El espíritu de Marine Le Pen se ha encarnado en Junts

La gente pensaba que la política española había recibido con Vox la dosis suficiente de xenofobia que le correspondía en Europa. A eso había que unir la capacidad de la extrema derecha de influir en el Partido Popular. Y hasta ahí. No pensaba que en Catalunya un partido entero como Junts iba a coger la antorcha que había enarbolado antes en solitario Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Aún menos que el Gobierno de Pedro Sánchez estuviera dispuesto a entregar algunas competencias sobre inmigración a gente que la relacionaba con la criminalidad.

Demasiadas novedades al mismo tiempo. Tenía que haber algún engaño de por medio. No era extraño estando Junts en la jugada. Parte de la historia era pura invención, propiciada por Junts y recibida con satisfacción por el PP. La otra es muy real. El partido independentista no se está limitando a trolear a todos los demás, aunque no desaproveche ninguna oportunidad de humillar a su antiguo socio, Esquerra. Ha asumido el discurso más ultra, por lo demás nada desconocido en Europa. “La nación está en juego”, dijo el sábado Jordi Turull, secretario general de Junts. Marine Le Pen habría aprobado ese mensaje.

Pedro Sánchez pinchó el lunes el globo montado desde que se supo el 10 de enero que los socialistas se habían comprometido a ceder algunas competencias sobre inmigración a la Generalitat a instancias de Junts y a cambio de su abstención en la votación de tres decretos y el techo de gasto. “Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular está residenciado en la Administración general del Estado”, dijo en RNE.

Un mensaje parecido se le escuchó en una entrevista en El País el día anterior, pero con el agravante de que los periodistas le tuvieron que hacer ocho preguntas seguidas hasta recibir una respuesta clara a la pregunta de si el Gobierno catalán podría expulsar a inmigrantes irregulares. Con una tendría que haber servido.

No fue eso lo que dijo Turull la semana pasada, cuando estaba tan crecido que daba por hecho que la llave de las expulsiones iba a estar en Barcelona. “Si se expulsa o no a multirreincidentes es algo que debe poder decidirse desde Catalunya. Ningún alcalde está contento de tener gente que reincida 200 veces”, afirmó un día después del accidentado pleno celebrado en el Senado.

Toda esa confusión que el PSOE no quiso aclarar inicialmente dio cancha al Partido Popular para echar a volar su imaginación. Alberto Núñez Feijóo sugirió que la Policía Nacional iba a desaparecer de las fronteras. La deducción era falsa, pero en este caso poco se puede reprochar al PP si no había una explicación clara sobre lo que se había pactado.

Lo más irreal era la afirmación de Junts de que todo se solucionaría si se empezaba a expulsar a delincuentes de origen extranjero. Como si fuera tan sencillo. No lo es para los gobiernos de España, Francia o Alemania. La devolución de los extranjeros en situación irregular o a los que se ha denegado el asilo político siempre ha sido un problema en Europa, básicamente porque los gobiernos africanos o asiáticos raramente están interesados en aceptar esa recepción. Sólo una quinta parte de las 400.000 repatriaciones anuales ordenadas desde países de la UE termina llevándose a cabo.

En realidad, no es el número de devoluciones lo que tiene en mente Junts, ignorando además el papel de los jueces en esas decisiones. Esquerra sabe que está en su punto de mira. Por eso, Oriol Junqueras se apresuró a marcar límites al partido de Puigdemont: “Abrazar los discursos de la extrema derecha que criminalizan a las personas migrantes, lejos de resolver las situaciones de pobreza y exclusión, pone en riesgo la cohesión social, un país compartido por todos y su incorporación al proyecto nacional”.

No es posible establecer la intención de las exigencias de Junts al Gobierno de coalición sin prestar atención a sus relaciones de odio fraternal con Esquerra. Estos días, Turull ha calificado al Govern en manos de Esquerra de “agotado, resignado y acabado”. Sólo le ha faltado decir que Aragonès es mucho más bajito que él.

¿Estos dos partidos que se desprecian cordialmente son una amenaza a la integridad del Estado?

El lunes, Turull reconoció que prácticamente todo está por negociar y que depende de la ley orgánica que se lleve al Congreso para saber las competencias exactas que pueda recibir el Gobierno catalán, que, según Junts, ojalá fueran todas. Aunque ERC tenga que pasar por el aro y votar a favor, es poco probable que Sumar lo haga.

“Lo que vivimos el miércoles pasado creemos que no se puede repetir”, dijo Ernest Urtasun. Un partido como Sumar no puede votar a favor de que se entreguen competencias cuando la intención última es expulsar a más inmigrantes y “alentar discursos xenófobos que deberían estar fuera de nuestro país”, en palabras de su portavoz.

El secretario general de Junts ha lanzado declaraciones que podrían haber sido pronunciadas por dirigentes de Vox. Avisar que “no se acomplejarán” por las críticas y acusaciones de xenofobia, algo que Santiago Abascal ha dicho más de una vez. Relacionar la inmigración con la delincuencia y afirmar que “no actuar contra los delincuentes multirreincidentes” es lo que pone en peligro la convivencia. “Vamos de cara y lo afrontaremos digan lo que nos digan”: por esa frase, casi debería pagar 'royalties' a Vox.

Todo el ruido hecho hace pensar que esa transferencia de competencias quedará en nada. ¿Será un fracaso para Junts? No necesariamente. Le servirá de munición contra Esquerra con el mismo argumentario con el que Le Pen y Meloni plantearon sus campañas electorales en Francia e Italia. Aspira a superar al otro partido en las próximas elecciones catalanas a las que querrá presentar a Puigdemont de cabeza de lista. La nación volverá a estar en peligro si no gana Junts, dirán.

No es extraño que sólo el 5% de los catalanes crea que la independencia de Catalunya pueda ser una realidad en el futuro.