El Gobierno defiende la legalidad del rescate de Plus Ultra ante el estallido del caso Zapatero

El Gobierno se lanza en tromba a defender la legalidad y limpieza del préstamo de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra. Esa operación de rescate, consumada en marzo de 2021 en el marco de las políticas económicas desplegadas para paliar las consecuencias de la pandemia, está en el centro de la causa que investiga la Audiencia Nacional y en la que ha resultado imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que sostiene en su auto el juez Calama es que Zapatero podría haber incurrido en un delito de tráfico de influencias por, supuestamente, mediar con el Gobierno para hacer realidad ese rescate y cobrar después una comisión a través de empresas interpuestas. Un círculo vicioso de presunta corrupción que el Ejecutivo se esfuerza en echar por tierra, al menos en la parte que le afecta directamente.

Porque ya el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se lanzó el miércoles en la sesión de control del Congreso a advertirle a Pedro Sánchez que el entramado que describe el juez en su escrito no sería posible sin que hubiera implicación directa de su Consejo de Ministros. “Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir”, le dijo el líder del PP. Una tesis a la que se subió también la dirección de Podemos. “El auto pinta feo, y lo que quizá es más grave de todo es que, de confirmarse la información, es evidente que esto no se puede hacer sin el Gobierno, que esa decisión se toma desde el Consejo de Ministros”, dijo Ione Belarra.

Por eso, y mientras en Moncloa y en Ferraz se contiene la respiración hasta ver la dimensión real del caso, la obsesión del Gobierno ahora es dejar claro que la operación de rescate a Plus Ultra se hizo conforme a la ley y con total pulcritud. “Plus Ultra, como compañía aérea, formaba parte de un sector estratégico, como así lo marcaba la normativa, y cumplía los requisitos en una empresa de este sector. Las ayudas responden a un procedimiento administrativo”, defendió el Ejecutivo este jueves en contra de la tesis del juez instructor, que esboza en su auto que la aerolínea no cumplía con los requisitos para recibir la ayuda.

“Las compañías aéreas que lo necesitaron por el impacto COVID y cumplían los requisitos, recibieron los préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Un total de 890 millones de euros para Air Europa, Volotea, Air Nostrum, Plus Ultra, Wamos Air y Evelop Airlines. La adjudicación de los préstamos se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad, ni la discriminación. La normativa exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos”, sostiene el Gobierno.

De esa forma, Moncloa intenta desterrar las sospechas que plantea la investigación sobre si realmente esa aerolínea era estratégica y solvente, como resultaba requisito imprescindible para acceder al rescate. “La resolución favorable del expediente por parte del Consejo Gestor se tomó en base a media docena de informes técnicos. Todos ellos avalaron y confirmaban el cumplimiento por parte de Plus Ultra de los requisitos establecidos. Con posterioridad, el Consejo de Ministros autoriza la propuesta del Consejo Gestor”, añade el Gobierno.

Después de decenas de preguntas parlamentarias de la oposición durante toda la legislatura respecto al rescate de Plus Ultra, el Ejecutivo accede ahora, al fin, a dar detalles de esa operación, algo que hasta la fecha había evitado con el argumento de que la Ley se lo impedía, por tratarse de datos de “carácter reservado”. “Toda la información y documentación correspondiente a los expedientes tramitados y/o autorizados con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas tiene carácter reservado, tal y como establece el mencionado Real Decreto-Ley 25/2020”, respondían con esta coletilla a todas las preguntas parlamentarias.

Ahora, en cambio, y tras la imputación por primera vez en democracia de un presidente del Gobierno, el Ejecutivo detalla en qué condiciones se produjo una operación económica que la Audiencia Nacional ha puesto en el ojo del huracán por los negocios privados de Zapatero. “El expediente fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de SEPI, contó con el asesoramiento de sendos asesores financiero y jurídico externos, fue revisado infructuosamente por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, por la Fiscalía, por numerosas acusaciones populares y también por un perito judicial”.

“Fue analizado por la Comisión Europea, que no halló ninguna irregularidad en el régimen de ayudas de Estado”, prosigue la defensa del Gobierno. “Está incluido en la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado, fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, concluyendo la legalidad de la ayuda. Ha sido objeto de puntual seguimiento por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado el régimen de ayudas”.

“Los aplazamientos finalizaron por pago”

Sobre la posibilidad de que Plus Ultra incurriera en un incumplimiento del requisito de estar al corriente del pago de deudas con la Seguridad Social, fue el propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social el que salió al paso con un comunicado para explicar que la empresa había solicitado aplazamientos de deuda antes de que la ayuda le fuera concedida. “La concesión del aplazamiento en concreto a Plus Ultra se ciñó en ese momento a la normativa vigente y al proceder normal en una situación de este tipo. Todos los aplazamientos concedidos finalizaron por pago”, sostienen desde el departamento de Elma Saiz.

Ahora, el Gobierno y el PSOE esperan con inquietud los detalles del sumario y de los informes policiales para comprobar si suponen un salto en la documentación probatoria que complique aún más la situación procesal y política de Zapatero. Por el momento, la baza a la que se aferran es que la línea de puntos que traza el juez entre el rescate de Plus Ultra y la actuación de Zapatero no se sostiene en prueba explícita alguna. Por si acaso, la Moncloa se afana ahora en encapsular la actividad privada del expresidente, al que aún defiende, y blindar la acción política del Ejecutivo de Pedro Sánchez.