La vieja guardia de Gallardón convierte el caso Lezo en su última batalla política

Las luchas intestinas en el PP de Madrid que durante años marcaron la política regional se han reproducido, años más tarde, en la Audiencia Nacional. Pasó con Cristina Cifuentes y Francisco Granados en el caso Púnica y ahora se ha dado en el caso Lezo. En esa ocasión, el enfrentamiento que ha revivido dentro y fuera de los juzgados es el que durante años mantuvieron Alberto Ruiz Gallardón y sus afines con Esperanza Aguirre y especialmente con su eterno número dos, Ignacio González.

Ese choque tiene casi una década de antigüedad. El capítulo más cruento fue cuando se destapó en enero de 2009 que el Gobierno de Madrid tenía un servicio secreto para espiar a políticos. Entre esos políticos estaba Manuel Cobo, mano derecha de Gallardón y posible rival de Aguirre para destronar a Mariano Rajoy. Cobo relató poco después cómo Aguirre y González se habían hecho con todo el control del PP de Madrid.

Algunos de los protagonistas de ese capítulo de la historia de la política madrileña se han vuelto a cruzar en el caso Lezo. Esa investigación sobre el Canal de Isabel II que tiene a González en la cumbre derivó también hacía Gallardón y sus colaboradores. Anticorrupción cree que llevaron a cabo la compra de una empresa colombiana a través de una sociedad panameña por más dinero del que costaba realmente. El excedente pudo ir a los bolsillos de algunos implicados, según sospecha la Fiscalía.

Las pesquisas comenzaron con una conversación grabada a González en la que daba muchos detalles sobre esa operación. Además, en el sumario consta un informe de Cuatrecasas que habla de irregularidades en esa compra. El documento fue encargado por el propio González y tiene varias versiones. En la primera descartaba las irregularidades, que se fueron añadiendo en sucesivas revisiones del texto.

González “difama a todos”

El juez Manuel García Castellón ha ido citando a todos los implicados en la compra de Inassa en 2001. Desde los consejeros del Canal a los miembros del Gobierno de Gallardón, que han visto en su paso por la Audiencia Nacional la última jugada de González por mancharles a ellos y a su gestión política al frente de la Comunidad de Madrid. Y han respondido de forma unánime.

Pedro Calvo, exconsejero madrileño, dijo que González “difama a todos en sus conversaciones” y trató de distanciarse de su gestión. Afirmó que la compra de Inassa no tenía nada que ver con la de Emissao (que llevó al expresidente madrileño a prisión provisional) y le tildó de “supuesto corrupto”. Eso lo dijo en la Asamblea de Madrid, y cuando tuvo que declarar en los juzgados insistió en la misma idea: que el responsable de que el Consejo de Administración del Canal de 2001 tenga que dar explicaciones ante el juez es Ignacio González.

Esta semana ha sido el turno de otros dos estrechos colaboradores de Gallardón, que se han esforzado en defender su gestión. El primero fue Carlos Mayor Oreja, exconsejero de Justicia, que como han hecho otros defendió la compra y la gestión que durante esos años se hizo del Canal de Isabel II, que buscaba modernizar y potenciar la empresa pública.

Al día siguiente le tocó el turno a Manuel Cobo. Durante años mano derecha de Gallardón y por ende en mitad de la guerra política dentro del PP de Madrid, tras su declaración se paró antes las cámaras con dos objetivos: limpiar la imagen de sus años de gobierno y cargar contra González.

“Nada tiene que ver con la compra de Emissao”

“Esto nada tiene que ver con la compra de Emissao”, comenzó diciendo. Aseguró que la gente que aprobó la compra “dependía entonces de un gran presidente, y citó a técnicos del Canal que abandonaron la sociedad porque durante los gobierno de Aguirre y González ”no les gustó lo que vieron“.

Esa defensa de Gallardón dio paso al ataque contra González. Pidió que explicase por qué en esta causa hay un informe de Cuatrecasas que tiene 16 versiones y que en la primera dice “que está todo bien”. “En Cuatrecasas hay gente cabreada con lo que alguno de Cuatrecasas hizo, con los cambios, cuando se preguntó a los responsables dicen que no se enteraron de los cambios”, añadió.

En definitiva, se esforzó en limpiar la imagen de sus años de gobierno antes de que llegase el turno de su antiguo jefe. Gallardón ha declarado este jueves como imputado y aunque no se ha referido a González, según fuentes presentes en el interrogatorio, le ha dejado un recado dentro de la sala. Ha dicho ante el juez que ninguno de sus colaboradores cuando presidía la Comunidad de Madrid ha sido imputado por corrupción.

Esa afirmación choca con la propia investigación del caso Lezo, que tiene imputados a sus consejeros, pero revela el deseo de distanciarse del protagonista de la trama. Gallardón, y en especial sus exconsejeros, se han marcado como objetivo que no se les mezcle con quien fue su rival político, en un último intento de resaltar su gestión en Madrid, el legado que luego cayó en manos de Aguirre y González y que ha acabado en varios sumarios de corrupción.

Por ahora, enfrente no solo tienen a González en esa tarea. La Fiscalía Anticorrupción ha impulsado la investigación de esta rama del caso bajo la sospecha de que en la compra de Inassa se saltaron las normas de la empresa pública y pagaron más de lo que costaba. En la querella original de Anticorrupción se apuntaba a unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de distintos implicados en la operación.