La izquierda reivindica gestión económica y avances sociales mientras la derecha lo fía todo a “desalojar al sanchismo”

No hay caravanas electorales como las de toda la vida ni siquiera mítines diarios y las pegadas de carteles al filo de la medianoche son ya recuerdos de las hemerotecas. Y sin embargo, sin toda esa parafernalia, este jueves arranca una campaña histórica. Cierto que el periodismo abusa del adjetivo, pero cómo calificar si no unas elecciones de las que penden dos carreras políticas: la de Pedro Sánchez, el presidente que llegó al Gobierno en 2018 para romper un ciclo de siete años del PP en la Moncloa tras la primera moción de censura exitosa en la democracia; y la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el salvador del PP que apenas lleva uno en el cargo, tras una década larga de mayorías absolutas en Galicia. Tras el 23J solo puede quedar uno y el que no gobierne sabe que tendrá imposible seguir al frente de su partido.

El PSOE se expone a regresar a 2016, a aquel fatídico comité federal que lo abrió en canal, sin un sucesor a la vista. Si Feijóo no alcanza la presidencia, los populares encarrilarían su tercera crisis en cinco años, tras la dimisión de Mariano Rajoy y el golpe organizado para hacer caer a su sustituto, Pablo Casado, el primer líder popular elegido en primarias que apenas duró tres años y medio en el puesto. Juanma Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso, entretanto, esperan acontecimientos desde la retaguardia de sus mayorías absolutas.

Para la izquierda a la izquierda del PSOE que se organizó a partir del 15M, ahora con Yolanda Díaz como líder de una coalición de 15 partidos en la que sigue Izquierda Unida y los restos de Podemos, la cita es todavía más crucial: dirime directamente su supervivencia tras saltar en tiempo récord desde las plazas al Consejo de Ministros.

Donde ya no hay incógnita posible es en Ciudadanos. Cuatro años después de que Albert Rivera soñase con un sorpasso al PP –y de entregarle todo el poder a municipal y autonómico a Pablo Casado a cambio de nada– el partido ni siquiera comparece a las elecciones. Su antiguo líder es un jubilado de la política con 43 años e Inés Arrimadas, con 42, también ha vuelto al sector privado. Buena parte de los cargos de ese partido que se definía como ni de derechas ni de izquierdas se han ido al PP, igual que la mayoría de los votantes, salvo aquellos que han optado por Vox.

Las formaciones independentistas en Catalunya miden sus fuerzas en horas bajas y se disputan el segundo puesto con el PP según el CEO, mientras que PNV y Bildu, los dos aliados vascos del Gobierno, pugnan por el liderazgo en Euskadi tras unas municipales muy reñidas.

Pero por encima de los partidos políticos, es el país el que se juega en los próximos 17 días si mete por primera vez a la extrema derecha en el Gobierno, si las soflamas negacionistas sobre la violencia machista o la emergencia climática o sus ataques a la inmigración encuentran dotación en los Presupuestos Generales del Estado y un nuevo altavoz en el Consejo de Ministros. Alberto Núñez Feijóo ha despejado públicamente esta semana una ecuación que, por lo demás, había resuelto sobradamente el PP, en la Comunitat Valenciana, en Extremadura y en un largo centenar de Ayuntamientos: si hace falta para que salgan los números, Vox tendrá ministerios, quién sabe si vicepresidencias.

Todo depende de los próximos 17 días y de una campaña anómala que en principio estaba fijada para noviembre. Siendo honestos, la campaña que arranca esta medianoche, la más importante de la historia reciente de España, ni siquiera empieza ahora. Será la continuación de la anterior para las municipales y autonómicas, que fueron la secuela de la que se celebró en Castilla y León, que sucedió a la de Madrid y aquella, a la de Andalucía. Porque la campaña de verdad arrancó en 2018 cuando la derecha (no solo la política, apunten aquí a medios de comunicación y algunos jueces) no aceptó la legitimidad del Gobierno salido de la moción de censura, ni siquiera tras revalidarse en las urnas con repetición electoral incluida. Desde entonces, en el Parlamento y fuera, a través de su imponentes altavoces mediáticos, han generado un ambiente irrespirable que ni siquiera dio tregua al Gobierno (ni al país) durante la peor pandemia en un siglo o la guerra de Ucrania. Los populares votaron contra varias prórrogas del Estado de alarma imprescindibles para frenar los contagios, arremetieron contra una campaña de vacunación que fue ejemplo en Europa y viajaron a Bruselas a poner en duda la credibilidad del país cuando estaban en juego 140.000 millones de euros de fondos comunitarios. Coherente con esa filosofía del no a todo, el PP, primero el de Casado y este último año el de Feijóo, incumplió su obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial durante una legislatura completa, lo que nunca antes había pasado, mientras sus portavoces y medios amigos llamaron “asalto al Poder Judicial” a las reformas del Gobierno para sortear el bloqueo.

