El Poder Judicial en funciones estudia la denuncia de García Castellón por las críticas a su actuación judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha acordado este jueves admitir a trámite la solicitud de amparo formulada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en relación a las declaraciones de dos responsables políticos después de que intentara imputar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en plena negociación para la investidura. El CGPJ lleva en funciones casi cinco años por el bloqueo del Partido Popular a su renovación.  

En un escrito registrado el pasado lunes, el magistrado se refería concretamente a unas manifestaciones del secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, en una emisora de radio; y a otras de la portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, en una rueda de prensa. “No tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye (...). Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...”, afirmó el primero. Plaja, por su parte, señaló que “algunos, no todos [los jueces], buscan no solo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando”. 

Según García-Castellón, de las declaraciones de ambos cabe inferir la intención de influir en el procedimiento judicial, así como la de inquietarle o perturbarle en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, según una nota difundida por el CGPJ.

El acuerdo de la Permanente señala que “del relato de hechos reflejado en la solicitud de amparo efectuada, puede considerarse, en principio, que existe fundamento suficiente para admitir a trámite la petición”, por lo que acuerda admitirla y da un plazo de diez días al secretario de Estado de Justicia y a la portavoz de la Generalitat para que efectúen las alegaciones que estimen pertinentes. El asunto se someterá entonces de nuevo a la Comisión Permanente para la adopción de una resolución definitiva.

La Permanente es el núcleo de decisión y de mando del órgano de gobierno de los jueces y está formada por el presidente interino Vicente Guilarte y otros seis vocales: tres conservadores (Carmen Llombart, José Antonio Ballestero y María Ángeles Carmona) y tres progresistas (Pilar Sepúlveda, Mar Cabrejas y Roser Bach). Sólo han votado en contra Sepúlveda y Cabrejas. 

Esta última  ha justificado su voto en un escrito en el que explica que en su opinión no concurren los requisitos para la admisión a trámite: que las actuaciones de terceros referidas por el magistrado no solo lesionen el valor de la independencia judicial, sino que además influyan en el proceso de toma de decisiones judiciales. No obstante, ha propuesto que la Permanente adoptara una declaración en la que se pusiera de manifiesto que esas declaraciones “resultan inadmisibles y han de calificarse en los términos justos que se merecen: un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales que cuando proceden de responsables públicos y políticos adquieren perfiles de especial gravedad”.