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El juez dicta una orden de alejamiento contra el ultra que grabó el interior del domicilio de Iglesias y Montero

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero

Pedro Águeda

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Un juez de Collado Villalba (Madrid) ha dictado orden de alejamiento contra Miguel Frontera, uno de los protagonistas de las continuas protestas ante el domicilio de Pablo Iglesias e Irene Montero y que el 12 de julio pasado se encaramó a un sitio elevado para tomar imágenes del interior de la vivienda. Frontera no podrá acercarse a menos de 500 metros del vicepresidente segundo del Gobierno ni de la ministra de Igualdad y tampoco comunicarse con ellos directamente ni a través de terceros.

Miguel Frontera está investigado en el Juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Collado Villalba por cinco delitos: coacciones, acoso , desobediencia a agentes de la autoridad, injurias y revelación de secretos, éste último por las imágenes captadas en el interior de la casa donde residen Iglesias y Montero y sus tres hijos de corta edad. El juez Javier Carreño Sánchez advierte en su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, de que la medida de alejamiento estará vigente hasta que finalice la instrucción.

El magistrado ha adoptado este martes la medida después de haber tomado declaración en el día de ayer a Iglesias y a Montero y de que los guardias civiles que detuvieron al investigado ratificaran en sede judicial que el propio Frontera les había confesado haber tomado las imágenes con su teléfono móvil, en las que también aparecía el diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago.

“Los actos investigados no estarían amparados por el derecho de reunión o manifestación y ni por la libertad de expresión pues, en principio, nada tiene que ver con el ejercicio de tales derechos la realización de la grabación en el interior de una vivienda”, afirma el juez en el auto. El instructor recuerda que no lesiona ningún derecho de Frontera con la medida cautelar ya que éste reside en Brunete y no tiene ninguna vinculación laboral ni personal con Galapagar, la localidad de residencia de Iglesias y Montero. El magistrado incide en que Frontera ha realizado todos los hechos susceptibles de delito con conocimiento de que en el domicilio viven tres menores de edad.

El juez Carreño asegura que los hechos investigados se han producido desde el 15 de mayo de 2020 y hasta hace tan solo dos semanas. “Miguel Frontera Díaz se habría presentado de manera frecuente en la puerta del domicilio de Pablo Iglesias e Irene Montero profiriendo improperios, exhibiendo carteles con frases injuriosas, subiendo vídeos a Twitter y Youtube y realizando publicaciones en Facebook, con similar contenido, así como realizando una grabación el 12 de julio de 2020 con su teléfono móvil, al interior de dicho domicilio, y deambulando por las inmediaciones del mismo”, relata el juez en el auto.

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