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Las guerras internas del PP de Madrid estallan una década después en los tribunales

El exvicepresidente y número dos del PP cuenta al juez que la campaña de Aguirre se pagaba por fuera de los cauces del partido y con dinero procedente de la Comunidad

Granados acusa a Cifuentes de estar al tanto de la financiación irregular del PP por la "relación especial" que mantenía con Gonzalez y la presidenta anuncia una querella

El caso Lezo destapó un informe ad hoc que Ignacio González pidió a su hermana, socia en un gran bufete para buscar agujeros en la gestión de Gallardón

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MADRID, 12/05/07.- La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Esperanza Aguirre, durante el acto electoral celebrado hoy en la plaza de toros de Valdemoro (Madrid), acompañada por el director de Campaña, Ignacio González (d), y el secretario general del PP regional, Francisco Granados (i). EFE/Kiko Huesca

Aguirre flanqueada por Granados y González en una imagen de archivo

Espionajes cruzados, dosieres comprometedores, informes encargados a reputados bufetes con argumentos jurídicos redactados ad hoc, chantajes, y hasta revelaciones en la Audiencia Nacional sobre supuestos amoríos entre los principales dirigentes políticos...

Las cruentas guerras internas del PP regional han estallado con toda su virulencia una década después en los tribunales. La formación que viene gobernando la Comunidad de Madrid ininterrumpidamente durante los últimos 23 años no solo ha visto cómo sus dos últimos secretarios generales y rivales irreconciliables han sido encarcelados –Francisco Granados por la Operación Púnica, Ignacio González, en la trama Lezo–. La evolución de los distintos sumarios en los que están inmersos sus principales líderes ha abierto en canal al partido y  puesto al descubierto todas sus miserias y revelado hasta qué punto conspiraban las distintas familias.

El último episodio se dio este lunes en la Audiencia Nacional. Quien fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y en el PP, Francisco Granados –acusado de una ristra de graves delitos y a quien Anticorrupción y la Audiencia Nacional sitúan al frente de una organización criminal– se presentó ante el juez  para librar cuentas con sus enemigos de siempre.

Granados y sus abogados habían levantado en las vísperas mucha expectación entre la prensa tras avisar a distintos medios de que el exvicepresidente de Madrid esta vez sí iba a tirar de la manta. Su testimonio en la Audiencia Nacional involucró a González y a Aguirre en la financiación ilegal del PP aunque sin aportar papeles. "Yo salgo de los sitios con lo puesto, no me voy llevando documentos de la administración o del partido", se justificó a la salida ante la prensa. Dentro, en la sala de declaraciones, explicó que fue González quien dirigió siempre la campaña paralela de la expresidenta madrileña, que iba al margen de los cauces del partido y del gerente regional y que se pagaba con fondos de la Comunidad de Madrid. Granados se quedó ahí y según fuentes jurídicas que conocen el caso, su declaración no aporta gran cosa después de los indicios que ya figuran en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional.

Hasta ahí, lo normal: la venganza de un dirigente acorralado en los juzgados que en su día perdió la batalla interna dentro del aguirrismo frente a Ignacio González. Pero Granados tenía reservada otra bomba en su declaración para la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Siempre a preguntas de su abogado –ninguna pudo pillarle por sorpresa– el exsecretario general del PP madrileño aseguró que Cifuentes estaba al tanto de todo por la "relación especial¨ que mantuvo con Ignacio González y que se frustró tras una "ruptura sentimental". Se trata de un paso más en la estrategia de Granados, quien ya había pedido en un escrito a la Audiencia Nacional el pasado otoño que se citase como imputada a Cifuentes, cuyo testimonio, consideraba "imprescindible" para investigar la presunta financiación ilegal del PP.  

La presidenta madrileña respondió ayer con el anuncio de una querella contra Granados. En un comunicado de apenas un párrafo Cifuentes adelanta que "ejercerá cuantas acciones correspondan en los tribunales por un cúmulo de falsedades y por un atentado contra su honor y su imagen". La forma en la que se refiere a su excompañero de partido Cifuentes explica bien cómo acabaron las cosas entre algunos de los dirigentes más poderosos de la historia reciente del PP madrileño.

En el sumario de Lezo constan otros episodios de las batallas fratricidas en el seno del PP durante más de una década y del eterno enfrentamiento entre el aguirrismo y el equipo de Gallardón. Entre los expedientes está la auditoría de Cuatrecasas que el mismísimo Ignacio González encargó personalmente a su cuñada, Pilar Cavero, entonces socia directora del bufete, para implicar al entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que pedía encontrar "agujeros o zonas grises" en la compra por parte del Canal de Isabel II cuando Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid de la filial americana Inassa".

Según adelantó hace unas semanas la cadena Ser, González pidió que ese estudio –una de las pruebas que figuran en el caso Lezo y que apuntan a un sobreprecio millonario en la compra de la empresa de aguas americana–. Su cuñada, alta directiva de Cuatrecasas, explica en un correo electrónico cual era el encargo que González le había pedido sobre los expediente de la era Gallardón: "Hacer la foto y la revisión de todos los aspectos fiscales, contables, legales y dar datos e información sobre compras, ventas, e incluso revisar si los precios de ventas eran razonables o ridículos, pues parece que alguno de los precios de venta son inaceptables" [...] "Tienen la impresión de que en la sociedad colombiana y otras hay más de un agujero o zona gris".

El correo electrónico tiene la fecha del 25 de febrero de 2004, apenas cuatro meses después de que Aguirre hubiese sucedido a Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid aún en la era de la guerra fría.

Lo que vino después será algún día parte de los libros de historia. Casi una década de competición interna, de rivalidades y capítulos más o menos grotescos en tramas de espionaje que también desembocaron en los tribunales. Lo que Manuel Cobo, la mano derecha de Gallardón en la Comunidad y el Ayuntamiento y víctima de los seguimientos, denominó "gestapillo": guardias civiles reclutados por el servicio de seguridad de la Comunidad de Madrid en tiempos de Aguirre para vigilar los pasos de sus enemigos políticos. El propio Gobierno de Cifuentes admitió en el juzgado que todo eso se había pagado con dinero público y pidió abrir juicio con jurado contra sus responsables. Falta fijar la fecha para que otro tribunal destripe más interioridades de aquella batalla fratricida y el perjuicio para las arcas de la Comunidad. En el banquillo se sentarán seis procesados por malversación de fondos públicos: tres guardias civiles, dos policías nacionales y un empleado autonómico. El juez no ha podido determinar quién les mandaba.

Ese juicio será otro capítulo de la telenovela de intrigas en que se ha convertido el PP de Madrid, durante una década larga la organización territorial con más poder y presupuesto del Partido Popular.

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