Ayuso y su cómico intento de encubrimiento de un delito fiscal

“Las cosas que hago por amor”, decía Jamie Lannister cuando arrojaba a un niño desde una torre hacia lo que él creía una muerte segura. Lo mismo podría decir Isabel Díaz Ayuso. Las cosas que tengo que hacer por amor. La lista no es pequeña. Negar la existencia de un delito fiscal de su novio. Acusar a la Agencia Tributaria de realizar una inspección fiscal “salvaje” a Alberto González Amador. Denunciar una conspiración de los fiscales a las órdenes de Moncloa. Difamar a los periodistas de elDiario.es y El País que intentaban confirmar la existencia de obras no autorizadas en el piso que ambos comparten.

La megapresidenta de Madrid hizo todas estas afirmaciones cuando ya tenía que saber que su novio había reconocido a través de su abogado en febrero la existencia de dos delitos fiscales. Desde este martes, sabemos que también había propuesto a la Fiscalía aceptar una pena de ocho meses de prisión. El injustamente acusado comisionista, según la versión de Ayuso, ya había reconocido ser un delincuente. Quizá hasta un delincuente arrepentido, pero un delincuente. 

“El trato que se le está dando no es normal”, dijo en su primer comentario público sobre la noticia, adelantada en exclusiva por elDiario.es. Lo que no era normal es que Amador hubiera presentado facturas falsas para justificar ante Hacienda que sus beneficios eran mucho menores de los reales. Quizá esa práctica sea habitual en ciertos ambientes, pero si te pillan, la Agencia Tributaria te toma la matrícula y, si es necesario, pone el caso en manos de la Fiscalía. 

Había otro elemento que quedaba desvelado con esas informaciones. González Amador no era precisamente un genio del crimen. La primera impresión sobre el intento de no pagar lo que debía es que esas facturas, situadas en lejanos países extranjeros, no podían colar a nada que Hacienda les echara un vistazo. Además, cuando la diferencia entre ingresos y beneficios netos es anormalmente grande saltan los avisos automáticos para que el personal de la agencia examine en detalle esos números.

Ese día, Díaz Ayuso podría haberse puesto de perfil. A ella no la habían atrapado con nada. No era su declaración de la renta la que había sido investigada tras levantar sospechas. Incluso el hecho de que compartiera vivienda con el defraudador, siendo un asunto personalmente incómodo, no significaba que ella hubiera cometido una acción impropia de su cargo.

Pero, al igual que durante la pandemia y convenientemente asesorada por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, decidió ir al ataque. Es su respuesta favorita. La segunda más utilizada es la de presentarse como víctima de las oscuras maniobras de sus enemigos. Le había funcionado antes si hay que guiarse por los resultados de las dos últimas elecciones.

Sólo necesitaba que Rodríguez agarrara el móvil y empezara a hacer lo que siempre se ha esperado de él en política. Amenazas a los periodistas que se atreven a contar lo que él quiere que se mantenga oculto y avisos a los medios de comunicación favorecidos por Ayuso con la publicidad institucional para que escriban la versión que le interesa a él y a su jefa.

En su segundo embiste, Ayuso ya fue con todo. En una rueda de prensa en Leganés, denunció que “todo el poder del Estado” se había movilizado contra su novio. Qué duelo más desigual. Dio la vuelta al delito y extendió a Amador su condición de víctima. No debía dinero a Hacienda, sino que Hacienda le debía dinero a él. Hasta se atrevió a dar la cifra de la falsa deuda: 600.000 euros nada menos. Y eso que ese mismo día ya se sabía que era dueño de un Maserati de 80.000 euros. Por las multas que debía al Ayuntamiento, se veía que al hombre le costaba pagar las deudas.

Las mentiras se sucedieron una tras otra. “Estoy sorprendida cuando el afectado no sabe nada y los datos son filtrados en las redacciones”, dijo. No es que el afectado estuviera enterado de sus problemas fiscales. Es que ya había reconocido el 8 de febrero, más de un mes antes de esa rueda de prensa, que había cometido dos delitos.

