La jueza envía al Supremo el caso del magistrado del Constitucional al ver indicios de delito de violencia de género

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Majadahonda (Madrid) ha acordado enviar al Tribunal Supremo el caso derivado de la detención esta semana del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés por un presunto delito de “malos tratos en el ámbito familiar”. Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la magistrada, especializada en violencia sobre la mujer, ha elevado una exposición razonada al Supremo y le ha remitido el expediente del caso.

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo es la competente para conocer los hechos que dieron lugar al arresto de Valdés en la madrugada del martes dado que, al ser magistrado del Tribunal Constitucional, goza de aforamiento. “La exposición razonada se eleva a los efectos de la supuesta e indiciaria comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, recogido en artículo 153 del Código Penal”, precisan las fuentes del TSJM.

Valdés fue arrestado esta semana en su domicilio de Majadahonda (Madrid) y, tras declarar ante el juzgado, salió en libertad tras valorar la magistrada su estado de salud, su avanzada edad (75 años), la situación de alerta sanitaria por el coronavirus y su aforamiento.

Tras la noticia, que causó preocupación en el seno del Tribunal Constitucional y motivó que su presidente, Juan José González Rivas, interrumpiese sus vacaciones para viajar a Madrid, el tribunal de garantías lanzó un escueto comunicado en el que apelaba al “derecho fundamental a la presunción de inocencia” que ampara a Valdés. Informaba el TC de que había sido detenido por “la presunta comisión de un delito de violencia doméstica y de género” y que había quedado en libertad sin fianza.

Este magistrado llegó al TC en 2012 a propuesta del PSOE y concluyó su mandato hace unos ocho meses, por lo que su puesto está pendiente de renovación. Actualmente llevaba temas de peso en el tribunal como la ponencia de la sentencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, así como las que debían dar respuesta a los recursos contra la prisión permanente revisable y el estado de alarma.