Mariano Rajoy, alias El Asturiano, tendrá su papel protagonista en el juicio de Kitchen

Lo bueno de contar con un nutrido grupo de comisarios para vigilar y cuidar los intereses del partido es que es raro que te lleves una sorpresa. No solo cuando están cometiendo los delitos en su caso, sino también, y esto es lo más importante, cuando se investigan. Son gente acostumbrada a enterrar los cadáveres en lugares donde no pueden ser encontrados. En sentido figurado, que no es que los hayan enterrado en el desierto que rodea Las Vegas.

El juicio de Kitchen inició el lunes las declaraciones de los testigos con la declaración del responsable de la investigación policial de la operación con la que el Ministerio de Interior intentó impedir que el caso Bárcenas dañara al PP. Se trataba del inspector jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga. No hubo ninguna gran revelación, pero sí la confirmación de hechos que tienen un valor superior cuando se hacen ante un tribunal que cuando la gente los lee en los medios de comunicación.

Pocas frases más relevantes de esa investigación que un audio grabado por José Manuel Villarejo, el hombre que grababa a todo el mundo, de una conversación que tuvo con el comisario Enrique García Castaño. El primero le dice al segundo que el objetivo es encontrar “los papeles que pudieran comprometer al presidente”, según explicó Fraga al tribunal. Ellos mismos estaban revelando sus verdaderas intenciones y desde luego ni se planteaban revelar esas pruebas a un tribunal.

El inspector confirmó el contenido de los informes policiales que desvelaron conversaciones entre los acusados. Por eso, pudo confirmar que los sospechosos se referían a Mariano Rajoy con el alias de El Asturiano o El Barbas. El testigo mencionó una conversación de Villarejo con el abogado Javier Iglesias –vinculado al PP y apodado El Largo, esta banda contaba con muchos alias– en la que le pedía que hiciera algo de presión sobre El Asturiano para que solucionara un conflicto interno en la Policía.

“Mandó mensaje a Raj” es otra anotación hecha por Villarejo en una evidente referencia a Rajoy.

La primera cita sobre El Asturiano se refiere a alguien con capacidad para cesar a altos cargos de la Policía, por ejemplo al jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Rajoy no era el único que podía decidir ese cese. Una conversación de Villarejo con Ana Rosa Quintana dio otra pista. El comisario resumió a la presentadora de Telecinco en qué había consistido la Operación Kitchen y le contó que El Asturiano era el mote que utilizaban para Rajoy.

Entre los indicios que han llevado a este juicio están los informes redactados por el inspector Fraga, en los que los audios de Villarejo indican que la operación policial contra Bárcenas, ocultada a los jueces, fue coordinada por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, 'número dos' del Ministerio, “con conocimiento de El Asturiano y de El Largo”.

La instrucción realizada por el juez García Castellón en la Audiencia Nacional ni siquiera llamó a declarar como testigo a Rajoy a pesar de estos indicios y de las frecuentes referencias al entonces presidente del Gobierno hechas por los miembros de la trama. En el juicio, Rajoy sí tendrá que comparecer como testigo el 23 de abril con la obligación de declarar la verdad. Por tanto, no debería soltar frases tan falsas como “no hay ningún tribunal que haya afirmado que hubiera una caja B del PP”, lo que dijo en la comisión de investigación de Kitchen en el Congreso.

El inspector jefe tuvo la oportunidad de confirmar varios hechos aparecidos en los informes de Asuntos Internos sobre Sergio Ríos, uno de los personajes tan estrafalarios como peligrosos que protagonizan el juicio. Ríos disfruta del tipo de currículum que podía interesar a Villarejo para los negocios sucios. Por eso, fue colocado como chófer de la familia Bárcenas con el fin de contar con un topo que pudiera facilitar información sobre el tesorero del PP y hacerse con documentos molestos para el partido.

El pasado de Ríos es de nota. Fue portero de prostíbulo y esa experiencia le debió de valer después para hacer de guardia de seguridad de la Ciudad de la Justicia, el proyecto malogrado de Esperanza Aguirre para levantar numerosos edificios para la Administración de Justicia que solo pudo construir uno. A partir de ahí, demostró su valor para el PP. Fue chófer del vicepresidente madrileño Francisco Granados, que acabó en prisión preventiva por un caso de corrupción.

La trama de Kitchen lo enroló para la causa. Sea por lo del prostíbulo, el tiempo que pasó como segurata privado o por las películas que vio de pequeño, Ríos quería entrar en la Policía, lo que a su edad le quedaba un poco lejos. Pero había que complacerle para que cumpliera su misión de espía en la familia Bárcenas. Por eso, los de Kitchen lo metieron en la Policía sin importarles sus malas notas en los exámenes de acceso. Entre ellos, se contaron que así lo tendrían más controlado. “Dicen que meten a Ríos en la Policía Nacional para tenerlo trincado”, explicó el inspector de Asuntos Internos en el juicio.

El inspector también confirmó que entre los favores concedidos a Ríos estaba uno muy singular. El nivel de impunidad con el que se manejaban Villarejo y otros mandos policiales llegaba al punto de que le entregaron un arma a Ríos sin que se sepa muy bien para qué la necesitaba. Y no es que le buscaran un revólver de calibre reducido. Adquirieron una pistola Glock por 700 euros en una armería de Madrid y le dieron la correspondiente licencia de armas.

Ríos cobró 44.000 euros entre 2013 y 2015 de los fondos reservados en todo el tiempo que trabajó para la trama de Kitchen. El fiscal pide para él más de ocho años de prisión.

El juicio ofrece un contraste llamativo con las acusaciones habituales del Partido Popular a Pedro Sánchez de querer interferir en el funcionamiento de la justicia con el fin de favorecer a su esposa y a su hermano. Eso es exactamente lo que intentaron hacer los miembros de la cúpula policial cuando pretendían localizar “los papeles” de Bárcenas que perjudicaban a Rajoy.

Kitchen es un caso de corrupción política por la red de espionaje montada en beneficio del PP. También es un caso de corrupción económica por el presunto uso ilegal de los fondos reservados. Aunque algunos hayan llamado “policía patriótica” a este grupo de políticos y policías, es probable que su única patria sea la del dinero.