Las constructoras y los bancos que controlaban las nueve autopistas de peaje quebradas y 'rescatadas' por el Estado están presentando una 'cascada' de recursos ante el Tribunal Supremo en contra de la fórmula que el Gobierno ha fijado para calcular la 'factura' que estas vías supondrán para las arcas públicas. En virtud de dicho sistema de cálculo, aprobado el pasado mes de abril, el Ejecutivo estableció que este importe no podrá superar los 3.305 millones de euros.
Desde su aprobación en abril y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en mayo, las exconcesionarias de estas vías han venido presentando ante el Alto Tribunal sus respectivos recursos contra esta estimación.