El Gobierno achaca a la incertidumbre del factor Trump las dificultades para cerrar el paquete de medidas frente la guerra

La retórica confusa y contradictoria de Donald Trump se ha convertido en un problema añadido para la toma de decisiones de los gobiernos europeos frente a la guerra. A golpe de improvisación, el presidente de los EEUU es capaz de dar por terminados los ataques sobre Irán y, el mismo día, sostener lo contrario. Tan pronto defiende que la invasión coordinada con Israel será una “breve incursión”, como escribe en sus redes sociales que intensificará los ataques si el régimen de los ayatolás cierra el estrecho de Ormuz, lo que supondrá que una cuarta parte del petróleo mundial y el suministro de gas dejará de llegar al mercado. Un día defiende que los objetivos de la operación militar están “casi completados”, y al siguiente que “la operación no ha hecho más que comenzar” y que los bombardeos pueden durar hasta ocho semanas.

La imprevisión del inquilino de la Casa Blanca es el principal motivo que la Moncloa arguye para no haber aprobado aún el paquete de medidas con el que afrontar la nueva crisis, según versión de varios ministros socialistas. Todos, por cierto, en perfecta sincronía para criticar la precipitación con la que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró el pasado jueves que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobaría el decreto con las medidas anticrisis. Los titulares de Presidencia y Economía, Félix Bolaños y Carlos Cuerpo, tuvieron que salir de inmediato a rectificar las palabras de la también ministra de Trabajo y enfriar los plazos que ella había fijado. 

“Salvo que la ministra [Díaz] se empeñe en precipitar alguna medida de su Departamento para que vaya al próximo Consejo, lo que incluya el decreto que tendrá que convalidar después el Congreso no parece que vaya a estar listo para entonces”, aseguran desde la Presidencia del Gobierno. El empeño de la vicepresidenta en anunciar decisiones que le trascienden es algo, además de habitual, que ha motivado no pocos enfrentamientos de los socialistas con la ya exlíder de Sumar. El de esta semana tenía especial relevancia porque en la parte socialista del Gobierno la consigna era aguardar a valorar el alcance de la crisis y, después, proceder a la activación de distintos planes de contingencia con los que paliar sus efectos en los colectivos más afectados. 

La única certeza en este momento es que Trump se ha embarcado en la guerra sin una hoja de ruta definida y arrastrado por Benjamín Netanyahu a una ofensiva que puede desestabilizar aún más Oriente Medio en un momento de profunda división en Europa. A la ya habitual cacofonía entre los diferentes estados miembros en materia de Defensa y Seguridad se han sumado esta semana unas declaraciones de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con las que animaba a no derramar una lágrima por el régimen iraní y expedía el certificado de defunción del viejo orden internacional sin una sola una mención a los Derechos Humanos ni a la vulneración del Derecho Internacional. Palabras que se vio, más tarde, obligada a rectificar ante las críticas que desató en el seno de la UE.

De alargarse en el tiempo, la guerra puede provocar una crisis energética global y afectar gravemente al suministro de petróleo y gas, si bien lo único que puede frenar al presidente de los EEUU es que empiece a acusar problemas internos como consecuencia de una subida del tipo de interés del dólar y de la inflación. Esto además de que crezca la contestación del partido republicano, temeroso de que la ofensiva militar afecte a sus resultados en las elecciones de mitad de mandato el próximo noviembre. 

En este contexto, el Gobierno achaca a la incertidumbre del factor Trump las dificultades para cerrar el paquete de medidas frente a la guerra. Y Pedro Sánchez se agarra a la imposibilidad de calcular la dimensión de la crisis para justificar el retraso en la aprobación de un decreto que la oposición ha exigido prácticamente desde el primer día de los bombardeos. El presidente, aseguran en su entorno más cercano, prefiere escuchar a sus homólogos europeos antes de detallar el paquete fiscal y no descarta incluso aprobarlo tras la cumbre europea del día 19, en la que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea abordarán la respuesta a la escalada militar en Oriente Medio, así como la agenda comunitaria de competitividad, cuya aplicación se ha vuelto más urgente ante el impacto económico del conflicto.

En el gabinete presidencial lo explican en los siguientes términos: “Los canales diplomáticos con EEUU ya no sirven para tener información precisa sobre los planes de Trump y Netanyahu, por lo que el presidente quiere escuchar, el próximo jueves en la cumbre de Bruselas, la opinión del resto de líderes europeos y explorar posibilidades de articular posiciones comunes. Hasta entonces, lo lógico es contener la impaciencia y no precipitarse en la toma de decisiones”.

Los ministros del PSOE sostienen, sin embargo, que trabajan con el objetivo de aprobar las medidas cuanto antes, aunque reconocen la dificultad para hacerlo el próximo martes, como anticipó Yolanda Díaz. Lo que no descarta ninguno es que las ayudas se aprueben de forma gradual en función de la evolución de la crisis y que Trabajo precipite para esta semana medidas de protección a los trabajadores.

Los 25.000 millones de ahorro fiscal por Ucrania

“Tenemos el plan sobre la mesa y lo estamos acabando de perfilar”, asegura el ministro Cuerpo, en referencia a los contactos con los sectores afectados, los agentes sociales y los grupos parlamentarios para que el paquete de medidas tenga el mayor consenso posible. Economía ya ha tenido contactos con las distribuidoras de comercio minorista, que de momento no han detectado afectación a los precios en la alimentación. En la Moncloa defienden que la situación no es tan grave como cuando se produjo la guerra en Ucrania, algo que se refleja en el hecho de que la Comisión Europea no permite saltarse las reglas fiscales, tal y como ocurrió también con la pandemia.

Lo que se pretende evitar en todo caso es una lluvia de millones en ayudas y beneficios fiscales como se hizo con motivo de la crisis inflacionaria que desató la guerra de Ucrania. Entonces, la reducción, aprobada por el Gobierno, del IVA de la electricidad y los alimentos supuso un ahorro de más de 25.000 millones de euros. Solo el primer paquete de medidas aprobadas en marzo de 2022 supuso 6.000 millones de euros en rebajas fiscales y ayudas más otros 3.600, en junio de 2022, con la rebaja al 5% del IVA de la luz y el gas natural. Todo frente a una oposición que repite sin cesar el mantra de una necesaria rebaja de impuestos, como si el gobierno de España no hubiera hecho nada al respecto. 

Ahora, Economía está dispuesta también a aprobar rebajas en la fiscalidad de la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra de Irán, pero no a que la medida se extienda a los alimentos de primera necesidad como se aprobó en enero de 2023. Tampoco está prevista una rebaja al precio de la gasolina y el diésel, salvo para el transporte profesional, la pesca y la agricultura.