Tras cinco años de guerra en todos los frentes contra el Gobierno, el del PSOE en solitario y después el de coalición, Partido Popular y Vox confían ahora en que el 23J sea la última estación para “derogar el sanchismo”, un concepto muy trabajado el último lustro para que el receptor del mensaje lo asocie a mentiras y traiciones diversas, cuando no a un amigo de etarras y/o violadores. La estrategia tuvo un éxito notable en los comicios de hace solo un mes y medio, hasta el punto de que el PP y su aparato mediático dieron por enterrado al Gobierno de coalición la misma noche del domingo 28 de mayo. Está por ver si ese guión resiste al frenesí de la política contemporánea, que devora tramas y personajes en cada temporada. El expresident de Catalunya Carles Puigdemont ofreció nueva munición a la derecha este miércoles: aseguró que “personas del PSOE” le habrían prometido el indulto si regresaba a España. No es la primera vez que defiende tesis parecidas, aunque en la versión anterior afirmó que lo que se le habría ofrecido es un “trato favorable”. El Gobierno de España lo desmintió entonces y ahora.

De entrada, la convocatoria anticipada de Sánchez a la mañana siguiente de su hecatombe electoral y las accidentadas negociaciones para conformar gobiernos autonómicos y municipales con Vox han cambiado el marco: el PP lidera todas las encuestas, incluida por primera vez la del CIS, pero la idea de que todo está cantado y no hay partido, que los populares trataron de instalar desde el 28M, se ha ido difuminando en las últimas semanas.

Dependerá entre otras cosas de la irrupción de Sumar –tras una negociación a 15 y contra el reloj– que es todavía un enigma, más allá de la buena valoración de Yolanda Díaz, que recorre España recordando su bagaje en el Ministerio de Trabajo. Movilizar a la izquierda que se quedó en casa en las elecciones de mayo es la misión de esos 15 partidos durante las dos próximas semanas: que la coalición se convierta en tercera fuerza o lo sea Vox puede decantar el Gobierno, sobre todo por el resultado en las provincias medianas que reparten cinco o seis diputados. No estará esta vez Pablo Iglesias –oficialmente ya, un analista político más–, ni Irene Montero, a quien Díaz borró de las listas para evitar que la campaña se centrase en la ley del 'solo sí es sí' y sus “efectos indeseados”, pero sí Ione Belarra y otros candidatos del espacio. Frente a la pugna bipartidista, Sumar busca una campaña propositiva que genere debates nuevos, el más llamativo, una herencia de 20.000 euros que los jóvenes recibirán a los 23 años para seguir formándose. La promesa que nace de una idea original de Thomas Piketty ha sido contestada por algunos sectores de la izquierda pero ha atraído la atención hacia Sumar, que horas antes había planteado la semana laboral de 32 horas. Díaz, que ha recuperado para la primera línea a dirigentes como Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, del primer Podemos, aspira que la coalición logre despegar en estas dos semanas, tras un arranque discreto.

Que la suma de PP y Vox no tiene garantizados los 176 escaños lo evidencian los llamamientos de Feijóo para que gobierne la lista más votada y sus apelaciones a los barones socialistas para que intervengan como en 2016 y apoyen un gobierno del PP (lo que su partido no hizo en 2019 ni en las generales ni en las autonómicas de Castilla y León, Madrid y Murcia, donde los socialistas fueron primera fuerza, o la semana pasada en Extremadura). Los que han levantado la voz ha sido para decir que no, mientras los medios más a la derecha pasean a Felipe González y Alfonso Guerra (vivimos tiempos convulsos) como ejemplos de socialistas que alientan la idea de dejar gobernar a Feijóo en minoría.

