La Fundación Villacisneros reclama “apoyo social” para reabrir “todos” los casos de ETA sin resolver, que cifra en 300

El presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez Pineda, ha dicho este viernes que si la sociedad civil mostrara “más apoyo” a los intentos de investigar los crímenes de ETA se podrían reabrir todas las causas sobre casos que no han sido resueltos.

“La sociedad civil española está adormecida, aletargada, mira para otro lado, está perezosa y acomodada a vivir bien exclusivamente”, ha lamentado en una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press, en la que ha denunciado una falta de compromiso por parte de la sociedad civil.

Es más, cree que “hay que despertar a las élites de España”, tanto profesionales, económicas o de todo tipo. “Yo creo que son en parte responsables, que sí pueden hacer algo y están mirando para otro lado”, ha opinado.

A su modo de ver, las víctimas “no están disgustadas”, sino “abandonadas”. Por ello, ha relatado que su Fundación ha puesto en marcha el proyecto “Dignidad”, que tiene como objetivo “ayudar a que se haga justicia, ayudar a que se cuente el relato de verdad”. “Hay alrededor de un 40 por ciento --unos 300 -- de casos sin resolver, que han quedado impunes”, ha lamentado.

CASO DE ANTONIO RAMÍREZ Y SU NOVIA HORTENSIA GONZÁLEZ

La Fundación Villacisneros ha colaborado con Aurora González en su objetivo de que se reabriese la causa por el asesinato de su hermana, algo que finalmente ha hecho el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El 6 de enero de 1979, el guardia civil Antonio Ramírez y su novia Hortensia González fueron asesinados por ETA en Guipúzcoa, pero tras dos meses de investigación, el Juzgado central de Instrucción número dos sobreseyó el caso por “falta de autor conocido”.

“Fue un duro golpe para nuestra familia. Siempre ha tenido el deseo de saber si habían cogido al asesino. Tengo la necesidad de saber qué ha sido de él”, ha dicho Aurora González en la misma emisora.

El presidente de la Fundación Villacisneros ha destacado que la “línea de investigación nueva” que ha abierto el fiscal, considerando que los plazos para que prescriba el delito de integración en banda armada sólo empiezan a contar cuando el acusado deja la banda, “puede crear incluso jurisprudencia”.

Pero además, ha remarcado que “de acuerdo a los convenios internacionales firmados por España, el delito de terrorismo por su gravedad es un delito internacional que no prescribe”, aunque ha admitido que habrá que esperar a ver qué dice el fiscal. En cualquier caso, ha subrayado la decisión del juez es que “se practiquen las diligencias que se dejaron de practicar al cabo de dos meses”.