La inviolabilidad del rey emérito aviva el debate sobre la reforma de la Constitución: solo un tercio del censo actual pudo votarla

La noticia de que la Fiscalía suiza investigaba una supuesta donación de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí a Juan Carlos I, el último de la larga lista de escándalos que afectan al anterior monarca, ha acrecentado las dudas sobre la ejemplaridad de la Casa Real −cuya imagen ya quedó muy tocada por la corrupción de Iñaki Urdangarin− y colocado en el primer plano el debate de la inviolabilidad del rey que consagra la Constitución. El contable de Juan Carlos I, que también movían las cuentas de la red Gürtel, ha relatado a la justicia suiza que cuando era rey llevó una maleta cargada de billetes a un banco de Ginebra. Y se ha publicado que mientras pregonaba transparencia y buenas prácticas financieras él mismo sacaba mensualmente 100.000 euros para gastos de esos bancos suizos alimentados con donaciones de dictaduras de países árabes.

Lo que trasciende de la Fiscalía suiza y las revelaciones de quien fue su amante han precipitado su salida de España en plena investigación judicial sobre sus finanzas, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó las noticias de “perturbadoras” antes de que la casa Real anunciase su marcha al extranjero. Sánchez envió después una carta a la militancia del PSOE en la que defendía la “lealtad” de su partido “a la Constitución; a toda, de principio a fin”. Volvió a hacerlo semanas después en una entrevista al ser preguntado sobre el rey emérito.

El debate sobre la monarquía está en la sociedad. Sus socios de Gobierno de Unidas Podemos han registrado una iniciativa para que el CIS, que depende del Gobierno, pero del ala socialista, pregunte por ello en la siguiente encuesta. Partidos como ERC y Bildu han pedido una comisión de investigación sobre los manejos de dinero del rey Juan Carlos que de momento no ha logrado reunir apoyos suficientes.

La reforma constitucional es un asunto tabú entre los grandes partidos. Un melón que solo se ha abierto cuando Bruselas y la troika ordenaron consagrar la austeridad en la Carta Magna. El presidente del Gobierno, entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, pactó con Mariano Rajoy modificar el artículo 135 para anteponer el pago de la deuda a todo lo demás, incluidas las políticas sociales. La medida tuvo unos efectos letales para el PSOE, que se fue a la oposición y sufrió una gran herida interna. El debate sobre la reforma constitucional, que exigiría de grandes consensos, está aparcado en un momento en el que los principales partidos ni siquiera han sido capaces de pactar la prolongación del estado de alarma en los meses críticos de la pandemia.

Partido Popular, Ciudadanos e incluso Vox, cuyas propuestas chocan frontalmente contra algunos de sus artículos, han tratado de apropiarse de la Carta Magna hasta autodefinirse como el “bloque constitucionalista” y confrontar con el PSOE y Unidas Podemos a propósito del conflicto territorial y de Catalunya.

Mientras tanto, encuestas publicadas durante los últimos años reflejan que el aumento de personas partidarias de una reforma creció durante los años de la crisis y ha llegado hasta el 70%, también influidas por quienes ven en un cambio constitucional la salida a la situación en Catalunya. Más allá de la fiabilidad o no de los sondeos, es difícil cuantificar las urgencias sobre la reforma constitucional de la sociedad. Los datos oficiales del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística analizados por elDiario.es apuntan a que solo un tercio de la actual población con derecho a voto pudo participar en el referéndum sobre la Constitución.

Solo un tercio del electorado actual pudo votar la Constitución

Proporción del censo actual que pudo votar y que no pudo votar en el referéndum sobre la Constitución. Haz clic en las cajas para más información

Fuente: Ministerio del Interior, INE

El último censo electoral elaborado por el INE para las elecciones generales del 10N fue de 37 millones de personas. Para saber cuántas de ellas tuvieron la oportunidad de ser preguntadas sobre la Constitución en 1978 basta con comprobar el número de electores que tienen en la actualidad 60 o más años —los que tenían más de 18 años el año de la consulta, según establecía el Real Decreto-ley 33/1978, de 16 de noviembre, sobre mayoría de edad, publicado 20 días antes de la celebración del referéndum—. Son 12,4 millones de personas que constituyen el 33,5% de la masa electoral actual. Al otro 66,5% restante, 24,6 millones de personas, nunca se le preguntó si aprobaba el proyecto de Carta Magna.

Hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que el censo electoral, como la propia demografía española, ha cambiado en estos 42 años. El número de personas con derecho a voto en diciembre de 1978 era de 26.632.180 personas, diez millones menos que en noviembre de 2019, compuesto por 37.001.219 electores. Por otro, que el cálculo del 33% del censo actual que pudo participar en la consulta está sobrestimado, ya que en ese periodo ha habido población que ha adquirido la nacionalidad española después de 1978, por lo que no formaron parte del censo de entonces pero sí del actual.

