El mejor alcalde del Madrid de los pijos con velero y Ferrari

El juez Adolfo Carretero se quedó perplejo en varias ocasiones durante su interrogatorio del lunes a Luis Medina y Alberto Luceño, los tipos que le levantaron cinco millones al Ayuntamiento de Madrid por la venta de un material sanitario que ha dejado en evidencia a José Luis Martínez-Almeida. “Le dio Medina el teléfono nada más y nada menos que de la coordinadora de recursos (Elena Collado, mano derecha del alcalde). No le dio el de la ventanilla, ¿no?”. El juez no pudo dejar de preguntar: “¿Esto cree usted que es normal? ¿Cree que cualquiera podía llamar a esta señora?”.

Sin necesidad de abonar ninguna cantidad, Carretero está recibiendo un cursillo acelerado de una materia bien conocida en la capital: cómo se hacen negocios en Madrid, la gran Corte de los milagros obra de emprendedores, sinvergüenzas y atrapacomisiones, esos a los que Alberto Núñez Feijóo llamaba “pillos”, no con mucho ánimo peyorativo.

Carretero lleva treinta años de juez instructor y aún no se ha enterado de cómo funciona esta fauna depredadora y cómo se les abren algunas puertas en este paraíso del 10%, porcentaje mucho mayor en el caso que nos ocupa. El número de teléfono de un familiar de Almeida vale oro en barras. Eso te permite contactar con una alto cargo del Ayuntamiento, que esta sepa cómo has llegado hasta ella, y a partir de ese momento todo va como la seda.

“¿Y por qué tiene que atenderle este señor a usted? Es que no lo entiendo”, insistía el juez. A ver, señor juez, Madrid, freedom, comisiones, libertad. Está claro, ¿no? ¿No será usted comunista?

Si el magistrado hubiera estado presente en el pleno extraordinario del Ayuntamiento para debatir el escándalo, más que perplejo, se habría vuelto loco. Hagamos una breve lista de algunos temas con los que salió Almeida a responder a las acusaciones. Manifestación feminista del 8M en 2020. El número de muertos en la pandemia. Dos exconcejales de Ahora Madrid que van a juicio por otro tema. Salvador Illa. Ada Colau. Mónica Oltra. A quien no mencionó fue a Alberto Luceño, el cerebro de la presunta estafa a la institución que preside. Tampoco habló de ETA, quizá por descuido.

Pero sobre lo demás tenía opiniones rotundas: “Lo que es inmoral es que las ministras fueran con guantes a la manifestación del 8M”. Ese es un bulo que adoptó el PP, empezando por su líder de entonces, Pablo Casado, para dar a entender que hubo una gran conspiración del Gobierno para conseguir que los españoles se contagiaran, pero no las ministras. Ya sabemos que a los gobiernos les viene genial en las urnas cuando se dedican a matar a los votantes.

Almeida se encontraba en una situación apurada en la que, para ciertos políticos, está justificado pegar a una anciana con una barra de hierro con tal de salir indemne de la pelea.

El alcalde utilizó sin límites el método Alfonso Guerra. Cuando el vicepresidente socialista tuvo que comparecer en el Congreso en 1990 para dar cuentas de las acusaciones de corrupción contra su hermano por los privilegios de que gozaba en Sevilla, se dedicó a atizar a todos sus adversarios reprochándoles supuestos negocios inconfesables de sus familiares. El guerrismo en toda su gloria. Almeida se aplicó con gusto como buen alumno a manejar el ventilador en todas las direcciones.

El nudo de su defensa consistió en dar la vuelta a todo el asunto. La oferta promovida por Medina & Luceño aparentaba ser la mejor: “Esta empresa garantizaba material de calidad y que llegaría en veinte días”. Eso no se paga con dinero (en realidad, sí, con mucho dinero). El Ayuntamiento no pagó a la pareja de comisionistas, sino que lo hizo la empresa que envío el material sanitario, dijo. Según la versión ofrecida por Medina al juez, esas comisiones gigantescas se pactaron después de informar al Ayuntamiento del precio inflado de guantes, mascarillas y test.

Esa explicación no suena muy creíble. Es indudable que se pagaron cantidades alejadas de toda lógica y muy superiores a las que abonarían las demás administraciones en esos meses. Ante tal facilidad para llevarse varios millones, la pareja debería haber sido más ambiciosa y haber intentado vender al alcalde la Puerta de Alcalá.

La oposición no compró el argumento de que China era “un zoco” donde era imposible encontrar material al precio adecuado. Ese no es un argumento ridículo. El problema es que los grandes beneficiarios en este caso no son empresas asiáticas que se beneficiaron de las necesidades creadas por la pandemia, sino un par de avispados caraduras con domicilio fiscal en Madrid. “Más de la mitad del precio de las mascarillas no se decidía en China, sino en un pisazo del barrio de Salamanca”, acusó Rita Maestre.

La negligencia continuó después de la venta, sólo reducida al alertar de que los guantes entregados no eran los que se habían pagado. El alcalde quedó encantado por el placer del trabajo bien hecho. Como dijo el concejal Luis Cueto, “de no ser por los bancos, por la fiscalía, por el servicio de blanqueo de capitales, ustedes no habrían hecho nada”. Ahora parece inaudito que un negocio así pudiera colar. Sus promotores pensaban que tenían todas las cartas a su favor. Así se hacen negocios en Madrid. Por eso, Luceño hasta pedía que le dieran “una medallita civil”. Por las molestias.

Esta es una historia en que Almeida se ha presentado desde el primer momento como víctima. En primer lugar, la Fiscalía Anticorrupción no le ha acusado ni a él ni a ningún alto cargo del Ayuntamiento. Eso por la responsabilidad penal. Por la parte de la responsabilidad política, tampoco hay muchas ganas de admitir nada. Todo lo contrario.

Quien mejor definió esa actitud fue la vicealcaldesa Begoña Villacís, que se refirió así a las mascarillas que se compraron con independencia de su precio: “¿Cuántas vidas hemos salvado? ¿Por qué nadie está hablando de todas las vidas que hemos salvado?”.

Hay que suponer que Villacís no estaba pidiendo una comisión a cambio de sus extraordinarios méritos. Quizá se conforme con una medallita civil.