Mientras todo fuera legal, explicaba a los periodistas, “soy libre de subirme en ese coche o de meterme en esa cama”. Indudablemente. Podía meterse en esa cama y hacer en ella todo lo que quisiera. Incluso si su novio, como había ocurrido, hubiera defraudado a Hacienda. La responsabilidad penal no se contagia como la gripe. ¿Era necesario que sacara a colación el tema de la cama?

Rodríguez ya estaba en marcha. Consiguió que El Mundo publicara una noticia falsa, que había sido la Fiscalía la que había propuesto un acuerdo y que luego se había echado atrás por presiones de sus superiores. Siempre es más fácil cuando tienes un periódico que convierte tus falsedades en noticias.

En una rueda de prensa unos días después, Ayuso intentó restar importancia a los hechos probados descritos por este medio y otros. Sostuvo que se trataba de la “estrategia de defensa de un particular”. Un particular cuya estrategia de defensa pública estaba dirigida por el Gobierno madrileño, en concreto por su jefe de gabinete, que obviamente recibe un generoso salario público por un trabajo a jornada completa para la Administración autonómica.

En ese momento, Alberto Núñez Feijóo no pudo resistir la presión que le llegaba de Ayuso y se unió al equipo de defensa de la presidenta y de su pareja. Le parecía que era “absolutamente machista” lo que estaba pasando con ella. Simone de Beauvoir no lo hubiera explicado mejor.

Fue la rueda de prensa en la que Ayuso desnudó sus intenciones. No le bastaba cargar contra el sanchismo. Tenía que ir contra los periodistas que estaban informando del caso. “Es que me pincho y no sangro con la pregunta”, dijo. Eso fue, digamos, anecdótico comparado con lo que vino después.

En la Asamblea de Madrid, utilizó la sesión de control para lanzar graves acusaciones contra los periodistas de los que dijo que estaban acosando a sus vecinos, “incluso a menores”. Su Gobierno estaba totalmente alistado para la causa. El consejero de Presidencia afirmó que se estaba atacando “el derecho a la intimidad y la privacidad” de la presidenta. Eso es un delito, pero nadie se había atrevido a presentar una querella contra los medios de comunicación.

Todo eso en el día en que la Asamblea aprobó una declaración institucional en defensa de la libertad de expresión. Era la muerte de la ironía.

La reacción que se produjo estaba más en la línea de la trayectoria de Rodríguez. Llamó a los medios amigos para hacerles saber lo que debían publicar y difundió fotos de dos periodistas de El País en la calle donde se encuentra la vivienda de la pareja. En un intento de hacer el trabajo más fácil a la prensa, recopiló todas sus mentiras en una entrevista en El Mundo. No menos de seis mentiras.

Este martes, se supo el dato de que Amador aceptó una pena de ocho meses de prisión cuando admitió los delitos. No es la decisión que tomaría alguien convencido de su inocencia, sino la respuesta de una persona que sabe que ha cometido ilegalidades y que es consciente de que no puede salvarse sin pagar lo que debe, abonar el recargo correspondiente y aceptar una pena de cárcel lo más reducida posible.

¿Cuál fue la respuesta de Rodríguez a las pocas horas? Afirmar que cree que el fiscal general acabará en la cárcel. “La cacería de Sánchez contra Díaz Ayuso les va mal. España no es Venezuela”, escribió, se supone que plenamente consciente de sus actos.

Ahí no le falta razón. España no es Venezuela. Si unos periodistas publicaran allí que la pareja de un alto cargo gubernamental tan importante como lo es Ayuso en Madrid es el autor de un delito, tendrían que pensarse cambiar de profesión o puede que hasta abandonar el país.

Por mucho que le duela a Rodríguez, eso no va a pasar aquí.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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