En concreto, PSOE y Unidas Podemos han unido sus votos para rechazar los dos escritos presentados por el PP y Ciudadanos solicitando que se revisaran los juramentos y promesas que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, validó en cuanto se produjeron, una decisión que también fue cuestionada por Vox.
Nada más finalizar la sesión constitutiva, PP, Cs y Vox ya intentaron sin éxito que Batet revisara su decisión, pero ella insistió en que no hizo otra cosa que aplicar el Reglamento y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ante esta negativa, los de Pablo Casado y Albert Rivera recurrieron formalmente ante la propia Mesa.
Como establece el Reglamento, el órgano de gobierno se ha reafirmado en su decisión de no atender las peticiones de estos tres partidos tras escuchar a la Junta de Portavoces, donde el pasado 12 de junio PP, Ciudadanos y Vox se quedaron solos en defensa de su postura.
Y además, lo han hecho después de que la Junta Electoral Central, que ya había avisado de que sólo podría reputar como válidas aquellas fórmulas que “expresamente” manifestasen “la voluntad incondicionada de acatar la Constitución”, avalase las utilizadas el pasado lunes por los eurodiputados que no se limitaron al “sí, juro” o “sí, prometo”.
POR LA REPÚBLICA Y LOS PRESOS
En concreto, la JEC no puso peros a los eurodiputados electos de Ahora Repúblicas, la coalición que lideró Oriol Junqueras y que unió a ERC, Bildu y BNG, que prometieron “por imperativo legal”, por “la república”, “por el derecho a la autodeterminación” y “por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados”.
El organismo arbitral también avaló las 'coletillas' añadidas por los electos de Unidas Podemos que prometieron trabajar “por la lucha feminista”, “las clases populares”, los “principios republicanos”, “los Derechos Humanos” o “el socialismo”.
Según han informado fuentes parlamentarias, con este precedente sobre la mesa, la mayoría del órgano rector ha rechazado la pretensión de PP y Cs de invalidar los acatamientos que cuestionan. De momento, los 'populares' ya han anticipado su intención de llevar al Tribunal Constitucional la negativa de la Mesa a revisar su decisión de validar los acatamientos, un paso que también valorará Ciudadanos.
El Tribunal Constitucional ya fijó doctrina en 1990 cuando validó la promesa del cargo “por imperativo legal” que empezaron a utilizar los parlamentarios de Herri Batasuna y que, en aquel momento, no fue aceptada por el presidente del Congreso de 1989, el socialista Félix Pons.