Un Poder Judicial dividido renuncia a llevar a Europa la reforma para desatascar la renovación del Constitucional

Un pleno del Consejo General del Poder Judicial dividido ha aprobado pedir al Congreso que pueda informar sobre la reforma que propone el PSOE para desatascar la renovación del Tribunal Constitucional, pero el grupo de vocales conservadores que impulsa la propuesta ha renunciado a llevar el caso ante la Comisión Europa, como pedían inicialmente, para facilitar el acuerdo. El acuerdo del pleno, que tiene el mandato caducado desde hace más de tres años, ha salido adelante por la mínima con 10 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones según ha sabido elDiario.es.

La primera propuesta incluía el acuerdo “dirigirnos a la Comisión Europea para informar sobre la referida proposición de Ley”, pero el acuerdo finalmente aprobado por la mínima pone en manos del Congreso que “recabe el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia)”.

El acuerdo es, en cualquier caso, crítico con el contenido de la reforma. Entienden que su justificación es “contradictora e incoherente” y trasladan también la “honda preocupación” que la sala de gobierno del Supremo ha puesto recientemente tanto por la falta de renovación como por “la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales” que según denuncia están creando una situación que “de continuar, será insostenible”. 

La iniciativa, que ha salido parcialmente adelante, partió de un grupo de nueve vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. Un grupo que propuso al pleno estudiar la posibilidad de reeditar el enfrentamiento que ya mantuvo con el ejecutivo central a cuenta de la reforma que les impidió seguir haciendo nombramientos mientras tuvieran el mandato caducado. El asunto iba a ser debatido en un pleno anterior pero tuvo que ser suspendido por el fallecimiento de Victoria Cinto, una de las vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Este grupo de vocales buscaba dos cosas: poder informar sobre la propuesta del PSOE para desbloquear el Constitucional y, si es necesario, llevar el caso y su petición hasta la Comisión Europea. Un rechazo similar al que ya mostró el Consejo cuando, en 2021, el Gobierno reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que pudieran seguir haciendo nombramientos en altas instancias judiciales con el mandato caducado desde diciembre de 2018.

Finalmente el acuerdo ha salido adelante por la mínima y en el término medio, y retirando esa parte que proponía llevar el caso de manera directa hasta la Comisión Europea si era necesario. Este grupo de vocales entiende que ya es previsible que las autoridades comunitarias exijan el cumplimiento de estándares europeos en su próximo informe sobre el estado de derecho, y entienden que no tendría sentido mantener esta petición.