A diferencia de lo que sucedió en las municipales y autonómicas de hace un mes y medio, Sánchez se ha lanzado a desmontar algunos bulos lanzados por la derecha en los mismos platós y emisoras donde se multiplican y que no había pisado el presidente en toda la legislatura. La contraofensiva la inauguró otro expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, yendo a la Cope a desmentir que ETA siga viva y que los Gobiernos socialistas se hayan rendido ante ella. Si el 28M se votó pensando en Bildu incluso en ayuntamientos a centenares de kilómetros de Euskadi, la estrategia de la izquierda es dar a elegir a los votantes si prefieren una coalición entre Feijóo y Abascal o la ya conocida de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, preferida por la mayoría según esa parte de los sondeos que no ocupan titulares.

Con el país encabezando el crecimiento en Europa y batiendo récords de empleo que el PP prometía antes de la pandemia, Feijóo ha abandonado sus negros presagios económicos, que no respalda ningún organismo y ya solo porfía en pedir el voto para desalojar a Sánchez. Al presidente en persona, ni siquiera a sus políticas: el líder del PP ha defendido la continuidad de los impuestos a los bancos y a las eléctricas, del salario mínimo y la revisión de las pensiones e incluso ha llegado a defender la reforma laboral (que él mismo pidió derogar desde Galicia) como “sustancialmente buena”.

Lo que se vota el penúltimo domingo de julio es si frente a esa media España que quiere despedir a Sánchez hay otra mitad movilizada para defender al Gobierno de coalición. Si la gestión de la pandemia, de la crisis generada por la la primera guerra en Europa en décadas, o la pacificación de Catalunya compensan el castigo de una parte del electorado a medidas polémicas como los indultos a los presos del procés o las excarcelaciones, las rebajas de penas de la ley del solo sí es sí o los meros acuerdos con Bildu y ERC.

El ciclo electoral que acaba ha dado pistas abundantes de que las alertas antifascistas no funcionaron en ninguno de los comicios recientes, la incógnita es si la izquierda se moviliza ahora que algunas coaliciones con Vox han echado a andar y que las banderas arcoíris han desaparecido de los consistorios, se firman acuerdos donde se evita hablar de la violencia machista, se nombran toreros nostálgicos del franquismo como vicepresidentes, empiezan a desprogramarse obras de teatro y películas de animación que no pasan el filtro de la extrema derecha, mientras pandilleros disfrazados de empresarios pagan lonas que piden mandar a Sánchez y sus socios a Marruecos mientras ellos se instalan en La Moncloa.

No es la única extravagancia de una campaña donde la verdadera pugna se da en los programas de entretenimiento y ni siquiera los papeles están repartidos como de costumbre: a la vista de los resultados de mayo es Sánchez el que ejerce de aspirante frente a un Feijóo que se presenta ya como presidente y adopta una estrategia conservadora que le proteja de cometer errores. El líder del PP solo ha aceptado un debate cara a cara en Atresmedia, mientras su equipo trata de evitar el formato a cuatro que visualice los dos bloques y a su compañero de coalición, Abascal, aún a riesgo de que su atril quede vacío en la televisión pública.

En esa trama de papeles cambiados, ahora es la izquierda la que reivindica la gestión económica (por ahí arranca el programa de Sumar presentado este jueves mientras Sánchez y Calviño prometen una próxima legislatura de pleno empleo) y los avances sociales, frente a dos derechas, la de siempre y la extrema, que lo fían todo a desalojar a Sánchez, sin molestarse demasiado en presentar muchas más propuestas que rebajas generalizadas de impuestos sin demasiado detalle.

Desde el PP se repite que el ciclo político ha cambiado tras contar por victorias los últimos comicios en Madrid, Castilla y León y Andalucía, mientras la izquierda insiste en que si logra movilizar a los abstencionistas, habrá partido.

La letra pequeña de las encuestas dice que un tercio de los votantes toma su decisión en el último momento y que la campaña influye. Si eso fuese así, la diferencia de dos puntos que señalan algunos sondeos a favor del PP sobre el PSOE querrían decir las elecciones están abiertas. Pero incluso ese dato puede tener trampa: no son lo mismo los indecisos que quienes ocultan su voto a los encuestadores por la razón que sea: en las municipales y autonómicas acabaron siendo mayoritariamente votantes del PP. Quedan 17 días para resolverlo todo.

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