El juez que exculpó a Vox pide que la Fiscalía se querelle contra los políticos que “descalifican” a magistrados

El magistrado en excedencia Eduardo de Urbano Castrillo, ponente del auto que consideró que no había delito en el cartel electoral de Vox sobre los menores no acompañados, propone que la Fiscalía actúe contra las “descalificaciones” a los magistrados aunque estén realizadas en el contexto de la crítica política sobre su falta de independencia. De Urbano, que también participó en la condena en primera instancia a la portavoz de Podemos Isa Serra, trabaja ahora en un despacho de abogados y ha concedido una entrevista a una web elaborada por policías nacionales.

El entrevistador pregunta a De Urbano por unas declaraciones de un político “que ha estado en el Ejecutivo hace poco” y que dijo “en una tertulia de máxima audiencia que los partidos aceptaban el nombramiento de algunos miembros aun a sabiendas de que eran corruptos”. Eduardo de Urbano responde: “Lo que yo defiendo –y siempre he defendido– es la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad ideológica, la libertad política hasta niveles máximos, porque es la esencia de la democracia y poder hablar, opinar libremente. Pero ese tipo de descalificaciones, ese tipo de comentarios, ya me recuerdan un poco al barro, eso ya no lo va a centrar (sic). Y quiero decir que probablemente la Fiscalía podría intervenir, ya que no así es (sic) más de un caso se vierten calificativos realmente inaceptables como es este caso que me está preguntando. Contra jueces y tribunales. Por entender que no gustan a algunos”.

El magistrado en excedencia no especifica por qué delito debería emprender acciones legales la Fiscalía en estos casos, ya que el de injurias y calumnias es un “delito privado” contra el que no se puede actuar de oficio y que necesita de la querella de quien entiende que se ha vulnerado su derecho al honor. La pregunta parece aludir a una intervención de Pablo Iglesias en la cadena Ser recientemente, ya fuera del Gobierno, sobre la elección de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional.

Antes de esa pregunta, el entrevistador de www.h50.es ha preguntado a De Urbano cómo puede ser que “un ciudadano lego en derecho” pueda llegar a convencerse de que “todo un señor juez” dicte sentencias por su ideología política y no en aplicación únicamente de la ley. De Urbano responde que aunque los jueces, como el resto de personas, tienen “lo que se denomina un recognition, es decir, un conocimiento previo, una valoración previa de la vida, una forma de enfocar los asuntos”, los magistrados y tribunales fallan “de acuerdo a la ley y a las pruebas del caso”. “Tengo que negar la mayor, los jueces no dictan sentencias en función de sus convicciones. Eso no es justo. Si fuera así, se estaría hablando de delitos de prevaricación, que los hay, pero muy pocos. Por cierto, casi todos en la vía administrativa; prevaricación administrativa; judicial casi ninguno”, añade el magistrado en excedencia. 

Eduardo de Urbano Castrillo fue el ponente del auto, que también firman los magistrados Valentín Sanz y Tanía García, por el que se rechazó el recurso de la Fiscalía por el cartel electoral del 4M en el que Vox se inventaba cuánto costaba a la Administración un menor migrante no acompañado y lo comparaba con la jubilación de algunas personas mayores. “El cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas [(sic), en referencia a los menores extranjeros no acompañados], en el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones en comparación con el sostenimiento de estos jóvenes”, escribió De Urbano. “Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio”, añadía.

El delito de odio que no apreciaba en el cartel de Vox sí se daba, según la sala que integró De Urbano, en un chiste en Twitter del cómico David Suárez sobre personas con síndrome de Down. El magistrado participó en el tribunal que corrigió la decisión del juez instructor de archivar la causa, lo que conllevó su reapertura, llegando finalmente a juicio. Suárez ha resultado absuelto del delito de odio del que se le acusaba.

“Dudosa” idoneidad de la fiscal general

Al entrevistador le interesa la opinión de Eduardo de Urbano Castrillo sobre Dolores Delgado y su nombramiento como fiscal general tras haber sido ministra de Justicia, algo que al policía le parece “difícil de entender teniendo en cuenta que el estatuto fiscal intenta proteger la autonomía de la carrera respecto del Gobierno que lo nombra”. El juez en excedencia contesta: “Aquí hemos tenido un fiscal general del Estado que fue anulado su nombramiento por no cumplir los requisitos; que yo creo que los cumple la actual fiscal general del Estado. Sin embargo, otro tema es la idoneidad para el puesto, pues efectivamente podría haberse nombrado de otra manera, a otra persona, quizá porque es dudoso que pueda ser la más idónea para el cargo. Pero más allá de que sea dudoso, se puede decir poco porque el nombramiento ha sido fiscalizado por el Tribunal Supremo”.

Más contundente es Eduardo de Urbano cuando se le pregunta por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsan, entre otros, los grupos parlamentarios de los dos partidos en el Gobierno. Al referirse a la modificación del artículo que da presunción de veracidad al acta policial con el que se va a proponer una sanción para exigir que la redacción del policía tenga “coherencia”, De Urbano asegura que no ve “necesario cambiar” la ley. 

“Yo condené a la Policía, pero por excesos policiales, por cometer el delito de lesiones, por materia de torturas. Pero ¿cuántos en mi vida profesional con miles de casos? Voy a contarlos con los dedos de una mano. En todos los colectivos pasan cosas, pero más allá de eso, no veo que sea necesario cambiar esa ley. La conozco bastante bien, pues sirve para retirar (sic) apoyo de las policías y facultades para su trabajo profesional, que es un beneficio para la ciudadanía”, añade.

Eduardo de Urbano es uno de los magistrados que firman la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Isa Serra a 19 meses de cárcel por unos enfrentamientos con la Policía que tuvieron lugar en 2014 durante un desahucio que un grupo de activistas, entre los que se encontraba la hoy dirigente de Podemos, intentó parar. La sentencia, luego ratificada por el Tribunal Supremo, se centró en las afirmaciones de los policías que declararon en el juicio. 

El juez también opina en la entrevista de otro aspecto de la reforma de la ley mordaza, que prepara el Congreso. Lo que más indigna a De Urbano es el referente a la supresión de la necesidad de convocar manifestaciones, previsto para situaciones extremas. “Es decir, que salimos aquí, salimos de esta estancia, estamos allá abajo. A lo mejor no podemos, no podemos seguir porque han decidido unos ciudadanos hacer una manifestación, ¿sin comunicarlo?, ¿y la ley lo quiere, quiere legalizar eso? Me parece un disparate único”, asegura en la entrevista.