Los menores de 60 años suponen el 66% del censo

Proporción del censo actual que pudo votar y que no pudo votar en el referéndum sobre la Constitución, por franjas de edad

Fuente: Ministerio del Interior, INE

¿La baja representatividad supone un problema?

El debate sobre si cada sociedad debe tener su propia ley fundamental viene de largo. “No veo que tenga relevancia alguna que la población actual española no hubiera votado directamente la Constitución”, considera Teresa Freixes, Catedrática Jean Monnet ad personam. “Nadie que hoy viva en Estados Unidos votó la suya, que es de 1787. Las constituciones se validan y legitiman día a día a través de su interpretación, desarrollo y aplicación, no porque se las vaya votando de vez en cuando. Hay que hacerlo cuando así esté previsto, y tenemos ejemplos de 'validaciones referendadas' de referéndums 'constitucionales' que no son precisamente ejemplos de democracia en Turquía, Rusia y diversos países de América Latina”, argumenta la experta.

Sebastián Martín, profesor de historia del derecho de la Universidad de Sevilla, también pone como ejemplo otras democracias europeas, como la italiana o la alemana, cuyas constituciones se retrotraen al final de la Segunda Guerra Mundial. “A priori, esto no tiene porqué ser un problema”. Coincide con él la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III Itziar Gómez, para quien el quid de la cuestión está en que “existe una opinión pública amplia que se plantea la necesidad de actualizar el pacto constitucional, cosa que en nuestro país no se ha hecho realmente porque no han existido modificaciones notables, como sí ha ocurrido en otros países de nuestro entorno”.

“Nadie quiere correr con el riesgo político de una reforma”

Los datos recogidos en los sucesivos estudios del CIS parecen dar la razón a la experta en Derecho Constitucional. Desde el año 2000, la proporción de personas entrevistadas que se declaraba a favor de reformar la Constitución ha sido cada vez mayor. En septiembre de 2018 (última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas preguntó por ello), llegó al 70%, frente al 15% que consideraba que era preferible “dejarla como está”.

La reforma de 1992, para que los españoles en el extranjero pudieran votar en las elecciones municipales; y la de 2011, aprobada por el PP junto al PSOE, para priorizar el pago de la deuda pública; son las dos únicas modificaciones que ha experimentado nuestra Constitución desde su nacimiento. “La historia de España revela una preferencia por romper con el orden constitucional: hemos ido sustituyendo constituciones por constituciones”, reflexiona el experto en historia del Derecho. “Las cláusulas para una revisión parcial o total de la Constitución son tan exigentes que dificultan la reforma”, explica Martín. “Esto hace que, o bien la Constitución se mantenga formal pero ficticiamente vigente mientas la realidad sigue otro cauce, o que se promuevan escenarios de ruptura”.

Gómez reflexiona en una línea similar: “En España las reformas no son habituales porque el procedimiento de las partes más importantes es tan complejo que implicaría un riesgo político alto que nadie quiere correr”. ¿Por qué no hubo entonces mayor problema con los dos cambios anteriores? “Porque no afectaban a los temas políticamente más complejos que polarizan en España: monarquía-república, laicidad del Estado, derechos sociales, organización del poder territorial”, resume la experta. “Pienso que las Constituciones pierden legitimidad cuando la ciudadanía se 'desconecta' de las reglas que contienen en ella. Y en España hemos desconectado de muchas de esas reglas, en particular las generaciones que no vivimos la Transición”.

“Reformar la Constitución es ahora más necesario que nunca”

Javier Pérez Royo sí que vivió la Transición. Intensamente. Fue organizador de la Junta Democrática en Sevilla, y en el 78 era miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. Trabajó frecuentemente con Solé Tura, uno de los padres de la Constitución. El catedrático en Derecho Constitucional no se arrepiente “en absoluto” de votar la Carta Magna: “La Constitución ha sido un éxito en la historia de España. Gracias a ella hemos tenido el mejor Estado en estos cuarenta años”, asegura. Para el jurista “el pacto constitucional tendría que haber sido un punto de partida”, y señala como problema que la ausencia de reformas de la Constitución la ha hecho “envejecer” y que “la legitimidad del momento constituyente haya ido perdiendo intensidad”. “Ahora mismo es prácticamente inimaginable reformar la Constitución, y es más necesario que nunca”.

