Correa en la financiación irregular del PP a nivel nacional. En su confesión, Francisco Correa desvela su verdadero papel en la trama de la caja B. El era el encargado de buscar a empresarios para Luis Bárcenas, que acordaba con ellos la entrega del dinero negro. “Cuando se producía una adjudicación, los empresarios me entregaban, siempre en efectivo, el importe de la comisión, que yo posteriormente trasladaba a Luis Bárcenas, después de deducir mi participación. El importe de la comisión que se cobraba a los empresarios era normalmente del 2-3%, dependiendo del importe”, explicó Correa.

Ni que ‘El Bigotes’ fuera bautizado como “amiguito del alma” por Camps, ni el bolso de Louis Vuitton a Rita Barberá servían para hacer frente a la agencia de comunicación de Vedri. Tampoco que Milagrosa Martínez, que posteriormente sería presidenta de las Cortes Valencianas, recibiera el regalo de un reloj Hublot“ cuando era consejera de Turismo.

También su jefe de gabinete, Rafael Betoret, recibió regalos, en concreto, los trajes por los que fue condenado al asumir voluntariamente que había cometido un delito de cohecho impropio, un delito que Camps negó y con ello logró ser absuelto, según Correa. “A Ricardo Costa se le regaló una motocicleta. Ignoro la marca aunque sé que tenía dos ruedas delante. No estaba a su nombre y posteriormente la devolvió (puedo preguntar los pormenores)”, añadía en su confesión.

A Costa, quien fue secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, diputado y portavoz parlamentario, le atribuye Correa la responsabilidad en una pieza en la que el político también está imputado: la de la financiación ilegal del PP valenciano, que habría recibido fondos de diversos empresarios a través de Orange Market para pagar actos de dos campañas electorales en 2007 y 2008. “Ricardo Costa fue quien propuso y obligó, y por decir la verdad en contra del criterio de Pablo (Crespo), a que facturásemos a constructores obviamente por servicios no prestados a ellos”, afirmó.

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