El juez deja libre al secretario de Hacienda, con comparecencias semanales

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha dejado en libertad provisional al secretario de Hacienda y secretario general de adjunto de ERC, Lluís Salvadó, con la obligación de comparecer semanalmente.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el juez ha dejado libre a Salvadó, acusado de los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia por el referéndum del 1-O, después de que se haya acogido a su derecho a no declarar, como hizo cuando fue interrogado por la Guardia Civil tras su arresto.

La defensa del secretario de Hacienda ha planteado la recusación del juez de instrucción, que el pasado miércoles ordenó la operación policial por los preparativos del 1-O que se saldó con 14 detenidos, al cuestionar la imparcialidad del magistrado.

Por el momento, los cuatro detenidos que han pasado a disposición del juez -ante el que comparecen esposados, por protocolo policial según el magistrado- se han acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de la Fiscalía ni del propio instructor, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.

Tras comparecer ante el juez, han quedado libres con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado Rosa Maria Rodríguez Curto, directora de servicios de T-Systems, y Pep Masoliver, director del área de información de la fundación Punt.cat, ambos con la advertencia de que no participen en preparativos del 1-O.

También ha comparecido esta mañana ante el juez el responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Josuè Sallent, que como el resto de detenidos se ha negado a declarar.

Después de la declaración de Salvadó, ha pasado a disposición del juez el número dos del Departamento de Economía, Josep Maria Jové.

En relación con los preparativos del referéndum, el juez mantiene como investigados a una veintena de personas por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia.

En su causa, el magistrado investiga si el Govern ha gastado en los preparativos del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional los 6,2 millones de las dos partidas presupuestarias que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).