Junts no cumple por ahora su amenaza y apoya la primera ley del Gobierno que se discute en el Congreso tras su anuncio de ruptura. Los independentistas catalanes han apoyado este martes emitir dictamen de la Ley de Atención al Cliente, el paso previo para su votación en Pleno. El texto, una iniciativa del ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy, había sido negociado durante meses entre los de Puigdemont y el Ejecutivo para incluir, entre otras medidas, que los consumidores de Catalunya, Euskadi y Galicia puedan ser atendidos en sus territorios en las lenguas cooficiales.
Con esta mayoría, la del bloque de la investidura, la ley tiene el camino allanado para ser aprobada en Pleno, ya a mediados de noviembre. Lo previsible es que los de Carles Puigdemont vuelvan a votar a favor de una ley que han trabajado durante varios meses en la fase de ponencia. “En este texto está la huella de Junts, con la protección del catalán en las enmiendas para que se pueda elegir en qué lengua quieren ser atendidos los clientes en función de dónde se encuentren”, defendió el diputado independentista Josep María Cruset.
Con 20 votos a favor (los de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Podemos), los 17 en contra de las derechas y ninguna abstención, la Comisión de Derechos Sociales y Consumo ha aprobado el informe de la ponencia del Proyecto de Ley de Atención a la Clientela con algún cambio de última hora. Por un lado, con el voto en contra del PSOE ha salido adelante una enmienda para prohibir las llamadas spam que no estén identificadas como tales.
Como parte de esa medida, en adelante las grandes empresas estarán obligadas a usar un prefijo para sus llamadas comerciales y las operadoras de telefonía tendrán que bloquear las llamadas que no usen ese prefijo. Las llamadas comerciales sin consentimiento quedarán prohibidas y los contratos que se cierren en estas llamadas quedarán anulados.
Aunque Junts ha votado a favor del informe de la ponencia, ha querido matizar el gesto al Gobierno con un acuerdo con el PP para algunas enmiendas y con el rechazo a varias de las pactadas por PSOE y Sumar, las fuerzas que componen el Ejecutivo. Junts, ERC y PP han acordado una enmienda transaccional para eximir de esa normativa sobre spam a las empresas comercializadoras de luz, gas y servicios electrónicos que no alcancen una cuota de mercado del 5%. El PP ha conseguido colar hasta 16 enmiendas en el conjunto del texto.
La Comisión también ha incorporado una enmienda de PSOE, Sumar y ERC para limitar la publicidad de las empresas del juego, con la ide ade que solo puedan emitir captaciones comerciales audiovisuales “en servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma, redes sociales, en acontecimientos deportivos, en carteles publicitarios ubicados en los eventos antecitados y cuyos resultados sean objeto de apuestas y en el desarrollo de los concursos televisivos”, como adelantó Demócrata. La idea es prohibir que las empresas puedan captar nuevos clientes mediante promociones.
Más allá de las enmiendas incorporadas, el proyecto del Ministerio de Bustinduy contiene un paquete ambicioso de leyes para mejorar la atención que prestan las empresas a los consumidores y garantizar sus derechos. La idea es establecer una serie de obligaciones mínimas y eliminar condiciones abusivas en algunos contratos. Por ejemplo, a las plataformas audiovisuales de pago, como Netflix, HBO, o Disney, se les obligará a informar con un mínimo de 15 días de la renovación de sus suscripciones.
La ley también garantizará que las empresas muestren el precio final del producto durante todo el proceso de compra para evitar que los gastos de gestión aparezcan únicamente al final.
Gestos contra el Gobierno
Junts ha querido dejar claro en diferentes momentos durante el pleno de esta semana que su apuesta contra el Gobierno va en serio. Fuentes del grupo parlamentario han señalado este miércoles tras la votación que han votado “en contra de todas las enmiendas del Gobierno español”, algunas de las cuales, han apuntado, “no han prosperado por insuficiencia de votos”.
Este martes, los siete diputados independentistas apoyaron al mismo tiempo algunas iniciativas del PP, aunque sin demasiada trascendencia legislativa. Por un lado, facilitaron la toma en consideración de una proposición de ley de los de Alberto Núñez Feijóo para que el nombramiento del responsable de protección de datos de la Fiscalía deje de estar en manos del fiscal general del Estado, aunque para que esta iniciativa prospere queda todo su camino parlamentario por delante.
También facilitaron este martes la aprobación de algunos puntos de una moción del PP sobre inmigración, entre ellos una petición al Ejecutivo para que promueva el retorno y la reunificación familiar de los menores mediante acuerdos de colaboración con los países de origen, tipificando penalmente el fraude de edad. También garantizar la determinación de edad en un máximo de 72 horas de aquellas personas que lleguen de forma irregular declarándose menores extranjeros no acompañados.
Al mismo tiempo, Junts se abstuvo el martes en las dos votaciones principales que llevaba el PSOE al Congreso. La primera, una toma en consideración de una ley sobre el buen uso de las zonas de estacionamiento para personas con discapacidad y la segunda, una proposición no de ley sobre el correcto uso de la palabra cáncer. Ambas iniciativas habrían salido sin los votos independentistas por la abstención y después el voto favorable del PP.