Quien también vivió activamente el periodo de la Transición fue Luis Miguel Urbán, víctima del torturador franquista 'Billy el Niño'. Fue fundador de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) en Andalucía, y en aquella época era profesor universitario en Cádiz. “Nosotros [la LCR] decidimos no votar la Constitución. La principal razón fue la definición de la forma de Estado”, cuenta en conversación con elDiario.es. Su opinión sobre el pacto constitucional, asegura, ha sido siempre la misma: “¿De qué pacto estamos hablando? La Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna, a un trabajo remunerado, a un sueldo digno, y estos derechos no se están cumpliendo”. Por eso, “por la justicia, la libertad y los derechos humanos voy a seguir luchando hasta que me muera”.

Eladia, de 79 años, activista de los 'yayoflautas' de Madrid y voluntaria de la iglesia San Carlos Borromeo (Entrevías), sí participó en la consulta, aunque admite que votó “sí” porque en aquella época “no tenía ni idea de política”. Ahora dice arrepentirse y desea una nueva Constitución que se adapte a la “situación actual”, “pensando en los jóvenes” y poniendo el foco en un referéndum sobre la monarquía.

El próximo barómetro del CIS, en septiembre, volverá a preguntar por la institución después de cinco años sin hacerlo. El Gobierno justificó que el instituto que preside José Félix Tezanos no pregunte a los ciudadanos su opinión sobre la Corona porque no la incluyen entre sus principales problemas.

Debates ausentes en el 78, imprescindibles hoy

“Un Estado constitucional que se precie no puede relegar los derechos fundamentales a meras recomendaciones”, defiende Martín. En su opinión, la ausencia de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales han deteriorado la convivencia y polarizado el debate, ya que “al garantizar los servicios básicos la sociedad se hubiera mantenido más cohesionada”.

Según otra pregunta realizada periódicamente por el CIS, el “grado de satisfacción con la Constitución” cayó notablemente a partir de 2008, tras el estallido de la crisis económica. Cuatro años después, quienes decían sentirse “poco” o “nada satisfechos” superaban, con bastante diferencia, a quienes sí lo estaban. Un signo que el experto en historia del derecho considera “característico de los regímenes que están en crisis”. “Se produce una disociación entre el Estado 'oficial' y el Estado 'real'”, explica.

La profesora de la Carlos III Itziar Gómez aboga por reformar “la parte de los derechos fundamentales, muchos de ellos ya conseguidos, como el matrimonio igualitario, el divorcio, el aborto, la asistencia sanitaria universal, la educación o la conciliación. Constitucionalizar para no volver atrás (o hacerlo más difícil)”.

La experta en Derecho Constitucional subraya en su análisis la perspectiva de género: “También hay que dar una visión integrada a la Constitución para que las mujeres seamos ciudadanas visibles y nuestra identidad política sea reconocida”. Como ejemplos, Gómez cita la paridad en las listas electorales, el nombramiento de órganos constitucionales, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad salarial o la corresponsabilidad parental. “Porque todos esos temas no están presentes en el texto, porque el debate feminista de 1978 no estuvo presente en la discusión del texto constitucional y eso hoy es inconcebible”.

“¿Aprueba el Proyecto de Constitución?”

El 6 de diciembre de 1978 más de 26 millones de españoles fueron llamados a responder a esta pregunta. La participación fue alta, pero quizás menos de lo que se esperaba, según la hemeroteca de la época: la abstención alcanzó el 33%.

De quienes sí acudieron a los colegios electorales aquel día, más de 15,7 millones de personas votaron por el “sí”, frente al millón cuatrocientas mil personas que optaron por el “no”. Esos 15.706.078 votos a favor representaban casi el 92% de los votos emitidos, pero solo el 59% de toda la población convocada a las urnas ese día.

Así fue la votación del referéndum sobre la Constitución

Proporción del censo de 1978 que votó y que se abstuvo. Haz clic en las cajas para más información

Fuente: Ministerio del Interior

A la mañana siguiente, el diario El País titulaba su editorial 'Incompetencia y caos'. “Ayer miles de ciudadanos que han querido votar no han podido finalmente hacerlo, tras alguna pequeña odisea administrativa, peregrinación por colegios electorales y discusiones con presidentes de mesas”, narraba el periódico. “En realidad ayer se votó -increíblemente- sin un censo oficial y cerrado y en el contexto de un notable caos de listados en el que se han producido duplicidades, ausencia de bajas, injustificadas desapariciones de muchos votantes del 15 de junio y la desordenada incorporación al censo de los nuevos electores entre dieciocho y veintiún años”. El texto remataba afirmando que “En la noche del 6 de diciembre de 1978, tres horas más tarde de ser cerrados los colegios electorales, el eficiente equipo del Ministerio del Interior era incapaz de ofrecer datos fiables sobre el porcentaje de votación en el referéndum y ofrecía informaciones obviamente mutiladas a través de televisión”.